12F de 2014: de cómo una investigación periodística desafió la versión del poder
Las muertes de Bassil Dacosta y Juan Montoya ese 12 de febrero de 2014, en el centro de Caracas, fueron analizadas por la unidad central de investigación de Últimas Noticias, que develó la participación de efectivos del Sebin en los hechos. A 10 años de estos hechos, las periodistas Tamoa Calzadilla y Lisseth Boon reflexionan sobre estos hechos y el reportaje, que les valió varios premios, entre ellos el Premio Gabo 2014
Foto de portada: Fernando Llano | AP
Entre el 16 y 23 de febrero de 2014, la extinta Unidad Central de Investigación del diario Últimas Noticias publicó una serie de reportajes que desafiaron la versión oficial sobre los asesinatos del estudiante Bassil Dacosta y Juan (Juancho) Montoya, líder de colectivos populares de Caracas y Vargas, durante las manifestaciones del 12 de febrero en el centro de Caracas. El propio gobernante Nicolás Maduro se vio obligado a reconocer entonces la participación de funcionarios del Sebin en los hechos.
La investigación inició tras la evaluación hecha por Juan Carlos Solórzano, jefe del departamento de videografía de ÚN, a cientos de imágenes –de fotógrafos del medio y amateurs– y decenas de vídeos que corrían por las redes y facilitaron personas que grabaron cerca del lugar. Detalle a detalle, se reconstruyeron esas horas de desorden y muerte un Día de la Juventud.
Bassil Dacosta cayó en la esquina Tracabordo, en La Candelaria, mientras se replegaba con varios jóvenes ante los disparos de funcionarios del Sebin y civiles armados. El joven manifestaba por primera vez y formó parte del grupo que, luego de que culminara la marcha ante la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, decidieron quedarse en el sitio.
Toda la zona estaba tomada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero el video y la serie de reportajes de Últimas Noticias da cuenta de civiles, a pie y en motos, que iban entre ambos bandos de la protesta.
Dacosta no fue el único de los muertos en el centro de Caracas. Minutos antes habían asesinado a Juan Montoya, en ese entonces coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, entre la esquina de Monroy y Trocadero, frente al edificio Doraloy.
«A Juan Montoya (Juancho) lo mataron con la misma arma con que asesinaron a Bassil Dacosta», así lo aseguró el presidente Nicolás Maduro. Incluso dijo que ambos asesinatos se registraron «con sólo 15 minutos de diferencia».
Las investigaciones policiales y posterior juicio demostraron –tal como lo dijeron los periodistas– que el disparo que mató a Dacosta provino del arma de los funcionarios del Sebin, en específico la que portaba José Ramón Perdomo Camacho, comisario adscrito a la Dirección de Inteligencia, «quien ejecutó la acción, actuando de sobreseguro, disparando por la espalda en contra de la víctima, quien además, no representaba ningún peligro para él, ni para el grupo de funcionarios en el sitio, lo que denota un actuar que evidencia desprecio respecto de la vida humana».
También se dejó por sentado en juicio que los oficiales de ese cuerpo recolectaron evidencia ese mismo 12F para tratar de esconder su participación.
En junio de 2014, se acordó pase a juicio al comisario jefe Manuel Benigno Pérez, al subcomisario Edgard Lara Gómez, al inspector Héctor Rodríguez Pérez, los detectives Jimmy Sáez Osorio y Jonfer Márquez, así como al PNB Andry Jaspe y el Sargento de tercera del Ejército Jonnathan Rodríguez Duarte, por los delitos de uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales suscritos por la república.
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En el caso de la muerte de Montoya se atribuyó a Hermenegildo «Hermes» Barrera Niño, quien lo sucedió en el Secretariado Revolucionario. El colectivo se entregó de forma voluntaria a las autoridades, en julio de ese año, tras una rueda de prensa donde afirmó que no tenía «responsabilidad penal» por su muerte. Incluso mencionó que se trataba de un «asesinato por encargo».
La periodista Lisseth Boon, que formó parte de esa unidad de investigación de Últimas Noticias, comenta que esta fue «una investigación en caliente. Se fue hasta el lugar de los hechos, hasta el 23 de enero donde se veló a una de las víctimas. Fue casi que hacer trabajo de balística. Todo el chequeo y verificación de datos, todo el acoplamiento que hubo con el trabajo audiovisual y la gran cantidad de vídeos recibidos».
