Vladimir Putin y la CPI: qué viene después de la orden de arresto
Es la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de uno de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El profesor en derecho penal internacional Simón Gómez Guaimara destaca que, de acuerdo al avance de la investigación fiscal contra Vladimir Putin, es posible que se incorporen otros delitos a la acusación
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el 17 de marzo dos primeras órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, una de ellas contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas ucranianas a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, la norma que rige a esta instancia judicial.
Su responsabilidad individual se debe a su papel como jefe de Estado, por «haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros» o por «no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control y autoridad efectiva», según la Corte.
Es la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de uno de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Rusia no es miembro del tribunal porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Retiró su firma en 2016 tras anexionarse el territorio de Crimea.
Ucrania tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma, pero reconoció la jurisdicción de la Corte para investigar los crímenes de guerra dentro del país. Esto permite a la CPI procesar a ciudadanos rusos, incluido su presidente, por delitos cometidos en Ucrania.
Los crímenes por los que se acusa a Putin y también a María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, se cometieron presuntamente desde el 24 de febrero de 2022, fecha del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, dejó en claro en un comunicado que debe garantizarse que «los responsables de presuntos delitos rindan cuentas y que los niños sean devueltos a sus familias y comunidades
El profesor de derecho internacional Simón Gómez Guaimara explica que, según el Estatuto de Roma, lo que seguirá después de esta orden de detención «es la comparecencia, entrega o puesta a la orden de la Corte de la persona solicitada, que sabemos es Vladimir Putin y la encargada de la infancia de la Federación rusa».
La continuación del proceso judicial depende de su presencia, señala Gómez Guaimara, «bien porque comparece voluntariamente o porque ha sido entregado. La primera circunstancia la veo improbable, sino imposible, de que Putin concurra a la Corte. La otra es ponderable, porque depende de cómo se desarrollen las circunstancias. Es poco probable que la Federación rusa entregue a su jefe de Estado y es aún mucho más difícil que otro Estado parte del Estatuto de Roma lo detenga».
Esa detención de Putin por un Estado parte implica que Putin salga de Rusia. La última vez que el mandatario ruso estuvo fuera de territorio ruso fue en julio de 2022, cuando se trasladó a Irán para firmar una serie de acuerdos y sostener reuniones con otros presidentes como Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Los Estados miembros de la CPI están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos.
De lograr la detención de Putin, comenta el profesor universitario, el juicio iniciaría con una audiencia de confirmación de cargos, un proceso extenso y complejo. «Antes de eso puede ocurrir que la persona se oponga a la admisibilidad del proceso, lo cual generaría una incidencia, pero esto es siempre que la persona esté a derecho».
También señala que es «perfectamente posible» que existan otras órdenes de arresto contra otros funcionarios rusos, incluso por estos mismos delitos de deportación ilegal de población y traslado a la potencia ocupante. «Es posible que el fiscal haga nuevas solicitudes a la Sala de Cuestiones Preliminares II para emitir otras órdenes de arresto».
Otra cuestión es que de acuerdo al avance de la investigación fiscal se incorporen otros delitos. Gómez Guaimara argumenta que «los crímenes de guerra que hemos visto con asombro en esta parte del mundo, y que han sido denunciado por organizaciones serias, como ataques indiscriminados contra población civil o el contexto específico de niños que han sido forzosamente trasladados, también es posible que puedan acreditarse bajo la ocurrencia del crimen de genocidio».
