Víctor jara y la justicia que no prescribe, por Marta de la Vega
@martadelavegav
Hoy, en 2018, brilla la justicia después del crimen cometido hace 45 años, el 16 de septiembre de 1973, en el primer campo de concentración de la dictadura militar de Pinochet que fue el Estadio Chile, de Santiago, contra el gran cantante, valiosa figura de la cultura popular, profesor universitario y guitarrista, Víctor Jara. Fue trasladado junto con profesores, estudiantes y personal de la Universidad Tecnológica de Chile al emblemático lugar que hoy lleva su nombre. Al ser reconocido, Víctor Jara fue brutalmente golpeado; sus verdugos le destrozaron las manos y lo asesinaron con 44 impactos de bala, por ser un emblema de las luchas sociales progresistas, muy querido y respetado a través de su música no solo en su país sino en toda América Latina. La crueldad y ensañamiento con los cuales fue torturado mostró el importante impacto que tenía el artista, pero también que pudiera servir de ejemplo a quienes presenciaron el hecho para paralizar cualquier protesta e implantar el terror como mecanismo de dominación.
Dos logros significativos de esta sentencia histórica son, uno, que ha sido vencida la impunidad y dos, que los crímenes de lesa humanidad, aunque tarde, van a ser siempre juzgados. Esta victoria constituye hoy en Chile un ejemplo de aplicación del derecho a favor de la justicia como instrumento objetivo, transparente, imparcial, independiente y universal, en una sociedad civilizada y regida por principios democráticos, para reparar a las víctimas del terrorismo de Estado y de la violación de derechos fundamentales.
La sentencia en contra de los 9 militares del ejército, hoy retirados, muestra que no fue en vano luchar a pesar del tiempo transcurrido; que el poder judicial, entonces distorsionado y subordinado a Pinochet, se había convertido en un arma funcional de la dictadura y hoy, retomadas sus funciones y metas institucionales, despliega a plenitud legalidad y legitimidad.
Aunque menos conocido que el cantor Jara, también hoy la justicia chilena condena el crimen contra el joven abogado de 33 años en ese trágico momento, Littre Quiroga, defensor de derechos humanos, de trayectoria intachable como director del servicio de prisiones, quien, a pesar de estar en reposo médico el 11 de septiembre de 1973, al saber que era buscado por los carabineros, se presentó voluntariamente. Fue martirizado hasta la muerte, acusado de haber maltratado a un General; llevado al estadio, golpeado y torturado, se le asesinó en el sitio con 23 impactos de bala.
Con horror el mundo civilizado ha presenciado la violenta y brutal violación de derechos humanos fundamentales, persistente y sistemática en Venezuela».
Primero, durante las protestas a partir del 12 de febrero de 2014, jornada marcada por el asesinato vil de los jóvenes Basil Da Costa, en la manifestación pacífica frente a la sede de la Fiscalía por un funcionario de la policía política, Robert Redman, asesinado por un sujeto no identificado de un colectivo paramilitar motorizado protegido del régimen, que le disparó y mató en el sitio, al final de esa tarde en una concentración cívica en plena avenida Francisco de Miranda; y un dirigente colectivo del barrio 23 de enero y antiguo policía, este último muerto por uno de sus propios compañeros en la concentración a la que habían llegado supuestamente a defender al gobierno. Luego, en las protestas por la ruptura del hilo constitucional que se produjo con dos sentencias inicuas del TSJ que marcaron el inicio de protestas pacíficas, el 30 de marzo de 2017, despiadada y sanguinariamente reprimidas por el gobierno, responsable de los 130 muertos, homicidios que son crímenes de lesa humanidad, al igual que los 43 muertos del 2014 asesinados en el lapso de protestas.
Hoy Nicaragua, un país de casi 6 millones de habitantes, se desangra por la represión asesina, sistemática y delincuencial del ejército, policía y bandas paramilitares del gobierno tiránico de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Van más de 300 muertos y ataques vandálicos contra iglesias, sus prelados y objetos sagrados de fe religiosa de un pueblo mayoritariamente católico. Pero serán identificados todos los responsables en la cadena de mando, juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad, que no prescriben.