En esto coincide Tamoa Calzadilla, que entonces dirigía el equipo investigador. Recuerda el trabajo de derrumbar pistas falsas, confirmar las identidades de ambos fallecidos, y obtener información en el sitio de los hechos, luego de que funcionarios del Sebin ya habían barrido con parte de la evidencia, para completar los reportajes.
Para Boon, esta serie de publicaciones marcó un hito y fue «rupturista» para el periodismo venezolano. «Es un reportaje que, hasta el caso de Alex Saab, fue el trabajo de investigación que tuvo mayor impacto en la historia del periodismo venezolano, por lo menos en los años chavistas, porque se logró torcer esa versión oficial donde se estaba acusando a Leopoldo López de ser el asesino de estas tres personas. Maduro tuvo, horas después de la publicación de este reportaje, cambiar su versión. Por primera vez se lograba».
Calzadilla – editora en jefe de Factchequeando– también destaca que esta fue una investigación clave, que no solo abrió una brecha en el relato oficialista, pues también sirvió para el juicio por la muerte de Dacosta y la defensa del dirigente político Leopoldo López, como dijeron sus abogados.
Además, Lisseth Boon señala que la actitud del oficialismo ante este tipo de trabajos, cuando se revelan temas de corrupción, derechos humanos o abuso de poder, «es el silencio. Esto se logró ventilar y se cambió su versión. Hubo allí un cambio en la sociedad y esto lo logró ese reportaje».
Calzadilla respalda esta visión y recuerda que Últimas Noticias se preciaba de tener un equipo de investigación que lograba develar hechos importantes, como sucedió también con la muerte del fiscal Danilo Anderson.
«Es bueno que a 10 años de esos acontecimientos se vea que el periodismo sirvió para algo, el periodismo haciendo la labor que debe hacer, sin dejarse censurar y con las herramientas que tiene, sobre todo la curiosidad y el compromiso de un grupo de periodistas, haya logrado que la gente conozca la verdad y algo de justicia», sentencia.
Otra de las cuestiones que destaca Boon –actualmente parte de la plantilla de Armando.Info– es que esta serie de reportajes se hizo en una semana, un periodo sumamente corto para cualquier investigación de largo alcance. Además se logró una sinergia, hasta esos momentos poco explotada en el medio venezolano, entre periodistas y redes sociales, un hervidero donde decenas de ciudadanos depositaron sus relatos, fotos y vídeos.
«El 12 de febrero no hubiera sido lo mismo sin las redes sociales y los teléfonos inteligentes, otra sería la historia. Esta vez logró ser escrita, verificada y comprobada por un medio, con todos sus periodistas en la calle, y con ese aporte de los ciudadanos (…) Todavía nos maravillamos de haber podido publicar ese día sobre un evento muy complejo», asegura.
2014, año crucial
Tamoa Calzadilla señala que hubo lecciones de todo tipo con esta investigación, especialmente sobre un trabajo de equipo multidisciplinario que involucró a periodistas, fotógrafos, videografía e infografía. El trabajo recogió sus frutos, pese a que ese grupo de periodistas se vio obligado a renunciar ese mismo año por las presiones: obtuvieron el premio nacional de periodismo de investigación IPYS Venezuela 2014 y el premio internacional Gabriel García Márquez.
«Siempre dan mejores resultados. Hubo lecciones de ética en medio de una censura y una dictadura que busca acallarte por lo que haces (…) En un momento en que mucha gente se autocensura y voltea para otra parte no hubo duda de que esto era lo que había que hacer», afirma.
Para Lisseth Boon, 2014 fue un año «parteaguas» para el periodismo venezolano, debido a los cambios en medios tradicionales y las presiones gubernamentales sobre ellos.
Recuerda que ese año marcó un «cierre tácito» de grandes medios tradicionales. «Algunos de ellos cayeron en manos de grupos económicos de dudoso origen, pero muy afines al gobierno. Eso implicó el cambio de panorama de los medios. Muchos periodistas tuvimos que salir de estos medios tradicionales donde se estaba haciendo periodismo y se conformó este ecosistema de medios digitales, muchos de los cuales continúan hoy».
