Violencia político-electoral en Venezuela deja 63 víctimas entre marzo y junio de 2024
La mayor cantidad de hechos victimizantes –como detenciones arbitrarias, inhabilitación, sanciones fiscales, amenazas, órdenes de aprehensión, allanamientos y víctimas procesadas jurídicamente– se registraron en el mes de junio de 2024, durante la campaña electoral. Hubo 25 víctimas y 14 hechos victimizantes, de los cuales casi todas fueron realizados por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado venezolano
ARI – PARES
La Alianza Rebelde Investiga (ARI) –conformada por los medios venezolanos El Pitazo, RunRun.es y TalCual– realizó la recolección y procesamiento de datos sobre violencia político-electoral en Venezuela junto a la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) de Colombia. Durante la investigación, que abarca los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2024, se registraron 63 víctimas de 39 hechos asociados de violencia político-electoral.
Para los registros de este estudio se consideraron como hechos de violencia político-electoral los casos de detenciones arbitrarias, inhabilitación, sanciones fiscales, amenazas, órdenes de aprehensión, allanamientos y víctimas procesadas jurídicamente.
En una primera etapa, entre el 5 de marzo y el 25 de mayo de 2024 se presentó una víctima de violencia político-electoral cada dos días en Venezuela. Además, se registraron alrededor de dos hechos victimizantes y tres víctimas por semana.
De acuerdo con la Fundación PARES, la violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que puede ser aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo en represalia al uso de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral.
De las 38 víctimas registradas hasta el 25 de mayo, 17 pertenecen al grupo político de la oposición que lidera María Corina Machado. En el mismo no se habían encontrado posibles víctimas de violencia político-electoral que hagan parte de los partidos oficialistas o del bloque de gobierno de Venezuela. Las 21 víctimas restantes no han podido ser identificadas como parte de algún grupo político.
Para el mes de junio, no se registró ningún hecho de violencia político-electoral contra el candidato, miembro de partido, miembro de comando de campaña o dirigentes oficialistas. Sin embargo, aumentaron los hechos victimizantes y afectados que forman parte de la oposición.
Hubo 14 hechos, que dejaron un saldo de 25 víctimas. Esta cifra supera a la de marzo, que con 9 hechos y 14 víctimas se había convertido en el más violento reseñado en este informe.
Asimismo, los hechos victimizantes se registran en 18 de los 24 estados de Venezuela. En los últimos 3 meses y 21 días, la mayoría de los hechos sigue concentrándose en el Distrito Capital con 7; en La Guaira con 5. En los estados Monagas, Delta Amacuro, Miranda y Portuguesa hay 3 en cada estado respectivamente. En los estados Aragua, Táchira y Falcón, 2. En 9 Estados se presentó solo un hecho de violencia político-electoral.
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Por otro lado, 95% de los hechos victimizantes fueron protagonizados por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. De marzo a junio, no se registraron víctimas que hagan parte de estructuras políticas o militen en alguno de los partidos del bloque oficialista de gobierno.
43 de las 63 víctimas hacen parte de la oposición en Venezuela, todas pertenecen a alguno de los partidos políticos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) o alguno de los partidos firmantes del Acuerdo de Barbados de octubre de 2023.
En los últimos 3 meses y 21 días, la mayor parte de la violencia ha sido ejercida por acciones institucionales en las que se han registrado 18 capturas, 16 órdenes de inhabilitación, 8 ejercicios de sanción fiscal, 8 amenazas, 7 órdenes de aprehensión, 2 allanamientos y 2 víctimas procesadas jurídicamente.
De esta forma, estos estudios de la Fundación PARES en conjunto con ARI, entienden que la violencia político-electoral en Venezuela es tanto un mecanismo de competencia electoral como una dinámica de control y generación de orden social, en la que las estrategias violentas utilizadas y categorizadas disciplinan al electorado desde el Estado.
Para la Fundación PARES, este reporte es un aviso a la comunidad internacional para alertar sobre “las escasas garantías que hay para la oposición y sus seguidores de participar en unas elecciones limpias en ese país”.
