Zapatero y Samper los embajadores de las dictaduras, por Tulio Álvarez
Quiero aclarar desde la primera línea que el único objetivo de este artículo es propiciar una declaratoria de la Asamblea Nacional de Venezuela como persona non grata que elimine la posibilidad de intermediación o cualquier forma de intervención por parte de José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper en el conflicto venezolano. Esta pretensión no deriva de antipatías personales o prejuicios ideológicos. Al contrario, es consecuencia de una posición dirigida a admitir diversas posibilidades para presionar un acuerdo político, entre factores democráticos, validado por la única institución con legitimidad que aún subsiste en nuestro país. Me refiero precisamente al Parlamento.
La declaratoria en si misma
No pretendo aquí la materialización de un acto basado en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, típico en el marco de las relaciones internacionales cuando un Estado, sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunica a otro que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. La fórmula que propongo se circunscribe a que la directiva de la Asamblea Nacional incluya en agenda la aprobación de un acuerdo, debidamente motivado, en el cual desarrolle los antecedentes e intervenciones de ellos, explique la imposibilidad de una solución negociada en cualquier escenario en los que intervengan y apruebe la declaratoria como persona non grata.
Pero ese acto político del cuerpo de representación popular, además de inhibir toda participación de estos personajes, tiene un sentido punitivo. Al declararlos como persona non grata se podría transmitir el grave daño que han causado, reflejar el máximo nivel de menosprecio del pueblo venezolano, destruyendo así cualquier expectativa de seguir utilizando la tragedia nacional como negocio transnacional con epicentro en República Dominicana.
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Se trata, nada más y nada menos, de lo que puede denominarse como “pote económico” de los beneficiarios múltiples de la corrupción venezolana. Así financian el lobby internacional que garantiza la permanencia en el tiempo del régimen de Maduro. El mismo conglomerado que coordina Jesús Barderas, socio político y económico de líderes del PSOE.
La carga de almagro
Considero que otro trabajo pendiente de la Asamblea Nacional es aligerar el tremendo peso que viene arrastrando Luis Almagro en su lucha por los derechos humanos y la restauración democrática en Venezuela. El secretario general de la OEA, ante tanta babosada de Zapatero se vio obligado a darle una calificación que, necesariamente, debe estar en el futuro Acuerdo de la Asamblea Nacional: “Ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura”. Y lo hizo dándole el beneficio de buena fe porque “el señor Zapatero tiene un problema muy grande de comprensión. Mi consejo, es un consejo nada más: que no sea imbécil. Es un consejo importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien”. Y digo que es un beneficio porque no utilizó el argumento del negociado y la corrupción, factor primario en las gestiones de Samper y Zapatero. Se limitó al de la imbecilidad.
En ese preciso momento, se debió producir un pronunciamiento del Parlamento descalificando a estos traficantes. O quizás antes, cuando el socialista español afirmó en Brasil que la “intensificación en los últimos tiempos de esa emigración a otros países tienen mucho que ver las sanciones económicas impuestas por los EEUU y que han sido respaldadas por algunos gobiernos”. ¡Máxima canallada! Resulta que la más desastrosa crisis moral, social, económica y política de cualquier país en América Latina no es el producto del saqueo de los depredadores rojos sino el resultado de sanciones contra los personeros de un régimen signado por la corrupción, la sistemática violación de los derechos humanos más elementales, el narcotráfico y el terrorismo.
En cuanto a Samper, su desprestigio es de tal magnitud que su rol se ha limitado a hacer de corista de Zapatero, no sé si bien pagado. Son dos sus misiones. La primera, apuntalar el soliloquio masturbatorio (Jorge Rodríguez, genitori) que llama a un diálogo como única salida, a pesar de que su paisano Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, afirmó ante las águilas americanas que “todas las opciones deben estar sobre la mesa para afrontar la crisis en Venezuela”- La otra, tarea hercúlea, convencer al presidente colombiano Iván Duque de sentarse a hablar con Maduro. Si logra esto último, se ganó su jornal. De alguna forma nuestro Parlamento debe poner lo suyo y el Acuerdo es excelente decisión para reasumir la iniciativa.
Intervención de la transnacional del crímen
En 1995, Croacia declaró a Carl Bildt persona non grata bajo el argumento de que él había perdido la credibilidad necesaria para el rol de mediador de paz por sugerir que el presidente croata Franjo Tuđman estaba implicado en crímenes de guerra. Y lograron el objetivo de alejarlo de los acuerdos. La declaratoria es un recurso político y, créanme, puede ser de máxima utilidad. Por ejemplo, los comunistas son muy hábiles en su uso. ¿Quieren un ejemplo reciente? ¿Tienen mala memoria?
En 2017, inmediatamente después de la memorable jornada del 16 de julio, Maduro declaró a los líderes latinoamericanos que actuaron como observadores del referendo (Vicente Fox, Andrés Pastrana, Jorge Quiroga, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez) como persona non grata. Los llamaron “políticos sicarios”, “payasos” y “mercenarios”. Al expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y al expresidente español Felipe González también los calificaron no gratos por reclamar un juicio justo para los políticos encarcelados en Venezuela. Antes y después de esas agresiones, la transnacional de la corrupción que sostiene a este régimen ha intervenido abiertamente en Venezuela; ya sea militarmente (Cuba) o a través de los embajadores de la dictadura, con ingentes recursos económicos. Y entonces, ¿Qué se espera para devolver el golpe?
Zapatero y Samper son corresponsables de los crímenes de lesa humanidad que aquí se cometen diariamente. Tendrán varias condenas. Entre ellas una vitalicia, el desprecio universal. Culmino recordando que el expresidente Quiroga, al enterarse de la declaratoria en su contra afirmó: “Agravios, insultos y descalificaciones de regímenes dictatoriales como el de Maduro son medallas democráticas. Las voy a atesorar para siempre”. Así sea.
