Venezuela nos observa, por Griselda Reyes
Venezuela está a la expectativa. La mora legislativa en la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), declarada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tranca de nuevo el juego y alarga la agonía de un país desesperado por salir cuanto antes de la crisis institucional, social, económica y política en la que está sumergida.
¿Volvimos al punto cero? Parece que no hay voluntad política en ninguno de los extremos en pugna, para superar los obstáculos y conducir a buen puerto este barco que viene naufragando desde hace mucho tiempo y que lleva por nombre Venezuela.
Siete meses tenía la Asamblea Nacional intentando nombrar el Comité de Postulaciones que iba a estudiar los perfiles de aquellas personas – algunas con trayectoria política, otras con trayectoria académica, otras con comprobada experiencis en organizaciones sociales y comunitarias –, que intentaron acceder al organismo comicial para desde allí conducir los procesos electorales que correspondan.
La Comisión Preliminar que se instaló en noviembre de 2019 contó con la participación de diputados opositores y chavistas, pues tras algunas negociaciones se logró, después de varios años, que la fracción parlamentaria del PSUV regresara al Capitolio, del cual se retiró cuando el TSJ declaró el “desacato” de la Asamblea Nacional.
A finales de febrero de este año, la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales logró aprobar los nombres de 10 ciudadanos provenientes de 68 organizaciones sociales, comunitarias, gremios profesionales, academia, etc., que se sumarían al de los 11 diputados que ya la integraban. A comienzos de marzo la plenaria aprobó la conformación del Comité y días después se instaló. Apenas pudieron discutir un proyecto del Reglamento de funcionamiento.
La declaratoria de la pandemia de coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), obligó a un receso de actividades de los diputados y del Comité de Postulaciones. Pero dicha paralización no tiene justificativo, porque la AN presidida por Juan Guaidó, continuó sesionando para debatir otros temas y acuerdos políticos, a pesar del Decreto de Estado de Alarma que mantuvo durante dos meses y medio al país paralizado por el distanciamiento social.
El desgobierno de Nicolás Maduro es el primer interesado en que no se hagan elecciones en el país porque las pierde, pero alimenta toda clase de sospechas sobre el proceso electoral para fomentar la abstención. Por debajo de cuerda, aceita la maquinaria del PSUV para garantizar la participación y movilización de ese 20% de voto duro que ha logrado mantener a través del tiempo empleando mecanismos de control social.
Pero las organizaciones que conforman el G4, especialmente aquellas que no pudieron validar sus tarjetas ante el CNE, insisten en llamar a la abstención porque creen que de esa manera van a provocar el quiebre del gobierno. En 2018 esa táctica no funcionó, por el contrario, permitió que Nicolás Maduro terminara de afianzar ese entramado de intereses que hoy lo sostiene en el poder.
Esos partidos políticos decidieron cazar una pelea directa con Nicolás Maduro, desestimando el formidable poder que ha logrado capitalizar en estos dos años. Mientras tanto, otro grupo de organizaciones agrupadas en la llamada Mesita, se plantó a negociar con el desgobierno condiciones para acudir a elecciones parlamentarias que, nos guste o no, serán convocadas este año conforme lo estipula la propia Constitución.
Esta semana, el TSJ nos sorprendió con una sentencia exprés interpuesta por ese grupo de partidos, mediante la cual declara la omisión legislativa. Y decimos que nos sorprende porque las actividades tribunalicias están paralizadas por la vigencia del Decreto de Estado de Alarma. No conforme con ello, los magistrados dieron un plazo de 72 horas al Comité de Postulaciones para presentar los nombres de posibles candidatos al CNE.
Este desgobierno es perverso en su proceder porque quiere obligar al parlamento a desconocer los lapsos que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral para la selección de los rectores del CNE. Parece desconocer también que no corresponde al Comité de Postulaciones seleccionarlos. Es la plenaria de la AN, con el voto de por lo menos 110 diputados, la que debe hacerlo tras evaluar las credenciales de quienes aspiran a formar parte del ente comicial.
Nos corresponde a los ciudadanos venezolanos organizarnos y presionar a todas las instancias pertinentes para exigir condiciones que nos permitan acudir a elecciones sin ventajismo del gobierno. La indiferencia hoy no puede ser una opción de cambio, como tampoco puede serla una solicitud de invasión de fuerzas militares extranjeras. Votar es un derecho y, como tal, compete al Estado venezolano velar por su fiel cumplimiento y garantía.
Quienes apostamos a la vía electoral como la más idónea para dirimir conflictos, necesitamos activarnos, no solamente para participar, votar y defender los votos, sino también organizarnos para elaborar un plan a ejecutar antes, durante y después de las elecciones. No hacemos nada recuperando la mayoría calificada en el parlamento si vamos a llegar a él a dar palos de ciego. Venezuela nos está observando y quienes queremos recuperar la democracia a través del voto, estamos obligados a dejar sobre la mesa propuestas concretas y probables que permitan ir dando respuesta a tanto problema.
