Venezuela no coopera con Chile en el combate de criminales que migran, afirma fiscal
El viernes 17 quedaron en prisión preventiva 14 integrantes de un brazo del Tren de Aragua, una banda criminal del centro de Venezuela que ha internacionalizado sus fechorías en el norte de Chile y otras regiones del continente. El fiscal jefe de la región de Tarapacá, Raúl Arancibia, recalcó que no reciben «ninguna» cooperación de parte de Venezuela
Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito del Ministerio del Interior de Chile, afirmó la semana pasada que ese país vive «el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia».
El funcionario zanjó que había que evitar los populismos para abordar este problema, cuyo enfrentamiento es complejo y de largo aliento, «pero hay que reconocer la verdad», citó un reporte de DW.
El auge de la criminalidad en el país del cono sur se vincula con la llegada a la región de bandas del crimen organizado desde Colombia y Venezuela, que tienen prácticas muy violentas y que han incidido en que las bandas chilenas también se han vuelto más violentas, «para no ser arrasadas por las bandas extranjeras», señala el fiscal jefe de la región de Tarapacá, en Chile, Raúl Arancibia.
Sobre el Tren de Aragua, indica que ese grupo, muy violento, se encuentra en gran parte de América. «Acá tenemos detenido a un sicario de 21 años, al que le dicen Satanás, que tiene homicidios en Perú y otras partes del continente».
«Realmente no sabemos cómo se llaman estas personas, porque son indocumentados o andan con documentos falsos y no tenemos ninguna, que se entienda, ninguna colaboración de Venezuela. Ninguna», subraya Arancibia.
«Ha aumentado la peligrosidad de nuestras propias bandas, y hay muchas armas circulando», refiere el fiscal.
Reconoce que es «un tema muy sensible» porque aunque los inmigrantes cometen, proporcionalmente, menos delitos que los chilenos, hay grupos de delincuentes extranjeros que están perpetrando actos poco vistos en Chile: secuestros extorsivos, sicariato, asesinato y mutilación de cuerpos y tráfico de personas, entre otros.
Arancibia precisa que hasta hace poco se referían a «criminalidad extranjera, pero con la llegada del Tren de Aragua, que es venezolano, eso cambió».
Según su relato, las escuchas telefónicas de las autoridades revelan que delincuentes colombianos hablan de «picar» cadáveres hasta el ingreso de ketamina, «una droga que es traficada principalmente por venezolanos», pasando por préstamos con altos intereses que agobian a pequeños comerciantes, que deben huir de la región ante la presión de los grupos organizados extranjeros.
14 venezolanos fueron imputados el 17 de junio
Una nota de presa de la Fiscalía de Chile precisó que, tras la detención el viernes 17 de junio, de miembros del grupo «Los gallegos» extensión del Tren de Aragua, fueron imputadas 17 personas extranjeras, de ellos 14 son de nacionalidad venezolana, incluyendo cinco mujeres.
Todos fueron detenidos en un operativo en el sector de Cerro Chuño en Tarapacá que «concluyó con la incautación de once armas de fuego, una granada de fragmentación, cerca de 37 kilos de droga y el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre enterrado en las cercanías».
Actuaron de forma conjunta la Fiscalía del extremo norte, la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación (PDI) que investigaban una trama de tráfico de drogas.
Según la policía, Los Gallegos tenía, «inmuebles destinados al acopio de drogas, armamentos y explosivos y que en las cercanías del vertedero habían habilitado un sitio para someter a torturas a miembros de bandas rivales y además ocultar bajo tierra cuerpos de personas ejecutadas».
Una de las regiones más golpeadas por la criminalidad de los grupos extranjeros es la de Tarapacá, que pasó de 18 homicidios en 2020 a 54 en 2021, y en lo que va de 2022 ya suma 25, la mayoría de ellos, crímenes cometidos por bandas extranjeras.
«La criminalidad aumentó de forma muy violenta con la llegada de los colombianos, y con ellos se produjeron los primeros homicidios por encargo o ajuste de cuentas, todo con un grado de violencia inusitado para nosotros», explica a DW el fiscal Arancibia, con más de 20 años de experiencia en el cargo.
El fiscal Arancibia comenta que es necesario imponer un control más estricto de las fronteras.
«Yo nací en Iquique y he visto cómo esto pasó de ser tan tranquilo como una taza de leche a lo que es ahora, y esto puede afectar a la imagen del país, que aún es visto como un lugar serio, y eventualmente dañar la economía», explica.
A principios de 2022, grupos de residentes en la localidad de Iquique protagonizar actos violentos contra venezolanos sin residencia que acampaban en un estacionamiento. Quemaron sus pertenencias y exigieron al gobierno chileno su expulsión.
El Gobierno de Chile ha intentado retomar la agenda de seguridad, con la propuesta de prohibir totalmente las armas en manos de civiles y llamando a una mesa de trabajo para buscar respuestas al crimen organizado.
Arancibia explica que la porosidad de la frontera impide al Estado saber quién entra o sale de su territorio.
«Estas bandas están a ambos lados de la frontera y, a veces, obligan a migrantes a ingresar armas o drogas», dice Arancibia.
Con información de DW.
Lea también: Aportes al debate sobre el crimen organizado (I), por Javier Ignacio Mayorca
