Estafa a la nación, por Carolina Gómez-Ávila
Autor: Carolina Gómez-Ávila | @cgomezavila
Se puede prometer algo por error, pero los errores son reconocibles con facilidad. Como son involuntarios, brotan súbitos sobre aspectos elementales que los hacen notorios; la paradoja es que eso mismo los hace excusables sin mayor esfuerzo ni consecuencias.
Pero si la intención ha sido engañar, inducir a otros a aceptar algo inconveniente, conducirlos a una decisión perjudicial para sí mismos bajo supuestos errados, se llama dolo.
El dolo, definido por Andreas von Tuhr, es «la conducta que intencionalmente provoca, refuerza o deja subsistir una idea errónea en otra persona, con la conciencia de que ese error tendrá valor determinante en la emisión de su declaración de voluntad».
Es dolo presentar la oferta de dolarizar como si ella sola pudiera corregir las escandalosas distorsiones de la macroeconomía venezolana. Se omite -a sabiendas, y esto es lo grave- que la ofrecida panacea no servirá de nada si no se acompaña de severas políticas fiscales, de manejo de la deuda pública y de otras monetarias, laborales y de estímulo a la producción.
Es dolo ofrecer como atractivo un sueldo de 79 dólares mensuales. ¿Por qué? Porque se omite revelar cuánto tendremos que pagar por los servicios fundamentales que encarecen el costo de todo de manera directa o indirecta.
¿O es que el grotesco subsidio a la gasolina no se va acabar? Y en vista del colapso del sistema eléctrico -ya pase a ser privatizado o continúe siendo público- ¿cuántos dólares nos costará mensualmente la electricidad? ¿El agua? ¿La telefonía fija y celular? ¿Y el transporte público? ¿Qué me dicen de internet y de la televisión por cable, son un lujo? ¿La atención médica podrá seguir siendo gratuita? Me he quedado en los servicios básicos sin llegar a la comida y el vestido, ¿de verdad cree usted que alcanzarán los cacareados 79 dólares para algo más de lo que alcanza ahora el sueldo mínimo?
A modo de referencia, 79 dólares mensuales equivalen a 2,63 dólares diarios, un monto que en EEUU -con suerte y ofertas- no alcanza para comprar dos galones de gasolina ni dos cafés con leche baratos. Creer que ganar dólares es ganar muchos dólares, es la primera fantasía que debe ser desterrada de la mente de la población.
Pero la oferta de la dolarización es aún más dolosa porque omite el trámite legal -y por lo tanto político- imprescindible para ponerla en práctica: El artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que nuestra unidad monetaria es el bolívar, ninguna otra.
Este artículo forma parte de un capítulo dedicado al régimen fiscal y monetario en el que se constitucionaliza la autonomía y exclusividad en la materia (con algunas coordinaciones con el Fisco Nacional y el Fondo de Estabilización Macroeconómica) del Banco Central de Venezuela, dejando claro que el mismo “no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo”.
También establece nuestra CRBV que el presidente del BCV es designado por un período de 7 años por el presidente de la República (y que debe ratificado por la Asamblea Nacional) por lo que considero prudente tener presente que el actual fue designado en octubre de 2017.
Aún falta: no se habla -con intención de engañar- del tiempo que tendría que esperar el agonizante y hambriento pueblo de Venezuela que depositara su confianza en esta ilusión fallida.
Mientras los adeptos de Falcón defienden la propuesta de dolarizar a la voz de “el hambre no espera”, el artículo 343 da potestad a la Asamblea Nacional para tramitar cualquier iniciativa de reforma constitucional a través de tres discusiones que pueden durar hasta dos años y que, para aprobarla, será necesaria la mayoría calificada (sí, las dos terceras partes que nos arrebató inconstitucionalmente el TSJ). Y después de eso debería ser sometida a referendo.
Dolarizar es imposible si antes no se realiza una lenta, compleja y peligrosa reforma constitucional, que puede implicar unas delicadas disposiciones transitorias o la necesidad de esperar, además, la promulgación de una nueva Ley del Banco Central de Venezuela. Pero también esconde otro tipo de riesgos.
Hasta aquí he echado un vistazo a lo más evidente del engaño económico y legal involucrado en la oferta de la dolarización, pero no he incluido las implicaciones políticas que todo ello acarrearía: ¿Querrá una porción importante de la población que ese eventual referendo aprobatorio se realice “con otro CNE”? ¿El actual presidente del BCV, su directorio y los factores de poder relacionados, colaborarán gustosos con la confiscación de sus facultades para que prospere esta reforma? ¿Sería realmente la AN la que adelantaría este trámite o lo haría la írrita ANC? ¿Y si la ANC aprovecha el lance para revivir su proyecto de una nueva Constitución en la que se contemple la tal dolarización pero que también se acabe con el sistema republicano en favor de su anunciado Estado Comunal? Dolarizar puede ser la última excusa para que nos conculquen las pocas libertades y estructura legal que nos quedan.
Los venezolanos que vemos los engaños y graves riesgos escondidos en la propuesta de la dolarización, estamos en el deber ciudadano de alertar al resto: ¡Bajo el grito de “el hambre no espera”, la campaña de Henri Falcón esconde una cruel estafa a la nación!