«Con la salida de Venezuela de la OEA se le quitan garantías a la población»
Juan Navarrete, especialista en derechos humanos, asegura que «Por lo que está ocurriendo en Venezuela, la tendencia es que se genere una Constitución regresiva en el ejercicio de los derechos humanos»
Autor: Txomin Las Heras Leizaola / Bogotá
Los derechos humanos están en el centro del debate en Venezuela y no sólo los de carácter político y civil sino aquellos económicos, sociales y culturales, que llevan al abogado venezolano Juan Navarrete Monasterio, con toda una carrera en el país y en el exterior dedicada a ese sector, a afirmar que se está produciendo una violación muy abierta y sistémica de los mismos. Actualmente al frente de la representación en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cargo que ejerce después de haberse desempeñado como director general para América Central y director del Departamento de Instituciones Públicas de ese órgano del sistema de la OEA, Navarrete, quien fue director general de la Defensoría del Pueblo en 1999, examina para Tal Cual los temas y acontecimientos que gravitan sobre el estado de los derechos humanos en el país.
– El déficit de derechos humanos en Venezuela ha sido endémico. Sin embargo, en términos históricos podríamos decir que había habido un progreso que hoy pareciera estar retrocediendo. El uso desproporcionado de la fuerza en el control de las protestas que ha dejado decenas de muertos y heridos, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales de morada, utilización de armas de fuego contra manifestantes, limitaciones al derecho a manifestar, detenciones sin seguir el debido proceso. ¿Qué ha sucedido?
– Venezuela históricamente ha vivido una situación de violación de los derechos humanos, particularmente en lo que tiene que ver con abusos policiales o militares. En el período democrático de la Constitución de 1961 se daba por sentado que democracia era igual a respeto de los derechos humanos. Sin embargo, cuando uno veía la cotidianidad notaba que efectivamente había muchas violaciones. En el período del 61 al 99 se daba mucho el tema de muerte en enfrentamiento policial. Cuando uno investigaba y hacía el análisis y documentación de los casos se daba cuenta que el 90 por ciento de las veces no eran enfrentamientos policiales sino ajusticiamientos. Ese patrón lo fuimos descubriendo desde el movimiento de los derechos humanos en Venezuela que era muy pequeño. Y se constató que se estaban cometiendo violaciones en el marco de la democracia, con una tendencia muy autoritaria por parte de las fuerzas de seguridad.
El Caracazo de 1989 fue una representación en gran escala de lo que estaba ocurriendo día a día. Develó qué estaba pasando. Rafael Caldera lo dijo en su discurso en el Senado en aquel momento: se rompió la vitrina de la democracia en Venezuela. Y efectivamente la democracia estaba funcionando como una vitrina, como una cuestión de prestigio internacional pero en el fondo existían graves violaciones de los derechos humanos. A partir del 89 la gente empieza a organizarse más en muchas partes del país con este tema. Vienen los intentos del golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992 donde se producen graves crisis de derechos humanos en el marco de esa situación de seguridad del Estado y defensa de la democracia.
Con el triunfo de Hugo Chávez en 1998 se plantea la Constituyente para establecer un nuevo marco jurídico que apunta al poder originario y a la profundización de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Fue una cosa bien interesante porque esto último se convierte en una acción política. Si se comparan las constituciones del 61 y del 99, el catálogo de derechos humanos se vuelve mucho más amplio, protector y garantista. Claro que hay también elementos dentro de la Constitución que los limitan o amenazan como el tema de la supremacía de las Fuerzas Armadas o desequilibrios entre los poderes públicos. Pero son detalles que teniendo como norte los derechos humanos se pueden superar porque estos serán el principal valor a proteger. Ahí se concretaron aspiraciones de los grupos de izquierda y derecha y de los movimientos sociales.
Luego empezamos a ver cómo esa constitución que tenía que realizarse en la práctica, lamentablemente retrocedía más que lo que teníamos en el 61. Teniendo un marco jurídico mucho más amplio, se fue cerrando la brecha de protección a los derechos humanos hasta llegar a lo que vemos hoy en día. Por eso es muy irónico y contradictorio que en un escenario donde hay un uso desproporcionado de la fuerza, donde se están utilizando elementos militares en la represión, donde se está aplicando la justicia militar a civiles en el ejercicio de derechos civiles y políticos como es la protesta, en este escenario de alta represión y autoritarismo, se nos esté diciendo que hay que plantear una Asamblea Nacional Constituyente.
