Venezuela: radiografía del lavado de dinero (II/II), por Javier Ignacio Mayorca
Las investigaciones sobre lavado de dinero en el país están marcadas por la impunidad. La dolarización de la economía nacional genera peligrosos vacíos de vigilancia
Las primeras investigaciones sobre lavado de dinero en Venezuela datan de la última década del siglo pasado. Eran expedientes muy complejos y voluminosos, que a menudo se iniciaban gracias al dato de un informante, o dando continuidad a investigaciones previas que generalmente se relacionaban con bandas de traficantes de drogas.
Era la época del sistema inquisitivo de justicia, en el que jueces como Mildred Camero –luego presidenta de la Conacuid- encabezaban la instrucción de los expedientes, no los fiscales del Ministerio Público. Junto a la Guardia Nacional, que poseía un servicio especializado en la materia, indagaron sobre las inversiones de capitales de grupos guajiros, el uso de las casas de cambio en San Antonio del Táchira, los casinos del Cartel de Cali y las inversiones inmobiliarias en Margarita, que servían para blanquear recursos de la Camorra napolitana.
Pero los casos generalmente tropezaban con el escollo de demostrar el origen ilícito del dinero, es decir, el delito primario que había generado los capitales legitimados.
Posteriormente, en resoluciones de la Superintendencia de Bancos se invirtió la carga de la prueba con respecto al dinero y los activos presumiblemente derivados de los actos ilegales. Esto implicaba que, durante una investigación penal por tráfico de drogas, el propio implicado era obligado a demostrar la legalidad de los recursos financieros y de los activos que manejaba, pues de lo contrario serían confiscados. Estas normas fueron ampliamente criticadas, pues iban contra el principio general de presunción de inocencia. Sin embargo, se mantuvieron vigentes, entre otras razones porque había un respaldo internacional, que se blindó años después luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.
Con la entrada en vigencia de la primera norma penal venezolana contra la delincuencia organizada, en 2005, se abrió la posibilidad de imputar lavado de dinero a quienes manejaran recursos provenientes de actividades distintas al tráfico de drogas. Pero siempre este delito era subsidiario. Hasta que se implantó una reforma a la ley orgánica contra la delincuencia organizada, en 2012. A partir de ese momento, se iniciaron imputaciones por lavado de dinero sin que se hubiese comprobado debidamente la existencia del delito primario. Lo importante, según el ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía, Zair Mundaraín, era la inserción en el sistema financiero de recursos derivados de una “actividad ilícita”.
Al manejarse el tema con esta amplitud, era lógico esperar que las investigaciones por lavado de dinero en Venezuela florecieran por doquier, y se multiplicaran. Pero eso no fue así. Una de las razones es que las pesquisas sobre el lavado de dinero –las de verdad- apuntan a quienes manejan los capitales. Se trata de personas que generalmente no se involucran en el día a día de las redes de delito organizado. En el cartel de Cali, por ejemplo, el ocultamiento de los recursos producidos por el tráfico de drogas no era labor de los hermanos Rodríguez Orejuela sino de expertos contadores como el chileno Guillermo Pallomari.
Por otra parte, la acumulación de capitales, lícitos o ilícitos, trae poder, y con ello se abre la posibilidad de que los esqueletos queden en el closet, a buen resguardo. Cuando comenzó el escándalo internacional sobre las actividades de Walid Makled, ya la Superintendencia de Bancos procesaba por lo menos tres informes sobre operaciones sospechosas que involucraban el manejo de cientos de millones de bolívares a través de testaferros, que eran los cuentahabientes en la banca nacional.
Cuando se habla de lavado de dinero en Venezuela, la posibilidad de que las investigaciones se estrellen contra el muro del poder es muy elevada, aun cuando la norma vigente sea utilizada con amplios márgenes de discrecionalidad, como ya se explicó.
Existen, sin embargo, algunas pistas que se puede seguir para orientar la búsqueda sobre las áreas donde podría intensificarse el lavado de dinero. Una de ellas la constituyen los llamados reportes de actividad sospechosa (RAS). Estos son informes que levantan los llamados oficiales de cumplimiento de la banca y los otros “sujetos obligados” por la legislación, como pueden ser las firmas aseguradoras, las administradoras, los notarios, los registradores, las operadoras turísticas e, incluso, los vendedores de vehículos. La lista es bastante larga.
Todos esos informes son recibidos y procesados periódicamente por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), una oficina que anteriormente estaba inserta en la Superintendencia de Bancos y que ahora depende de la Vicepresidencia Ejecutiva -por si quedaba alguna duda de la relación entre capitales y poder-. En la UNIF convergen técnicos en informática con agentes del Sebin y Dgcim, especializados en análisis financieros.
En 2018, según la UNIF, los “sujetos obligados” emitieron 1.961 reportes de actividades sospechosas, es decir, relativos a movimientos financieros que podrían indicar operaciones de lavado de dinero. La cifra más elevada de reportes acumulados durante los últimos años fue de 2.741. Esto sucedió en 2015. Desde entonces, los totales han ido en descenso. Este año la tendencia ha continuado igual, pues en el primer semestre de 2019 hubo solo 645 reportes.
