Venezuela entre los últimos lugares de países que respetan el derecho a la propiedad
Los países de la región con mejor desempeño son Chile y Costa Rica que ocupan los puestos 29 y 30 respectivamente
El más reciente informe de la organización Property Rights Alliance (PRA) que mide el Derecho de Propiedad en 125 países, reveló que Venezuela ocupa el puesto 123 en el ranking que evalúa 10 factores, agrupados bajo tres componentes: Entorno Jurídico y Político (LP), Derechos de Propiedad Física (PPR) y Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).
El Índice Global de Propiedad Intelectual refleja los derechos de propiedad en 125 países, con lo que cubre el 98% del PBI mundial y el 93% de la población. Según los datos de PRA, 6.000 millones de personas tienen problemas con la protección de sus derechos de propiedad, como por ejemplo la vivienda, y sólo el 13% de la población tiene un nivel adecuado de protección de sus derechos, ya sean derechos intelectuales o propiedad privada física.
Las naciones que muestran el mejor desempeño son: Finlandia, Nueva Zelanda y Suiza, mientras que en la región son Chile y Costa Rica en los puestos 29 y 30 respectivamente, seguido de Uruguay (43) y Brasil (55).
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El ranking elaborado por la economista venezolana y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela Sary Levy-Carciente, revela que “un dato preocupante” es que en ciertos países de África hay más restricciones a los derechos de propiedad en las mujeres.
Para la organización “los derechos de propiedad son un indicador clave de éxito económico y estabilidad política”
En ese sentido, Levy señala que “la defensa de los derechos de propiedad afecta profundamente a los más pobres” y precisó que solo en 2013 se perdieron $45.000 millones de crecimiento económico y se dejaron de crear 2,2 millones de empleos por piratería, que es uno de los aspectos de la falta de respeto al derecho de propiedad.
“Este índice demuestra que hay correlaciones entre el Índice de Propiedad y los índices de libertad humana, económica, percepción de la corrupción, activismo cívico y hasta conectividad con Internet”, añade el informe.