Parte del equipo de video y la extinta unidad de investigación de Últimas Noticias
Además, comenta la periodista, en 2014 sucedió una «gran irrupción» de las redes sociales y los cambios en su uso, justamente a partir de esa ola de protestas que inició a partir del 12 de febrero. «En el mundo digital, específicamente Twitter, es donde se da esta explosión donde no solo la gente se informaba, sino que los periodistas aprovecharon para dar a conocer lo que estaba ocurriendo».
También se logró vencer la autocensura y la censura, afirman ambas periodistas.
Calzadilla recuerda que Eleazar Díaz Rangel, director del grupo ÚN, había conversado con la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz sobre este reportaje. El día de la primera publicación también hubo presiones de todo tipo para eliminar el reportaje de la página web y el video, aunque ya habían sido vistos por miles de personas. Con los años, el medio eliminó efectivamente las publicaciones, pero el material audiovisual perduró.
¿Qué pasó con los pistoleros?
José Perdomo Camacho, comisario del Sebin, fue condenado el 1° de diciembre de 2016 a 29 años y seis meses de prisión por el asesinato de Bassil Dacosta, bajo los cargos de homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivos innobles y uso indebido de arma orgánica. Se ordenó como su centro de reclusión el Internado Judicial de Yare III.
Andry Jaspe López, oficial de la PNB, fue condenado el 1° de diciembre de 2016 a seis años de prisión por el delito de uso indebido de arma orgánica. Su sentencia venció en 2020, tomando en cuenta el tiempo desde el momento de su detención. Falleció el 5 de marzo de 2022 tras chocar contra un poste en la avenida Carabobo de San Cristóbal, estado Táchira. Portaba una credencial de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de Corpoandes, empresa manejada por el protectorado del Táchira que manejaba Freddy Bernal, según recogió El Pitazo.
Manuel Benigno Pérez, comisario jefe del Sebin, el comisario Edgard Lara Gómez, el inspector Héctor Rodríguez Pérez; y los detectives Jimmy Sáez Osorio y Jonfer Márquez Hernández fueron absueltos en el juicio -donde se evacuaron 133 órganos de prueba– de los delitos de uso indebido de arma orgánica y quebramiento de pactos y convenios internacionales.
Jonathan Rodríguez Duarte, Sargento segundo del Ejército, también fue absuelto durante el juicio de los delitos de uso indebido de arma orgánica y quebramiento de pactos y convenios internacionales. Ocho meses después de los sucesos del 12F, recibió la orden Francisco de Miranda en su tercera clase oficial por disposición del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Composición Runrunes
Melvin Collazos, comisario del Sebin, aparece en las fotos que se hicieron públicas a través de redes sociales y el reportaje de investigación de Últimas Noticias. Pese a que una nota del MP indicó que estaba privado de libertad, el nombre desapareció del expediente.
José Miguel Domínguez Ramírez, comisario general del Sebin, también fue retratado el 12 de febrero de 2014 durante el disturbio. Fue señalado por varios testigos de haberlo visto ese día en el sitio, aunque no se evidenció si disparó en el sitio. La Fiscalía solicitó libertad plena y el tribunal la otorgó durante el proceso judicial. Actualmente es subdirector de la PNB y director de la División de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). Fue director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de ese cuerpo de seguridad. Es señalado por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de estar «involucrado activamente» en torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Hermenegildo «Hermes» Barrera, líder del Secretariado Revolucionario de Venezuela. Condenado a 20 años de prisión el 6 de diciembre de 2020 por el homicidio de Juancho Montoya. Su traslado a cárceles y el proceso judicial fue rechazado en varias protestas por los colectivos «Corredor de Seguridad y Defensa de Cara al Río», a los cuales pertenecía Barrera. La periodista Angélica Lugo dijo a TalCual que estuvo detenido en un centro de reclusión del estado Miranda, presentó problemas de salud y fue diagnosticado de cáncer, enfermedad que causó su muerte en 2022. «Pasó sus últimos días en un centro especial para detenidos en Caracas».
CARACAS: Miembros de la asociación de colectivos Corredor de Seguridad y Defensa de Cara al Río se movilizaron este #27May al TSJ para rechazar la condena de 20 años de prisión de Hermenegildo Barrera. (Preso desde 2014). Lo acusan de ser el asesino del colectivo Juancho Montoya pic.twitter.com/lt0g3wdu6i
— Angélica Lugo (@Angelicareport) May 27, 2022