– ¿Por qué cree entonces que estas violaciones a los derechos humanos explotaron en este momento?
– Lo atribuyo a que Chávez era un factor de contención como líder político. Él podía ser el malo y podía ser el bueno. Hoy en día Venezuela no tiene un factor de contención. Al morir Chávez y quedar el liderazgo que nos quedó, se desatan todos los demonios y en consecuencia el accionar represivo brutal y abiertamente desproporcionado. Uno ve declaraciones como la del ministro del Interior, Néstor Reverol o del mismo ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, donde llegan a aceptar el uso desproporcionado de la fuerza pero no hay nadie que haga algo para contenerlo. Eso deja mucho que desear. ¿Quién controla la fuerza? ¿La fuerza está en el estamento institucional de las Fuerzas Armadas y de los organismos policiales de Venezuela o en otros actores como los colectivos o en la interferencia cubana como se ha señalado en algún momento? Ahí está pasando algo que no permite que se produzca la contención.
– ¿Con la convocatoria de la Constituyente cree que hay peligro de que los progresos que se consiguieron en la Constitución del 99 respecto a los derechos humanos sufran un deterioro?
– Sí, totalmente. Es una amenaza. Si las garantías contempladas en la actual Constitución no han sido suficientes para frenar lo que está ocurriendo actualmente, cabe preguntarse si frente a la nueva constituyente no habrá la intención de crear mecanismos que limiten más el ejercicio de los derechos, es decir que sean más restrictivos. Esa es la gran amenaza que hay.
– Casi desde el primer momento en que se iniciaron las protestas en abril comenzaron a producirse muertes. Es evidente que no se están cumpliendo los protocolos nacionales y los acuerdos internacionales para controlar las manifestaciones.
– Si bien ocurren violaciones de derechos humanos, existe una institucionalidad que está llamada controlar y llamar la atención sobre estas situaciones y esta figura que se crea en la constitución de 1999 es la Defensoría del Pueblo, que no ha jugado un rol verdaderamente proactivo y protagónico que haga que efectivamente se garanticen los derechos humanos en el escenario de las protestas. Al contrario, se ha convertido en un actor que empieza a relativizar y justificar ciertas violaciones de estos derechos. Y tenemos al garante de la legalidad, como es la Fiscalía General de la República, que también cumple un rol de persecución del delito, que empieza a pronunciarse cumpliendo con lo que debió haber cumplido hace 18 años. Ya despertó y comenzó a actuar y su acción de ahora es coherente con lo que debe hacer. Hemos tenido, por lo tanto, instituciones que no han hecho el contrapeso necesario para garantizar la protección de los derechos humanos.
– Además de la Defensoría y de la Fiscalía, que son dos instituciones de primer orden en este sentido, tenemos todo el sistema judicial en su conjunto y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en particular. ¿Cómo aprecia que está funcionando este otro factor?
– Es evidente la falta de autonomía e independencia de los poderes públicos. No se valora ni se procesan de la misma manera las solicitudes hechas por actores de la oposición que las que haga el oficialismo. El TSJ se ha convertido en juez y parte y ha tratado de justificar lo que el Gobierno viene haciendo actualmente en Venezuela, lo cual es una perversión de la institucionalidad pues se trata del órgano supremo que debe garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos. El más alto tribunal justifica y le da andamiaje jurídico a las acciones represivas. ¿Cómo es posible que existan 350 órdenes de excarcelación a presos políticos y ninguna se haya ejecutado al día de hoy? Eso también deja un poco que desear respecto al rol de la Fiscal General que tiene una posición coherente sobre el tema general de la constitucionalidad pero sobre situaciones muy concretas, que tienen que ver con aspectos humanitarios, como las órdenes de excarcelación, no las ha logrado hacer cumplir hasta el momento.
– Se supone que los cuerpos de seguridad que están ejerciendo las labores de represión de las manifestaciones, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tienen formación para hacerlo siguiendo lineamientos respecto a los derechos humanos. ¿Por qué se producen los excesos?
