¿Vivir con 16 dólares al mes?, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
La recurrente protesta de las personas jubiladas y pensionadas, se suma a la espiral de conflictividad social que caracteriza una coyuntura marcada por una horrorosa crisis económica en Venezuela. Si bien la demanda por trato digno es una constante de la población de la tercera edad presente también en países de la región y otros continentes, es sobre todo en Venezuela donde el salario mínimo como parámetro de base referencial perdió su esencia.
Es un estándar internacionalmente admitido que el salario y el ingreso mínimo vital, deben ser suficientes para vivir de manera digna. Por su parte, la idea de vida digna implica contar con una serie de condiciones indispensables para satisfacer distintas necesidades y disfrutar del bienestar. Por ello, a los tradicionales conceptos de riqueza y desarrollo económico, se incorporan como referencia, especialmente, los índices de calidad de vida. En otras palabras, no se trata sólo de la productividad asociada a los niveles de comercialización, facturación e intercambio financiero, movimientos bursátiles y reservas en oro. Ni es la concentración de personas multimillonarias por país.
La calidad de vida es, significa, para toda la gente, acceso a la alimentación, salud, agua, vivienda, trabajo digno, seguridad social, ambiente sano, y al ejercicio de derechos culturales. Implica transporte y vialidad, electricidad, seguridad personal, comunicación telefónica y telemática, arte, felicidad, entre otros factores. Sin embargo, contar con estas condiciones, incluso en términos mínimos o básicos, requiere devengar mucho dinero en Venezuela, ya que la inflación las hace cada vez más difíciles y lejanas.
Con un salario mínimo que no garantiza acceder a esas posibilidades, se vienen produciendo daños irreparables y se deteriora la vida humana, en su sentido más amplio. Uno de los daños más dolorosos se les causa a las personas pensionadas y jubiladas, muchas de ellas solas, tristes. ¡Pobreza absoluta!
Como cuando hay una tormenta marítima, ancladas al salario mínimo, éste se llevó las pensiones y jubilaciones al fondo. Las pensiones se diluyeron. No importa cómo se llegó a obtener la pensión. Es decir, que da lo mismo si es por vejez o incapacidad. Tampoco tiene valor haber obtenido una jubilación en algún organismo público, bien sea de la administración central, entes descentralizados, con autonomía funcional, gobernaciones, alcaldías, fundaciones, etcétera. No importa que obedezca al tiempo de servicios o a los mecanismos especiales implementados durante los procesos de reestructuración (léase “jubilaciones especiales”). ¡Si el salario mínimo es de 16 dólares, las pensiones y jubilaciones ancladas a este patrón, equivalen a medio dólar diario!
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Alguien podría preguntarse cómo se llegó ahí. Igualmente, habrá quien opine que no es sólo un mal de Venezuela. Lo cierto es que los sistemas de seguridad social son tan diversos como posibilidades tienen las economías nacionales para sustentarlos. En nuestro país, había uno de tipo contributivo, que, gracias a la renta petrolera y a las políticas populistas de diversos gobiernos, todas éstas con una visión de corto plazo, se complementó con el modelo asistencialista. Lo que quiere decir que, en nuestra historia reciente, hace tiempo pervive la crisis en materia de seguridad social. Una problemática de carácter estructural que exige al gobierno un esfuerzo real y responsable con la vida de la población. Las y los viejitos, uno de los sectores más vulnerables de la población.
Hace 30, 25, 20 años, gracias a una mejor paridad cambiaria del bolívar respecto al dólar, la clase trabajadora venezolana que hoy está viviendo su etapa de la tercera edad, cotizó a la seguridad social. También cotizaron los entes empleadores que no evadieron su obligación. Por ello, el capital que se acumuló, expresado en dólares, es mucho mayor a las cantidades que en bolívares devaluados se está distribuyendo actualmente. Tanto trabajar, dice mucha gente, para cobrar esta miseria…
En el caso de todo el sector público, los estudios actuariales –que se realizan, entre otras razones, para medir y cuantificar impactos y riesgos de las políticas gubernamentales– al parecer, no consideraron algunas variables. ¿Entre ellas, el tan anunciado pero temido y no se sabe si real, bloqueo del imperio? Lo cierto es que se jubiló a miles de personas hace escasamente década y media o dos, para no ir más atrás, por ahora, en el análisis de las políticas de depuración revolucionaria que hizo el chavismo, en la llamada burocracia del Estado. A ello hay que sumar las jubilaciones ordinarias por años de servicio. En teoría, tanto las extraordinarias como las regulares, se iban a financiar con un presupuesto nacional petróleo – dependiente. Ese presupuesto nadie lo conoce, no se publica en la Gaceta Oficial, ni se audita.
También en teoría, y como es sabido, el modelo de seguridad social basado en el concepto del estado de bienestar, posee un sistema contributivo donde la institucionalidad se encarga de recaudar las cotizaciones de las personas que trabajan y el aporte de sus entes empleadores. Según ese esquema, se distribuye el capital dinerario acumulado, mediante el pago de un ingreso mensual a las personas físicas que reúnen los requisitos de ley para optar por la pensión de vejez. En el caso de la incapacidad, la pensión se calcula conforme a porcentajes que determinan los instrumentos aplicables y, de manera similar, siempre según cada normativa, funciona la pensión para personas sobrevivientes.
Así las cosas, el anclaje al salario mínimo representa el piso para las pensiones y jubilaciones en Venezuela. De hecho, el artículo 80 de la constitución establece que no puede ser inferior al salario mínimo urbano, mientras que el artículo 91 pauta que el salario debe ser suficiente para “…vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. El Estado garantizará (…) un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.” Nicolás: la conversión actual del signo monetario venezolano al dólar, lleva el salario mínimo urbano a 16$ mensuales, por lo que las pensiones y jubilaciones calculadas a ese monto, así como las asignaciones asistencialistas, simplemente matan de hambre a millones de personas.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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