Venezuela, Nicaragua y Honduras los países más corruptos de América Latina
El informe anual de Transparencia Internacional afirma que América Latina ha fracasado en la lucha contra la corrupción por el covid-19. Venezuela nuevamente ingresó en el top 5 de los países más corruptos según el Índice de Percepción de Corrupción 2020
Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, América Latina es un polo de corrupción y mala gestión de fondos, siendo una de las regiones más afectadas por la crisis generada por el covid-19 durante el pasado año. En este escenario, aumentó la percepción de Venezuela como país corrupto.
El Indice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2020 señala que Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas con 77 y 71 puntos respectivamente, lo que significa que se percibe como las naciones menos corruptas de la región. Mientras que Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente.
En la evaluación anterior, Venezuela obtuvo una puntuación de 16. Desde 2012, la nación suramericana cae en las posiciones, y ha pasado del puesto 165 al 176, para ubicarse entre los cinco países con más bajo desempeño, y tener la tercera calificación más baja.
“En Venezuela la corrupción generalizada de los últimos 20 años es uno de los principales motivos de la crisis humanitaria actual. El país ha perdido 5 puntos en el índice desde 2013. La pandemia de covid-19 no sólo ha profundizado la escasez de medicinas, suministros sanitarios y material esencial, sino que ha deteriorado la infraestructura hospitalaria. En las dos últimas décadas el país perdió más de 5.000 millones de dólares por corrupción solamente en el sector sanitario. Este mal amenaza la vida y la salud de millones de venezolanos”, concluyó Transparencia Internacional en un informe publicado este 28 de de enero.
El índice clasifica a 180 países y territorios según la percepción del nivel de corrupción en su sector público según expertos y empresarios. La escala empleada es de cero a cien, donde el cero corresponde a corrupción elevada y, el cien, a corrupción inexistente.
Fuera de la región y de manera general, los países con las puntuaciones más altas son Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 puntos, seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza con 85 cada uno.
Las puntuaciones más bajas corresponden a Sudán del Sur y Somalia con 12 puntos cada uno, seguidos de Siria (14), Yemen (15) y Venezuela (15).
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Para Transparencia Internacional, la sensación sobre América Latina es de estancamiento en el mejor de los casos y, en ocasiones, de retroceso en áreas sensibles.
Así lo señala la consejera regional para América Latina de la organización, Luciana Torchiario, que aseguró en una entrevista a Efe que la región «vuelve a fracasar en la lucha contra la corrupción» y que es especialmente «frustrante» en el contexto de la pandemia que no se haga un buen uso de los recursos.
«En muchos países se ha registrado una regresión en los pesos y contrapesos, una gestión opaca de la pandemia, y recortes del derecho a la información y de la libertad de expresión», dijo.
A su juicio, es importante que la pandemia «no sea una oportunidad para la corrupción», sino un «imperativo para mejorar la lucha» contra las prácticas ilegales, para reforzar la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Preocupan especialmente los dos últimos clasificados, países con una «institucionalidad muy precaria». Según Torchiario, la democracia es «prácticamente inexistente» en Venezuela, donde la oficina regional de Transparencia Internacional estima que la corrupción ha hurtado 5.000 millones de dólares a la sanidad. «Nos preocupa», aseguró.
Recomendaciones
El pasado año trajo consigo desafíos a la integridad incluso en los países con las máximas puntuaciones, lo que demuestra que ningún país está libre de corrupción, resaltó Transparencia Venezuela al evaluar los resultados de esta medición.
Para mitigarla y afrontar mejor las crisis del futuro, Transparencia Internacional recomienda a todos los gobiernos:
Reforzar las instituciones supervisoras de modo que los recursos lleguen a las personas que más los necesitan. Los organismos anticorrupción y las instituciones supervisoras necesitan contar con fondos, recursos e independencia suficientes para cumplir su cometido.
Procesos de contratación abiertos y transparentes para combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos.
Defender la democracia y fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos.
Publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil de entender.