– Hay una distorsión histórica en Venezuela. La Policía Nacional y las otras policías civiles son las que de acuerdo a la constitución deben ejercer las funciones de control de situaciones de orden público, disturbios o tensiones internas. Históricamente hemos tenido a la Guardia Nacional, hoy Guardia Nacional, que es un componente de las Fuerzas Armadas Nacionales que actuaba una vez que se desbordaba el poder policial para evitar recurrir a la actuación estrictamente militar. Era como un punto intermedio. Hoy en día vemos que su actuación es directa. La formación de la GN es fundamentalmente militar y basada en la doctrina, que debimos haber superado en América Latina, de la seguridad nacional. En su concepción prevalece la seguridad del Estado y de la nación y no la seguridad del ser humano. Eso hace que la GN vaya a enfrentar a un enemigo y por eso el uso de la fuerza se produce de manera desmedida.
«Lo primero que hace es poner en práctica ese principio que dice que la mejor defensa es el ataque. Por otro lado, vemos que se dispersa y difumina la Policía Nacional, que actúa no como actor protagónico sino sólo después, de una manera muy anárquica, con mucha torpeza, con mucha represión, cuando la gente comienza a dispersarse. Y eso es muy lamentable, pues se hizo un gran esfuerzo y eso hay que reconocerlo, de crear una Policía Nacional comprometida con los derechos humanos, con un concepto centrado en la protección de las personas. En ese sentido, Venezuela tiene una Universidad Nacional de la Seguridad basada en las doctrinas más modernas de los derechos humanos. Pero todo eso se distorsiona en la calle porque quien lleva el liderazgo es la GN y no una PNB que lo podría hacer bajo la concepción de garantizar el ejercicio a la protesta pacífica. Eso ha hecho muy vulnerable el ejercicio del derecho a manifestar».
– Han surgido voces en medio de estas protestas para eliminar la GN. Hugo Chávez en un principio era partidario de eliminarla, sin embargo, al final se fortaleció.
– Esa ha sido una lucha histórica. Incluso las Fuerzas Armadas han tenido una animadversión hacia la Guardia Nacional, como el patito feo. Recuerdo y fui testigo de cómo en las discusiones de la constitución del 99 estaba casi lista la eliminación de ese componente. Pero sus integrantes presionaron y, como siempre han tenido mucho poder político derivado de que han actuado como guardia pretoriana, lograron su espacio y que no les pasara nada. La Guardia Nacional, como concepción no es per se mala, pues podría ser como lo son en muchos países los carabineros, una guardia intermedia que se salga de lo militar.
– ¿Qué implicaciones tendría en el campo de los derechos humano la salida de Venezuela de la OEA, si esta finalmente se concreta?
– Muchas. Creo que la postura actual de Venezuela está errada en el sentido de que los organismos multilaterales, en este caso la OEA, son marcos jurídico-políticos que crean los propios estados y donde se comprometen a través de instrumentos internacionales a la protección de los derechos humanos. Cuando te sales de la OEA estás quitándole garantías y recursos de derechos humanos a la población. El Estado no es el que termina afectado, sino la población, los seres humanos, pues quedamos desprotegidos. Y mucho más si tenemos una constitución política como la del 99 que dice que los tratados internacionales de derechos humanos son recursos a los cuales todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder y utilizar. Si es así, nos están limitando el ejercicio y la garantía de esos derechos. Por otro lado, es una autoexclusión pues no es el caso de Cuba que fue suspendida en su oportunidad, aunque esta suspensión ya fue levantada. En el caso de Venezuela es una decisión de aislarse y lo que me preocupa más es por qué se hace. Así como internamente el Gobierno tiene desmontados todos los controles del ejercicio del poder, no quiere que tampoco haya nada que internacionalmente lo controle. Eso pone en condición más vulnerable a la población venezolana.
– Y muy probablemente en una nueva Constitución se corten todos esos lazos y compromisos.
– Es muy probable que sí. La tendencia de esta nueva constituyente, basándonos en lo que está ocurriendo, es que generará una constitución regresiva y limitante del ejercicio de los derechos humanos.
– El gobierno venezolano ya decidió previamente su salida de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). ¿Qué implicaciones tuvo eso en la situación que estamos viviendo hoy?
