Venezuela en la ONU, por Miguel Pizarro
El año 2019 fue un año de retos y demostración de resiliencia frente a la adversidad que nos permitió reconstruir, en buena medida, la fuerza ciudadana y presión internacional necesaria para luchar por la libertad y la democracia de Venezuela. Desde septiembre, asumí con compromiso y responsabilidad el nombramiento otorgado por el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional (AN) como Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto a una delegación que, como yo, ha afrontado la tarea de ser la voz de mis conciudadanos.
Nuestro rol como Comisionado frente a la ONU es el de caracterizar, visibilizar, denunciar y movilizar presión contra el régimen de Nicolás Maduro, dentro y fuera del país, aún cuando sabemos que una resolución, un informe o una actualización no resuelve la crisis que hoy estamos atravesando, lo cual solo será posible cuando haya un cambio político en nuestro país.
Hace 18 meses, Venezuela era -en teoría- un ejemplo de inclusión infantil en sistemas escolares, superación de pobreza, alimentación dentro de Naciones Unidas. Nos premiaba la FAO, nos colocaban como ejemplo de reivindicación de pueblos originarios y de derrota al racismo y al clasismo y, hasta hace pocos meses, la ONU utilizaba a Venezuela y su modelo, como pauta a seguir en otros países.
Que esa misma instancia hoy reconozca la Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis migratoria, la condición de refugiados para los venezolanos; que el Consejo de Derechos Humanos, aún con su composición, adopte resoluciones como la del mes de septiembre de 2019 demuestra como este espacio, el último reducto de diplomacia que le queda al régimen, se va cerrando.
Hoy, Venezuela protagoniza un informe y dos actualizaciones realizadas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en los cuales se comprueba la violación constante de los derechos económicos y sociales, la retaliación política, el uso parcializado y la manipulación de fuerzas de seguridad del Estado, el asedio a zonas indígenas -incluyendo la militarización y asesinatos a manos de las autoridades-, la Emergencia Humanitaria Compleja, la violación de la libertad de expresión, el bajo poder adquisitivo y la explotación ilegal, promovida por el régimen, del Arco Minero.
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Algunas de las cifras que presentó este informe evidenciaron que 11.9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda y 32.6% tienen retardo en el crecimiento. Asimismo, cita a la Encuesta Nacional de Hospitales (2019) que constató, que entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales. En el caso de manipulación de las fuerzas de seguridad, la Alta Comisionada expuso las cifras recopiladas por la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que notificaron, en 2018, 7.523 muertes violentas por “resistencia a la autoridad” (siendo la autoridad las fuerzas de seguridad utilizadas por el régimen) y entre enero y mayo de 2019, 2.124 muertes de la misma categoría.
El trabajo que ha realizado la Comunidad Internacional, agencias de ONU, ONG, el Gobierno de Juan Guaidó y millones de venezolanos durante todos estos meses nos ha permitido avanzar y nos permitieron atraer la atención del mundo e ir cerrando espacios al régimen.
Se aprobó la Misión de Determinación de los Hechos para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes y el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de DDHH dictaminó que la detención del diputado Juan Requesens es arbitraria y viola sus derechos humanos, civiles y políticos, además exhortando al régimen a otorgarle libertad plena y conferir indemnización.
En octubre del año pasado el régimen de Maduro obtuvó una de las sillas en el DDHH de la ONU. No en vano han sido 20 años en los que han tenido la oportunidad de manipular, mentir y crear un aparato comunicacional que los haga ver “eficientes”. Esta elección, es la consecuencia de que se haya ignorado por años un espacio y de allí la importancia de recuperarlo.
Por eso mismo, actuando como parte del Gobierno de Juan Guaidó, tuvimos avances fundamentales: estuvimos presentes en la 74ta. Asamblea General de las Naciones Unidas sostuvimos reuniones con el Grupo de Lima, cancilleres del TIAR, representantes y presidentes de distintos países y participamos en múltiples encuentros junto a víctimas de la Emergencia Humanitaria.
Esto nos permitió visibilizar que el mundo respalda la lucha de los venezolanos por el cambio y un mejor futuro y que tras bastidores son decenas las reuniones bilaterales que, junto al presidente Guaidó, tenemos a diario con representantes de distintos gobiernos para coordinar nuevos mecanismos de presión y acción para cerrarle espacios diplomáticos al régimen.
Adicionalmente, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) desarrolló, en conjunto con el equipo humanitario del país y actores humanitarios nacionales e internacionales, el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, que da muestra de la crisis que sufrimos y pretende atender a millones de venezolanos que requieren asistencia humanitaria; un esfuerzo que solo será útil si se cumple de acuerdo a los principios humanitarios.
Asimismo, en la publicación del Global Humanitarian Overview 2020 realizado también por OCHA, Venezuela aparece por primera vez y al lado de países que padecen grandes conmociones humanitarias como Sudán, Zimbabue y Haití.
A finales del año pasado, se realizó el Foro Global de Refugiados, organizado por ACNUR, en el cual mantuvimos una agenda de reuniones bilaterales para concertar mecanismos de protección y respeto a los DDHH de los migrantes y refugiados venezolanos. En este foro se dio un importante avance: se reconoció la crisis migratoria venezolana, siendo la más grande en la región y la urgencia de esta, estimando que casi cinco millones de personas han abandonado el país y que el número puede llegar a los 6.5 millones para finales de 2020.
Hace un año, el pronunciamiento de estas instancias no estaba planteado ni se veía probable. Hoy es una realidad producto del esfuerzo, el compromiso y el valor de los venezolanos acompañados por el presidente Juan Guaidó al luchar por la reconstrucción de nuestro país. Ahora bien, el año 2020 se presenta con innumerables retos, no solo en cada una de estas áreas sino también en sumar nuevas discusiones y espacios que nos permitan aumentar la presión.
Esto exige trabajar con mayor determinación para denunciar la tragedia causada y abrir los ojos de quienes por complicidad o ignorancia siguen apoyando a Maduro, el no pronunciarse sobre los brutales abusos a los que son sometidos los venezolanos también es una forma de apoyo.
Esto pasa por desmontar el aparato que el régimen ha creado, mantener las denuncias, coordinar acciones con países aliados, entablar discusiones sobre las consecuencias de las políticas del régimen para los venezolanos, la región y el mundo entero e, incluso, presionar a los organismos de la ONU para que implementen mecanismos de investigación y visibilización.
Nuestro trabajo va de la mano de una estrategia internacional. Esta estrategia por sí sola no es suficiente para conseguir el cambio político. Es necesaria la presión interna, sumar el apoyo de más países, aprobar resoluciones que permitan limitar, aún más, las acciones del régimen y continuar quebrando las bases que sostienen el modelo político que hoy pretende condenarnos. En definitiva, es y seguirá siendo un camino arduo que millones de venezolanos sin importar nuestras diferencias. Estamos dispuestos a transitar hasta conquistar la libertad y la democracia de Venezuela.
