Violencia en América Latina: 120 defensores de la tierra fueron asesinados en un año
El país más mortífero para los defensores de derechos ambientales fue Colombia, con 48 muertes, casi un tercio del total mundial, seguida de Guatemala con 20 y México con 19
Al menos 146 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados o desaparecieron en todo el mundo el año pasado, y 120 de esos casos ocurrieron en América Latina, indicó un reporte de la organización ambientalista Global Witness divulgado este miércoles 17.
“Año tras año, los defensores de la tierra y el medio ambiente, quienes protegen nuestros bosques, ríos y tierras, siguen enfrentándose a una violencia atroz. Son perseguidos, acosados y asesinados, no por infringir las leyes, sino por defender la vida misma”, dijo Laura Furones, autora del informe.
Con las cifras confirmadas por la organización de derechos humanos y ambientales, el número total de defensores asesinados o desaparecidos entre 2012 y 2024 llega hasta al menos 2.253. América Latina y el Caribe ofrendó 1.619 víctimas (72%).
El país más mortífero para los defensores de derechos ambientales fue Colombia, con 48 muertes, casi un tercio del total mundial, seguida de Guatemala con 20 -se quintuplicaron esos asesinatos con respecto a 2023-, y México con 19.
En Brasil hubo 12 asesinatos de estos defensores, seis en Honduras, cuatro en Nicaragua y en Perú, tres en Ecuador, y uno en Argentina, Chile, República Dominicana y en Venezuela.
Disputas por la tierra
Furones ha explicado que los países latinoamericanos son ricos en recursos naturales y en ellos “los conflictos por la extracción de recursos y el uso de tierras a menudo derivan en violencia contra las personas que tratan de defender sus derechos”.
En la región más de dos tercios de las víctimas (82 de 120) estaban relacionados con disputas por el acceso a la tierra. Y en el mundo, 29 de los casos estuvieron vinculados con la minería e industrias extractivistas, ocho con la explotación forestal y cuatro con la agroindustria.
El informe sostiene que, a nivel mundial, si bien las estadísticas sobre asesinatos y desapariciones del año pasado son inferiores a las de 2023 (196 frente a 146), o al tope de 228 en 2020, parecen estar aumentando las tácticas alternativas para silenciar a los defensores, como los secuestros y la criminalización.
La criminalización ha crecido en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y la Unión Europea en los últimos años, con la introducción de nuevas leyes draconianas que dieron lugar a que los manifestantes ambientalistas recibieran sentencias duras y desproporcionadamente largas.
Las leyes existentes se utilizan como arma contra los defensores para reprimir su activismo, y los Estados los acusan de delitos como evasión fiscal o terrorismo.
Mientras tanto, los gobiernos no exigen responsabilidades a los causantes de los ataques contra defensores, lo que alimenta el ciclo de asesinatos sin consecuencias.
Y más allá de esos crímenes, persisten ataques no letales, pero sí precursores de una violencia luego más grave, como son las amenazas, el acoso, la criminalización y la violencia sexual, que han dañado la vida de muchos defensores.
Los impactos en el bienestar son menos visibles, pero profundos. La ansiedad, los ataques de pánico, los pensamientos suicidas o la depresión son comunes entre los defensores que viven con temor por sus vidas.
El desplazamiento forzado y el miedo a la violencia posibilitan una cultura del silencio, debilitando aún más los movimientos territoriales, ambientales e indígenas.
Por ejemplo, en Colombia muchos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes temen denunciar el daño ambiental infligido por las industrias extractivas, especialmente aquellos defensores que operan cerca de grupos armados y dentro de zonas de conflicto.
Casi un tercio de todos los casos registrados en el mundo por Global Witness estaban relacionados con el crimen organizado. En lugares como la Amazonia impulsan violaciones de derechos humanos, deforestación y corrupción institucional.
Los Estados también son perpetradores activos de violencia, con las fuerzas armadas, la policía y otras entidades gubernamentales vinculadas a 17 de los asesinatos.
En algunos casos la investigación de las represalias contra los defensores se complica aún más por las frecuentes conexiones entre el crimen organizado, el gobierno y los intereses corporativos, en distintas regiones del mundo.
Para la región un foco de esperanza está en el Acuerdo de Escazú, adoptado en esa ciudad de Costa Rica en 2018, firmado por 24 países y ratificado por 18, y el cual pauta acceso a la justicia ambiental y a un medio ambiente sano y sostenible, incluida la protección de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental.
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