– El Gobierno cuestionaba la actuación de la CIDH, no sé si por ignorancia o por qué. Pero resulta que el CIDH es un órgano de la OEA, no de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que no es sino un instrumento que le amplía las atribuciones a la CIDH. Este es un organismo de supervisión y vigilancia de la OEA. La renuncia a la CIDH conllevaba por lo tanto la renuncia a la OEA, que es lo que ha hecho ahora. Lo que hizo Venezuela hace unos años fue renunciar a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que es la que crea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Todo esto no quiere decir que la CIDH no vaya a seguir supervisando la situación en Venezuela, como lo ha venido haciendo con Cuba, produciendo informes y denunciando violaciones. Y por otro lado, en términos de efecto jurídico, tienen que transcurrir dos años para que opere efectivamente la separación del Estado venezolano. Los casos que hayan ocurrido anteriormente o en el lapso de estos dos años pueden ser llevados tanto al CIDH como a la Corte Interamericana.
– ¿Cómo aprecia la situación de las ONG de derechos humanos que hacen vida en el país?
– Me parece que han crecido mucho en cantidad y calidad, así como en capacidad de documentación de casos. En una de las experiencias nuevas de Naciones Unidas como es el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, el ejercicio que han hecho las ONG de Venezuela ha sido excelente, con una capacidad técnica y profesional muy buena. También se han diversificado, pues cuando se empezó se trabajaba únicamente con derechos civiles y políticos, además de abusos policiales y militares. Hoy en día hay organizaciones que trabajan con poblaciones LGTBI, derechos de la mujer, de la niñez, de la salud, de la alimentación, observatorios de violencia, de seguridad ciudadana, de conflictividad social. Se han especializado y eso es muy bueno. Además no se quedan sólo en la documentación ni en la denuncia sino que tienen una capacidad muy buena para hacer recomendaciones en políticas públicas. Ese es un referente muy importante en el desarrollo de los derechos humanos en Venezuela, si tomamos en cuenta que en el país este movimiento fue siempre muy pequeño comparado al resto de América Latina y el Caribe.
– ¿Y sobre la libertad que tienen las ONG para actuar?
– Han tenido problemas de todo tipo. Fundamentalmente en el acceso a la información, en el acceso a las instituciones para hacer las denuncias, en el hackeo a sus páginas web y a sus redes sociales, lo que es una limitante grave al ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos. Hay también amenazas a los defensores de los derechos humanos. Hace dos semanas supe de dos de ellos a los que no les llevaron los CLAP en su barrio.
– ¿Y respecto al financiamiento de las ONG?
– Hay una ley que promovió el Gobierno para limitar el acceso a recursos internacionales y otra respecto a los recursos internos. Todo va dirigido a acorralar la defensa de los derechos humanos.
– La crisis política que actualmente vive el país se está produciendo en el marco de una dificilísima situación económica y social que está vulnerando otros derechos básicos como el de la alimentación, la salud o la seguridad. ¿Se podría calificar como una crisis de derechos humanos sistémica?
– Al día de hoy sí. Porque no hay salida, no hay retorno y no existe algo que se ha pedido mucho en el tema de alimentación y medicinas como son los canales humanitarios. El Estado venezolano no los ha facilitado ni propiciado sino todo lo contrario. Las pocas veces que se han abierto las posibilidades de ayuda humanitaria, como es el caso de Cáritas cuando en una oportunidad le permitieron llevar a Venezuela alimentos y medicinas, se los robaron y por lo tanto no pudieron llegar al destino previsto. Se trata de una violación muy abierta de los derechos humanos en términos de garantías de los derechos económicos, sociales y culturales.
– Y pasando a Colombia, ¿el proceso de paz con las FARC ha tenido consecuencias positivas respecto a la observación de los derechos humanos en este país?
– El proceso de paz en Colombia es inédito, sui generis e histórico. Inédito porque se empezó a hablar de víctimas y reparación sin todavía haber acuerdo de paz. Luego, a las puertas de la firma del acuerdo, se empiezan a reducir considerablemente las confrontaciones bélicas y, por supuesto, a reducirse el número de muertos y heridos que se daban en el marco del conflicto armado. Luego de la firma viene todo el tema de la desmovilización y concentración en las veredas de los guerrilleros y muchas poblaciones que estaban en el epicentro de los combates quedan liberadas de ese problema. Todo eso tiene un impacto tremendo sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
– La frontera colombo-venezolana sigue siendo una tierra de nadie donde mandan grupos irregulares y mafias. Es, por lo tanto, tierra abonada para la violación de los derechos humanos.
