Walter Márquez: «La repatriación no exime de responsabilidades penales a Nayib Bukele»
El defensor de derechos humanos Walter Márquez valoró positivamente el canje que «puso fin al sufrimiento de los afectados», aunque señaló que «los daños morales, espirituales y materiales» contra estos venezolanos, incluyendo 10 hombres oriundos del estado Táchira, son «incalculables»
Tras conocerse la repatriación de 252 migrantes venezolanos que se encontraban encarcelados en El Salvador, el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, manifestó que esta liberación –lograda a través de un canje diplomático y político– representa un alivio inmenso para las familias, pero no exime de responsabilidad al gobierno de Nayib Bukele.
«La encarcelación de estos ciudadanos venezolanos constituyó un grave crimen, equiparable a torturas, tratos inhumanos, y desaparición forzosa, una serie de crímenes tipificados en el Artículo 7.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional», afirmó el defensor de derechos humanos.
Aunque valoró positivamente este canje que, señaló, «puso fin al sufrimiento de los afectados», el abogado dijo que «los daños morales, espirituales y materiales» contra estos venezolanos, incluyendo 10 hombres oriundos del estado Táchira, son «incalculables».
«Esta situación generará la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño ante la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos», dijo.
Walter Márquez manifestó que los familiares de los 10 tachirenses, así como del resto de los venezolanos afectados, demandarán reparaciones e indemnizaciones por los daños morales y materiales causados por lo que califican como una encarcelación arbitraria, una deportación, secuestro o desaparición forzosa.
Estos 252 migrantes fueron detenidos por Estados Unidos y enviados en marzo de este año a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador. El gobierno de Donald Trump invocó una Ley de Enemigos Extranjeros y afirmó que este grupo de venezolanos pertenecía al Tren de Aragua, declarada como organización terrorista un mes antes.
Diferentes grupos de derechos humanos y abogados denunciaron las violaciones de derechos humanos a las que fueron expuestos. Por su parte, la Corte Suprema de El Salvador negó diversas peticiones para conocer los nombres, lugar de reclusión y bajo qué estatus legal se encontraban los 252 venezolanos en ese país.
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