2019 cierra con casi cien desaparecidos que zarparon hacia Trinidad y Tobago y Curazao
La desaparición de al menos un centenar de balseros se produjo entre las mencionadas costas entre abril y mayo de 2019, siendo la teoría del «naufragio», el primer alegato dado por el Gobierno para calificar el suceso, atendido con días de retraso y ante la insistencia de los familiares
Familiares de los desaparecidos en las embarcaciones que zarparon ilegalmente, a Trinidad y Tobago desde Güiria, estado Sucre y a Curazao, desde el estado Falcón, terminarán el año esperando acciones contundentes por parte de Estado venezolano para la búsqueda y rescate de sus parientes, pues denuncian que hasta ahora no han recibido señales de avance en las investigaciones sobre estos casos.
La desaparición de al menos un centenar de balseros se produjo entre las mencionadas costas entre abril y mayo de 2019, siendo la teoría del «naufragio», el primer alegato dado por el Gobierno para calificar el suceso, atendido con días de retraso y ante la insistencia de los familiares.
*Lea también: Naufragios hunden las denuncias por trata de personas en las costas venezolanas (I)
La primera embarcación a la que se le perdió el rastro fue a la Jhonaili José el 23 de abril, en ella viajaban desde Güiria, estado Sucre 38 pasajeros de los cuales sobrevivieron apenas ocho personas, entre ellos Francisco Martínez, capitán de la embarcación. Los otros 30, de los cuales 29 son mujeres, permanecen con paradero desconocido.
El 16 de mayo se reportó la desaparición de la embarcación Ana María, en la que 29 personas embarcaron, también desde Güiria y de la que hasta ahora solo se ha sabido de un sobreviviente, identificado como Alberto Abreu, capitán de la embarcación, presuntamente con antecedentes por tráfico de personas.
Tres semanas después, el 7 de junio fue el Peñero Puerto Cabello el que desapareció, esta vez en el mar que se encuentran entre Curazao y Punta Aguide, estado Falcón. De más de 30 pasajeros solo sobrevivieron cinco y se hallaron también cinco cuerpos sin vida.
Familiares desestiman la idea de que las embarcaciones zozobraron, por el contrario, afirmaron a TalCual que el único naufragio es al que han ido a parar sus denuncias, pues a pesar de la cantidad de personas y la frecuencia con la que han ocurrido, las autoridades se hacen las desentendidas y así se lo hacen saber a las familias que presionan para que se reactiven las búsquedas, procedimientos que en todos estos casos no solo se activaron después de tres días de retraso sino que a medida que pasaban los días cesaron por completo a pesar de que la lista de hombres, mujeres y niños identificados con nombre y apellido que aún no aparecen superan las 70 personas.
Ocho, siete y seis meses, respectivamente han transcurrido de estos hechos. Al cierre de este año el Comité de familiares de los desaparecidos en Güiria protestaron en la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir al Estado acciones para esclarecer el caso. Sin embargo, la respuesta del organismo, fue que confusa. Solo les dijo que la investigación «avanzaba» pero no dieron mayores detalles a los parientes por lo que quedaron como al principio: en el aire.
Los familiares precisaron que en Interpol, en Caracas, fueron informados de que el Ministerio Público no había compartido la información de la desaparición de la primera embarcación y por esta razón aún no se había activado la alerta amarilla para los desaparecidos y la alerta roja para los presuntos implicados del bote Jhonaili José.
Las autoridades competentes inmediatas, según la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, la Ley General de Marinas y actividades conexas son el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y el Comando de Guardacostas de la Armada. Pero ni las autoridades locales ni las estatales han dado respuesta. Por eso la Asamblea Nacional creó una Comisión Especial que investiga las desapariciones de las embarcaciones, integrada por los diputados Carlos Valero, Robert Alcalá y Luis Stefanelli. Sin embargo, las investigaciones llevadas por los parlamentarios han avanzado lentamente, sin demás organismos que refuercen los intentos por aclarar lo sucedido y sin colaboración por parte de Trinidad y Tobago.
El 7 de diciembre familiares de los 33 desaparecidos en La Vela de Coro protestaron para exigir al Gobierno acciones para atender el caso que se produjo hace seis meses. Afirmaron que tanto la Fiscalía y organismos de justicia tienen sus declaraciones y señalamientos de que estas personas están secuestradas «y ni siquiera una orden de investigación o captura existe». Ante esto rechazaron la «evidente y absoluta negligencia de los órganos competentes para buscar e investigar».
El 23 de diciembre a la lista existente se sumaron otras tres personas con la desaparición de una embarcación en Tucacas, Falcón. Estaban a bordo de ella tres pescadores, así lo confirmó Yumelis Dumont, representante del Consejo de Pescadores del municipio Silva en el estado Falcón.
La información la confirmó Valeria Esmeralda Ramírez Navas, habitante de la localidad, quien aseguró que su esposo Carlos Alfredo Lissir López, que estaba a bordo de la embarcacion EMA C.I matricula ADKN 4269, en compañía de Kendri Jesús Lissir y Wilfran Reinaldo no aparece.
La última vez que los vieron otros pescadores fue después de la 1:00 de la tarde del viernes 20 de diciembre en Cayo Sombrero saliendo mar afuera. Por el caso tampoco ha habido pronunciamiento por parte de autoridades venezolanas.
Los familiares de todos los desaparecidos esperan que sus hijos, esposos y padres aparezcan en próximos días. Manifiestan que han sido sometidos a un silencio abrumador que solo exacerba la angustia por saber el paradero de los familiares que habrían partido del país huyendo de la crisis económica en la que se encuentra sumida la nación.