La merma de 28,4% en los informes sobre actividades sospechosas no necesariamente indica que los bancos se ablandaron con respecto al tema. Cuando se hace una revisión detallada, prácticamente el 90% de los RAS fue elaborado por entidades bancarias. En cambio, los registros y notarías, las aseguradoras y empresas de corretaje y casas de cambio casi no emitieron alertas.
Según la UNIF, en la actualidad los sectores que ocasionan más sospechas en cuanto al lavado de dinero son el comercio al por menor y los servicios, que acumulan respectivamente el 51,6% y el 14,8% de los reportes. Y estas son, precisamente, las áreas de la economía que más se han dolarizado en el país, de acuerdo con el último sondeo de Consultores 21.
En la actualidad, ya las cosas son pagadas directamente en dólares, de manera que pronto tales transacciones no estarán al alcance del ojo escrutador de la UNIF. Pero, hasta hace apenas unos meses, se llevaban a cabo operaciones de cambio de divisas, que levantaban las alarmas cuando se hacían las transferencias de bolívares entre los bancos.
En los años ochentas del siglo pasado, el Banco de la República de Colombia instauró una oficina para recibir los dólares sin preguntar de dónde venían. El mecanismo era obviamente una oportunidad abierta por el propio Estado para lavar los recursos de los carteles de la droga. Los periodistas llamaron a este sistema la “ventanilla siniestra”. Con la dolarización sin control, toda Venezuela se convierte en una “ventanilla siniestra”.
Para este despacho, actividades como la construcción y la agricultura en este momento no acumulan más del 5,2% de las alertas. Como se sabe, ambos rubros están de capa caída.
Ahora bien, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, durante la primera mitad de 2019 se iniciaron 82 averiguaciones por lavado de dinero. Esto equivale solo al 12% de los reportes de operaciones sospechosas. De ellas, 80 son instruidas por agentes de la División contra Delitos Financieros de la policía judicial. Solo hubo detenidos en uno de los expedientes, iniciado el 27 de junio, en el que además fue incautada una avioneta.
Por lo tanto, a pesar de los cambios en los criterios para investigar el lavado de dinero en Venezuela, las cifras indican que sigue siendo un delito con altos porcentajes de impunidad.
Esta situación en lo interno contrasta con la ola de investigaciones desarrolladas en el plano internacional contra redes de lavado de dinero que involucran a empresarios y a funcionarios venezolanos. Una explicación, que no pretende ser definitiva, es que tales delincuentes (aunque abrazaban públicamente la ideología de la revolución chavista) siempre tuvieron en su horizonte mental la noción de que tarde o temprano marcarían distancia del régimen para disfrutar de sus haberes en un “exilio dorado”.
Esta idea sigue marcando a los operadores del régimen, quienes en privado y en público exigen el levantamiento de las sanciones, como requisito para negociar una salida a la terrible crisis humanitaria que viven los venezolanos.
Breves
-A partir de noviembre, el ministerio de Relaciones Interiores cesó la diseminación de los datos sobre muertes por enfrentamientos con efectivos policiales o militares, tradicionalmente conocidas como “resistencia a la autoridad”. El despacho del general Néstor Reverol suministraba a los jefes policiales de las alcaldías, las gobernaciones y de algunas unidades de la Policía Nacional un resumen semanal con la evolución de los nueve delitos “marcadores”, entre los cuales figuraba hasta octubre lo referido a las acciones en las que participaban los uniformados. Fuentes policiales indicaron que, para la última semana del décimo mes del año, se acumulaban 3.794 muertes a manos de agentes de policías o de la FANB. Si esta cifra es evaluada junto a los 5.781 casos de homicidio, el resultado es que la violencia impartida a través de los cuerpos de seguridad representa el 39.6% del total. En diciembre 2018, cuando Reverol divulgó los resultados de la gestión del MRI, los supuestos enfrentamientos con agentes equivalían al 29%. Esto sugiere que la letalidad de los funcionarios estatales ha ido en aumento durante 2019. Hasta octubre, los estados con mayores incrementos en las muertes por “resistencia a la autoridad” eran Nueva Esparta (111%), Lara (57,4%) y Falcón (45,6%). El ocultamiento de las cifras sobre este particular coincide con las investigaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos fundamentales en el país.
-A juzgar por lo señalado en diversos informes de la ONU, las perspectivas para Venezuela en 2020 no son auspiciosas. Por ejemplo, en el documento llamado Panorama Humanitario Global este organismo solicita triplicar el presupuesto destinado a la atención a la población necesitada en el país. La petición de recursos asciende a 750 millones de dólares para 2020. Pero esto no asegura que la atención llegará a tales sectores, que se calcula suman ya siete millones de personas. La crisis venezolana, de acuerdo con el documento, llega ya a niveles similares a las de Etiopía, Sudán del Sur, Bangladesh y Nigeria. Los efectos se sentirán en toda la subregión, en términos de una creciente migración, que ya supera los 4,5 millones de personas durante los últimos dos años. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales han establecido un protocolo de actuación ante la situación del país. El documento, denominado Principios operativos conjuntos indica que los miembros de estas instituciones tendrán que tratar con grupos armados no gubernamentales, por considerarlos “actores relevantes” de la realidad nacional.
