¿Y después de las Megaelecciones qué?, por Víctor Álvarez R.
Twitter: @victoralvarezr
Las elecciones regionales generan muy poco interés. Son los comicios que registran menor participación. Si el país descontento acude a votar, crece la probabilidad de derrotar a los candidatos oficialistas. Al gobierno no le interesa una participación masiva que lo barra, sino una participación bajo control que legitime el resultado sin poner en peligro su victoria.
El porcentaje de participación en las megaelecciones del 21-N puede llegar al 50% del padrón electoral. Con su maquinaria, el PSUV puede movilizar la mitad, equivalente al voto duro de respaldo que recibe en las encuestas. El otro 25 % se los disputarían a partes iguales los candidatos de la Alianza Democrática y la Plataforma Unitaria. Al dividir el caudal electoral del país opositor, con 15-20 % de los votos que logre sacar el candidato mejor votado, facilitará el triunfo de los candidatos oficialistas por un margen fuera de discusión.
Un triunfo del gobierno con 50 % de participación legitimará el resultado electoral. Por eso, el día de los comicios, el ventajismo oficialista se cuidará de no ir tan lejos y evitar que sus militantes más fanáticos cometan escandalosas irregularidades que lleven a cuestionar nacional e internacionalmente un resultado que ya está cantado.
La falta de un mensaje movilizador
Las encuestas registran un alto rechazo al liderazgo político. Los insultos cruzados entre los candidatos de la Alianza Democrática y la Plataforma Unitaria dejan la impresión de que están más interesados en destruirse entre ellos mismos que en derrotar a los candidatos del gobierno. Escándalos como los de Monómeros, Citgo y la gestión de la ayuda humanitaria enlodan a la oposición
Los partidos políticos están muy cuestionados. Su lucha se enfoca en mejorar las condiciones electorales y restituir sus derechos políticos, más que en los derechos sociales. Las exigencias de los partidos son de mucha relevancia e interés, pero lo son sobre todo para sus candidatos y no tanto para una población azotada por la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad.
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La oposición abstencionista sembró en el mapa mental del país la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en la farsa electoral es legitimar la dictadura”. El voto ha perdido valor como instrumento de cambio y esto es funcional al gobierno. Motivar a los electores exige una comunicación política eficaz que restaure el daño que causó el boicot de la oposición abstencionista en la confianza en el voto y en la vía electoral.
Si los candidatos son unos mediocres, unos impresentables, con una oferta electoral poco atractiva, los electores no se sentirán estimulados a votar. La abstención ha demostrado su ineficacia para provocar los cambios políticos que el país exige. Por el contrario, pone a ganar a los candidatos del gobierno. Si no se logra capitalizar electoralmente el 80 % del malestar nacional, la dispersión del país opositor y la abstención convertirán en mayoría a la minoría oficialista.
En las municipales de 2017, la abstención trajo como consecuencia que el PSUV ganara 306 alcaldías de un total de 335. Los partidos opositores que participaron obtuvieron apenas 29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de concejos municipales de 2018, en las que el oficialismo ganó el 76% de los 2.459 cargos de concejales.
El pretexto de la falta de condiciones electorales
El deterioro de las condiciones electorales ha sido la maniobra del gobierno para provocar un nivel de abstención que lo ponga a ganar. Un gobierno autoritario –que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención– no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. Pareciera, entonces, que no se pueden esperar condiciones electorales ideales y, en adelante, habrá que prepararse para competir en condiciones alejadas de los estándares internacionales.
A pesar del avance que significó la incorporación al CNE de dos rectores principales y tres suplentes en los que se siente representado el país descontento y opositor, todavía persiste un desequilibrio a favor del oficialismo en la estructura y funcionamiento del poder electoral, el cual facilita interpretaciones parcializadas o cambios acomodaticios en las reglas de la competencia electoral.
El régimen no actúa con ingenuidad. Hará concesiones pero seguirá haciendo lo que esté a su alcance para erosionar la competitividad de sus adversarios, desde el uso indebido de fondos públicos para el financiamiento de las campañas de los candidatos oficialistas, hasta la imposición de protectorados o gobiernos paralelos que vacían de funciones a gobernadores y alcaldes de la oposición, pasando por la redistribución arbitraria de los centros de votación.
Está claro que la estrategia del gobierno es el deterioro de las condiciones electorales, pero esta también ha sido utilizada por la oposición como un pretexto para justificar su incapacidad de llegar a acuerdos unitarios.
Las condiciones electorales en las que transcurran las Megaelecciones del 21-N serán el punto de partida para seguir mejorando las condiciones en los comicios que están constitucionalmente programados.
Estas son apenas el primer paso de un proceso más largo hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano. Para asegurar unas presidenciales a tono con los estándares internacionales, aún queda pendiente:
- Depurar y actualizar el Registro Electoral Permanente (REP)
- Garantizar el derecho al voto de los migrantes.
- Reinstitucionalizar la estructura funcional del Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Liberar presos políticos.
- Rehabilitar líderes opositores anulados por maniobras de la Contraloría.
- Elecciones internas en los partidos para devolverlos a sus verdaderos líderes.
- Auditorías del sistema automatizado, máquinas captahuellas y de votación, sistema de transmisión y totalización, etc.
- Observación nacional e internacional en todo el proceso electoral y no sólo el día de los comicios.
- Garantizar equidad en el uso de medios de comunicación públicos.
Víctor Álvarez es economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias.
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