Volaron 662 millones de dólares, por Teodoro Petkoff
Mientras la atención pública se concentra en las vicisitudes políticas y judiciales que vive el país, fuera de los reflectores mediáticos van quedando las singulares operaciones financieras que adelanta el gobierno y que, como las de Nóbrega en su época, dejan una estela capciosa, por la absoluta opacidad que las caracteriza. Pero el olor a guiso es muy penetrante.
El 29 de octubre pasado el presidente del Bandes, Edgar Hernández Behrens, se sintió obligado a emitir una declaración puntualizando que no era cierto que el organismo que dirige hubiese vendido a algunas instituciones financieras unos papeles de deuda venezolana que el banco tenía en su cartera, sino que el comprador de esos papeles, denominados en dólares, por un monto de 662 millones, había sido el Ministerio de Finanzas. ¿A qué venía esta aclaratoria? Muy sencillo: anteriormente, fuentes vinculadas al sector financiero y a MinFinanzas informaron que varios bancos habían adquirido del Bandes esos papeles, conocidos como “notas estructuradas”. Esto sugería, ni más ni menos, que el Bandes habría estado involucrado en una operación en la cual algunos bancos recibieron esas “notas estructuradas” a un precio implícito de unos 2.300 bolívares por dólar, cuando para la época en el mercado negro el precio de aquellos fluctuaba entre 2.500 y 2.700.
Multiplíquese, grosso modo y sin demasiadas exquisiteces sobre descuentos y etc, los 662 millones de dólares por la diferencia de precios y se podrá tener una idea de la jugosa salsa de este guiso.
Hernández Behrens, quien sintió amenazada su reputación de funcionario no sólo eficiente sino íntegro, aclaró que el Bandes había vendido las “notas estructuradas” al Ministerio de Finanzas y no a instituciones financieras privadas. “El uso posterior de estos instrumentos por parte del Ministerio de Finanzas es ajeno a la gestión del Bandes”, concluía su comunicado, añadiendo, crípticamente, que desconocía qué había hecho Finanzas con esos papeles y que “esa información sólo la pueden suministrar el titular de Finanzas, la tesorera nacional y el director de crédito público”.
El turno al bate fue para Merentes. Se vio obligado a reconocer, el 2 de noviembre, que lo dicho por Hernández Behrens era cierto y que había sido su despacho el que adquirió las “notas estructuradas”, pero ya las había vendido directamente a algunos bancos locales.
O sea, pues, que sin subasta alguna, sin los avisos necesarios, en una operación dedocrática, el Ministerio de Finanzas, la Tesorería Nacional (cuya titular, coincidencialmente, es la esposa del ministro de la Defensa) y el director de crédito público condujeron una venta de bonos por 662 millones de dólares, dejando en el aire varias preguntas de las cuales ni Clodosbaldo ni Isaías se han ocupado: ¿Cómo fueron seleccionados los compradores?
¿Quiénes fueron? ¿A cuenta de qué unos sí y otros no? ¿Cuál fue el método para establecer el precio? ¿Quién se embolsilló el diferencial?
En todo caso, dentro del régimen de control de cambios, algunas instituciones financieras recibieron papeles por 662 millones de dólares, que se fueron cantando alegremente fuera del país; para ellos no había prohibición de salida.
