Violaciones de derechos indígenas continúan ante el silencio gubernamental
Mineros ilegales en el municipio Manapiare del estado Amazonas atacaron a las comunidades indígenas que hacen vida allí. Los conflictos trajeron llamados de los pueblos al gobierno venezolano para actuar con urgencia y cumplir su deuda de auto demarcación de los territorios ancestrales que prohíban el ingreso de mineros
El Estado venezolano se reunió con los indígenas de las comunidades Ye’kwana y Sanema en Santa Rosa de Tencua, municipio Manapare del estado Amazonas, el pasado domingo 9 de febrero para atender los graves conflictos que la minería ilegal ha traído a sus territorios ancestrales.
Para la comunidad significó un logro, pero es una atención clamada por los indígenas desde hace más de una década.
Esto sucedió luego de que el pasado 22 de enero, mineros ilegales quemaron una churuata comunal – sitio sagrado para las etnias-, viviendas en la comunidad de Puerto Unión y embarcaciones de transporte de los Ye’kwana en el Alto Ventuari de la Amazonía venezolana, «dejando a muchas familias sin hogar y empeorando la crisis humanitaria», de acuerdo a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia).
«Hay una valoración de las pérdidas, las cuales están siendo cuantificadas por la comisión de diálogo entre la Gobernación del estado, las instituciones y las organizaciones indígenas que está asistiendo a las comunidades», indicó el profesor y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar.
Venganza contra indígenas
Las brutales acciones de los mineros fueron una respuesta a las acciones de los pueblos el 20 y 21 de enero, enmarcadas en un operativo denominado «Plan Parú», cuando alrededor de 90 indígenas, en coordinación con organizaciones locales (Organización Ye’kwana del Alto Ventuari, Unión Makiritare Alto Ventuari y los Guardianes Territoriales Ye’kwana) expulsaron a los mineros ilegales estacionados en el alto río Paru.
«En una acción pacífica, inhabilitaron cinco máquinas de extracción de oro, evitando confrontaciones directas», relató el Programa de Promoción de Derechos Indígenas Wayamoutheri en una publicación de Instagram.
La comunidad tenía el objetivo de defender su hogar y «sanear su territorio de actividades ilegales que destruyen el ambiente y contaminan las aguas», tomando en cuenta que la minería está prohibida en Amazonas desde 1989 a causa del Decreto Presidencial Número 269, para preservar y conservar los recursos naturales de la región.
Llamados repetidos al gobierno
El 22 de enero, Ye’kwanas de Tencua realizaron un pronunciamiento en redes, «tras haber agotado todas las vías», donde se dirigieron a Nicolás Maduro para solicitar la activación y presencia de autoridades, como el Ministerio Público, para atender la situación que viven a raíz del extractivismo aurífero.
Mencionaron que durante los incendios hubo heridos, entre ellos una mujer embarazada que fue agredida físicamente. «Buscamos una solución antes de que ocurra una tragedia mayor, como pérdidas humanas (…)» y reiteraron su rechazo a la minería ilegal en su tierra.
El 28 del mismo mes, hubo un pronunciamiento con otros representantes donde se recalcó que denunciaron repetidas veces la situación ante la Fiscalía durante 2024, sin recibir respuesta, y que mientras se encontraban bajo asedio, fuerzas militares se hacían la vista gorda.
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