30 muertos, detenciones y torturas: el saldo de la represión tras las elecciones de 2024
La Misión de Determinación de la ONU alertó que la represión poselectoral en el país incluyó violencia contra la población Lgbti, uso de tecnologías de vigilancia para controlar la disidencia, violencia sexual, entre otros actos intimidatorios. Marta Valiñas, presidenta de la Misión, denunció que se siguen cometiendo crímenes de persecución política sin voluntad estatal de sancionarlo
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela afirmó, por medio de su informe, que hay «nueva evidencia de la dura represión poselectoral tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024», que agravó la situación de los derechos humanos en el país con una ola de represión coordinada y sistemática por parte del Estado, que aún se mantiene en 2025.
«La represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas», destacó el documento.
En ese sentido, la Misión de Determinación halló que la represión gubernamental causó al menos 30 muertos: 25 durante las protestas poselectorales de julio del año pasado y las otras cinco tras las detenciones y bajo custodia del Estado. Además, documentó el fallecimiento de tres personas más por motivos de salud tras ser excarcelados.
El documento detalló como prácticas de represión poselectoral detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y un patrón de persecución política que afecta de manera diferenciada a mujeres, adolescentes, personas de la comunidad Lgbti, periodistas y defensores de derechos humanos.
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Detenciones selectivas
Entre febrero y mayo de este año, la ONU documentó «13 casos de detenciones de personas (11 hombres y 2 mujeres) en el marco de la represión más selectiva contra personas opositoras, o percibidas como tales, y voces críticas del gobierno».
El informe subrayó que estas encarcelaciones «no se limitan a acciones individuales aisladas, sino que responden a una política de represión orientada a generar miedo y control social».
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En medio de la represión organizada que encontró la Misión de Determinación, también destacaron las aprehensiones en contra de ciudadanos extranjeros en torno a la toma de posesión presidencial. En ese entonces, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, declaró que más de 120 extranjeros de distintas nacionalidades habían sido detenidas por supuestamente «planificar actos terroristas y actividades desestabilizadoras».
Con ocasión de los comicios regionales y parlamentarios del pasado 25 de mayo, Cabello notificó 38 detenciones de personas señaladas de planificar acciones violentas para sabotear las elecciones. De acuerdo con el ministro, 17 de esas personas eran extranjeros.
Violencia sexual y comunidad Lgbti
La Misión de Determinación de la ONU advirtió que «los episodios de represión más intensa suelen ir acompañados de un incremento en los actos de violencia sexual y basada en género, utilizados como herramientas de castigo, control y humillación» y destacó que corroboraron la continuidad de este patrón identificado en 2024, consistente en el uso de la violencia sexual como herramienta de represión contra mujeres, adolescentes y hombres detenidos.
Por otra parte, el informe detalló que el contexto de la represión y persecución política también impacta de manera diferente en mujeres, niños, adolescentes y personas con orientación sexual y/o identidad de género diversa.
En el caso de las personas Lgbti, recordaron que además de que son sujeto de una discriminación estructural preexistente, cuando son encarceladas y sometidas a tortura y malos tratos, «estas vulnerabilidades se agravan».
Una organización Lgbti documentó en 2024 «un total de 415 casos de discriminación y violencia contra personas Lgbti, de los cuales 40 estuvieron asociados, además de a su orientación sexual, a su activismo político o defensa de derechos, la mayoría en el contexto de la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024».
Prensa y vigilancia tecnológica
La ONU subrayó en su informe que documentó un patrón sostenido de represión contra personas que ejercieron su derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo periodistas, creadores de contenido, activistas políticos y usuarios de redes sociales.
Durante este periodo, el organismo registró «la continuidad del patrón de represión contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de la prensa, así como comunicadores y comunicadoras y creadores de contenidos en plataformas digitales, restringiendo el espacio cívico y la libertad de opinión y expresión. Esto incluyó detenciones arbitrarias, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, restricciones al ejercicio profesional y confiscación de equipos».
El informe destacó que «se ha registrado el uso de tecnologías de vigilancia con reconocimiento facial, drones y recolección de datos a través de plataformas estatales, junto con revisiones aleatorias de teléfonos móviles en la vía pública, como parte de la maquinaria de represión contra la oposición política o disidencia».
Según el Monitor de Derechos Humanos Digitales, «los actos de represión en el ámbito digital son ejecutados por unidades de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo la Dirección de Investigación Penal (DIP), la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la misma PNB, la División de Inteligencia Estratégica (DIE) y unidades antimotines. La mayoría de las personas afectadas son personas sin vinculación política, institucional o partidista aparente, aunque también se registraron casos de periodistas, líderes sindicales, testigos de mesa en los comicios y familiares de personas perseguidas políticamente».
Defensores de DDHH en riesgo
El informe también advirtió que diversas organizaciones de derechos humanos han reportado un deterioro sostenido de las condiciones para ejercer su labor, en un contexto marcado por la represión, la criminalización y la desarticulación del tejido asociativo».
La Misión observó que «la represión sostenida contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos no solo persigue silenciar posiciones críticas y debilitar el tejido asociativo, sino que también produce efectos directos sobre las comunidades y personas beneficiarias de su labor».
El caso de Andreína Baduel es mencionado como ejemplo: «Las agresiones sufridas por Andreína Baduel no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia estatal deliberada de represión hacia personas opositoras, reales o percibidas como tales, y en especial hacia mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos».
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, concluyó que «las evidencias alcanzadas por la Misión durante este ciclo investigativo confirman que el crimen de persecución fundado en motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar las graves violaciones de derechos humanos que configuran este crimen internacional».
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