Vicerrector administrativo de la UCV acusa a García Arocha de corrupción en su renuncia
Bernardo Méndez renuncia al cargo de vicerrector administrativo poco más de un mes de la fecha límite para las elecciones de nuevas autoridades rectorales en la UCV, impuesta por el TSJ (27 de febrero) con la sentencia 0324
El vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Bernardo Méndez, emitió un comunicado donde informa sobre su renuncia y además acusa a la rectora de esta casa de estudios, Cecilia García Arocha, de actos de corrupción durante su gestión.
Méndez, quien fue electo en 2008 junto a las actuales autoridades rectorales, señaló que poco después de entrar al cargo empezaron diferencias importantes sobre el manejo del Vicerrectorado Administrativo de la UCV, pues desde el Rectorado se tomaron decisiones que eran competencias de esta última instancia universitaria.
Cabe destacar que Bernardo Méndez renuncia a poco más de un mes de la fecha límite para las elecciones de nuevas autoridades rectorales impuesta por el TSJ (27 de febrero), tras la sentencia 0324. Estas autoridades tienen 12 años en esos cargos, con ocho años vencidos por otra sentencia del máximo tribunal.
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El cargo del vicerrector administrativo, es el mismo que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) impuso en la Universidad Simón Bolívar (USB). Esta autoridad ni siquiera era profesor de esa casa de estudios.
Entre esas decisiones que Méndez indicó estaba la destitución y nombramiento «inconsulto» de jefes y directores de dependencias adscritas al Vicerrectorado Administrativo, además de problemas de disponibilidad presupuestaria que no eran aprobadas por esta instancia.
Con ello, cita un caso de 2012 donde la Dirección de Planificación y Presupuesto aprobó disponibilidad presupuestaria con el aval del Rectorado y no del Vicerrectorado. «Ante esta situación, a comienzos de año 2012, me reuní con las autoridades y solicite el cambio y finalmente la jubilación de oficio de la directora del momento, la economista Miren Caires. Esta medida no se ejecutó por decisión de la ciudadana rectora», dijo Méndez en su escrito de renuncia.
Señaló también que esa Dirección pasó a ser adscrita al Rectorado de la UCV «sin una argumentación motivacional, ni el estudio técnico que justificase la modificación de la estructura organizacional del Vicerrectorado».
Otras de las situaciones que enfrentó Méndez en su gestión como vicerrector administrativo fue el nombramiento de una comisión de contrataciones adscrita al Rectorado, pese a que esta figura ya existía en esta instancia.
Esta comisión fue la que realizó las contrataciones de los seguros patrimoniales y de vehículos de la UCV, contratación del vestuario, planes vacacionales y de los tickets de alimentación, entre otros. Méndez dijo que la comisión está integrada por algunas personas que, «aunque la Ley no lo indica expresamente, deberían inhibirse por las funciones institucionales que desempeñan como administración activa».
Otro de los casos que especificó el vicerrector administrativo fue el del Instituto de Previsión Social del Profesorado de la UCV, desde el año 1994, con el seguro auto administrado Samhoi. Este seguro hasta el año 2018 era un sistema complementario que se financiaba parcialmente con las primas que debían pagar los profesores que se inscribían en él.
En diciembre de 2017, la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) presentó a la consideración del Consejo Universitario la propuesta de que la universidad financiara el 75% de las primas del personal docente afiliado a Samhoi.
En abril de 2018, el Consejo Universitario aprobó el aporte financiero de la UCV para cubrir el 50% de los siniestros indemnizados al personal docente, incluyendo a su grupo familiar inscrito. También se nombró una comisión para supervisar y evaluar estos acuerdos, integrada por la rectora, el vicerrector administrativo, un miembro designado por la Apucv y otro designado por el Consejo Universitario.
Méndez fue coordinador de la comisión y presentó los informes para aumentar los topes del seguro y las cancelaciones que debía hacer la UCV. En julio de 2019, fue el último informe aprobado por el resto de las autoridades.
El vicerrector aseguró que esto se debe a que el Rectorado desginó un nuevo equipo para calcular estos montos de pago que debía desembolsar la UCV, y se aplicó «unilateralmente» una nueva forma de cálculo de las divisas que se deben indemnizar, por lo que se generaron nuevas deudas en bolívares que no existían.
El consejero universitario de la UCV Jesús Mendoza informó que el secretario de la UCV, Amalio Belmonte, asumirá las funciones del vicerrector administrativo.
«Desde el movimiento estudiantil respaldaremos cualquier proceso de investigación que sea dada desde el consejo universitario. Hasta ahora no hay nada comprobado», dijo Mendoza, al ser consultado por la posición de la representación estudiantil a los señalamientos de presunta corrupción de Cecilia García Arocha.
