Venezuela no ha podido demostrar acciones concretas en lucha contra lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera del Caribe señaló que, aunque la administración Maduro dice que la lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo está dentro del plan de la patria y forma parte de la «Gran Misión Cuadrantes de Paz», el país no ha podido demostrar que estos grandes objetivos se reflejen en acciones concretas
La lucha contra la corrupción y el lavado de activos se ha quedado corta en Venezuela. Según la evaluación mutua hecha por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), el país no ha podido demostrar acciones concretas en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y corrupción.
Venezuela no solo presenta deficiencias en cuanto a la evaluación y mitigación de riesgos de estos delitos a nivel institucional, sino que tampoco cuenta con políticas antilavado o contra financiamiento al terrorismo que tengan en cuenta los riesgos identificados en las evaluaciones hechas por la Gafic entre 2015 y 2020, señaló el Grupo en su informe, aprobado en noviembre de 2022 y publicado en marzo de este año.
El documento resume las medidas reportadas por la administración de Nicolás Maduro durante la visita in situ, realizada al país del 17 al 28 de enero de 2022, y analiza el nivel de cumplimiento con las 40 recomendaciones que hace GAFI a los países.
Una de las cuestiones que apuntó el Grupo es que, aunque la administración Maduro dice que la lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo está dentro del plan de la patria y forma parte de la «Gran Misión Cuadrantes de Paz», el país no ha podido demostrar que estos grandes objetivos se reflejen en acciones concretas.
Tampoco hay pruebas de que se persiga el lavado de activos de terceros o el autoblanqueo y, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia ha procesado casos de sobre lavado o terrorismo, el tiempo para resolverlos «no es efectivo y tiene consecuencias negativas para el Estado, las víctimas y los acusados».
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En el caso de terrorismo, la mayoría de los procesos judicializados no estaban relacionados con delitos que generan activos a favor de organizaciones terroristas, como el contrabando o la minería ilegal.
Segun el Gafic, también existen deficiencias «en las disposiciones que permiten que la intención para cometer financiamiento al terrorismo se pueda deducir a partir de circunstancias fácticas objetivas», y que las personas jurídicas que son propiedad del Estado no puedan ser sancionadas como establecen las leyes nacionales.
Además, criticaron que Venezuela no criminalice el financiamiento del viaje de individuos que tienen propósitos terroristas, y que las sanciones no se extiendan a los casos en que los fondos u otros activos no se hayan usado para «intentar» un acto terrorista.
Otro punto que resaltó el Grupo es que la gama de bienes y activos, así como las medidas dirigidas a identificarlos, rastrearlos y asegurarlos son limitadas. En esas restricciones también se encuentran la investigación propia de estos delitos y la protección de los derechos de terceros de buena fe.
El Grupo también incluyó dentro de las deficiencias la poca capacidad que tiene Venezuela de identificar y rastrear bienes que debieran estar sujetos a decomiso. Según los datos entregados por la administración Maduro sobre los decomisos hechos por el Seniat, en cuatro años apenas hubo 20 por vía terrestre, tres por vía marítima y cero por vía aérea.
En cuanto a los decomisos en dinero, bienes muebles e inmuebles, se han confiscado poco más de 26 millones 856 mil dólares entre 2016 y 2021.
Oenegés fuera de la ecuación
Durante una rueda de prensa este jueves 31 de agosto, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, hizo énfasis en los resultados del informe respecto a la actuación del gobierno venezolano contra las organizaciones de la sociedad civil y sin fines de lucro, que están sujetas a las leyes contra lavado y financiamiento al terrorismo en el país.
Según el Gafic, la excesiva atención que se ha puesto a este tipo de organizaciones y las medidas que el país intenta implementar no se justifican bajo sus estándares y pueden ir en detrimento de otras actividades. El equipo evaluador tampoco se mostró de acuerdo con el nivel de riesgo que la administración Maduro impuso a las oegenés.
La lucha contra el lavado de capitales no son las acciones contra las oenegés, señaló el director de Acceso a la Justicia. «Es el país que no tiene un verdadero compromiso con el Gafi ni sus recomendaciones».
Para Daniels, la administración Maduro ha mantenido silencio respecto a este informe «porque sabe que el Gafic es mucho más poderoso que el Alto Comisionado, a pesar de no tener un tratado (…) Podemos decir que la sociedad civil venezolana logró que el Gafic reconociera que es un país de riesgo. Los problemas de Venezuela no se reducen a las sanciones, porque se obvian problemas estructurales de la economía que nos llevaron a esta situación».