– Es una situación bien delicada pues la frontera colombo-venezolana ha tenido siempre una gran interacción de personas en lo económico, social y cultural. De hecho, está compuesta por regiones que bien podríamos llamar binacionales, con un gran intercambio comercial y con familias que están aquí y allá. Además, no tienen nada que ver con lo que se piensa en Bogotá ni en Caracas y eso genera una situación particular. Cuando el Estado interviene y pone limitaciones y restricciones de paso y de mercancía, se afecta a ambos lados, a toda la región fronteriza. Y eso incide, por lo tanto, en los derechos humanos al crear desequilibrios muy graves que se expresan en políticas fronterizas sin visión pues no se está pensando en la gente sino únicamente en la acción política como Estado. Sin duda alguna, esas tensiones generan vulneraciones de derechos humanos y amenazas permanentes.
– La emigración de venezolanos a Colombia, legal e ilegal, ha crecido significativamente en los últimos años. ¿Se han tomado medidas para garantizarles sus derechos a los emigrantes?
– Creo que de parte de Colombia se han tomado medidas e incluso ha habido acciones judiciales interesantes, como amparos que han protegido a venezolanos en su actividad económica, pero igualmente veo que debido a que estamos en el punto crítico de la violación de los derechos humanos en Venezuela, no sólo civiles y políticos, sino económicos, sociales y culturales, esta emigración está teniendo un gran impacto no sólo en Colombia, sino también en Brasil y otros países. He notado que ha habido políticas más claras en Brasil, por ejemplo en relación a la contención, y de parte de Perú y Chile.
En Colombia habría que hacer más esfuerzos para que sea una emigración ordenada, donde se garanticen los derechos humanos y donde se apueste a que esta gente algún día pueda regresar a Venezuela. Y, un elemento muy importante también, es que contemple la unidad de la integración familiar, es decir, evitar a toda costa que se desintegren las familias. Eso tendría un efecto nefasto y muy profundo como lo vimos en América Central, concretamente en El Salvador, Honduras y Guatemala, donde surgieron por este motivo las pandillas conocidas como maras. Eso podría pasarnos en Venezuela si no tomamos medidas a tiempo, pues está migrando mucho joven y me puedo imaginar que hasta muchos menores de edad sin acompañantes adultos.
– Usted es el representante en Colombia del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos. ¿Qué retos se ha planteado?
– Como nuestro trabajo es la educación en derechos humanos, nuestros retos son por lo tanto los de contribuir a la paz para que esta tenga sentido en cuanto a cambios estructurales y sostenibles en la construcción de una nueva ciudadanía que debe estar imbuida de los derechos humanos. Educar únicamente para la paz, sin contenidos de derechos humanos, conlleva el riesgo de que la paz se quede en algo coyuntural. Hay que trascender al tema del proceso de paz para construir una nueva sociedad con nuevos paradigmas, como el nuevo rol y la formación de las Fuerzas Armadas; el papel de la policía que hoy en día está muy militarizada por el tema del conflicto y debe pasar a una de naturaleza más civil; el tema de la educación en los espacios formales y no formales; cómo transmitir los nuevos valores de convivencia y reconciliación que no son fáciles en un escenario de posconflicto, pues quedan muchas heridas y rencores. Ese es un esfuerzo que supone mucho trabajo para nosotros y donde queremos incidir.
– ¿Qué se está planteando a nivel internacional en relación con el desarrollo de los derechos humanos?
– Se están planteando muchas cosas pero una en especial es el tema de la garantía del derecho a defender los derechos humanos. Yo creo que ese es uno de los principales y más urgentes desafíos hoy en día. Vemos a menudo cómo líderes ambientales son asesinados, cómo personas que defienden la libertad de expresión sufren atentados. Si a la sociedad le quitas la posibilidad de tener a alguien que defienda tus derechos, sin lugar a dudas se genera un riesgo a la estabilidad y respeto de los derechos humanos a nivel mundial. Otro asunto importante es la atención a un problema que se ha acentuado como es el de los refugiados, pues los flujos migratorios han superado a los que se dieron en la Segunda Guerra Mundial.
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¿Quién es Juan Navarrete Monasterio?
Abogado venezolano, candidato a la Especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Coordinador del área Jurídica de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1990). Director Adjunto Sección Venezolana de Amnistía Internacional (1997). Asesor de la Comisión de Política Interior y Derechos Humanos del Senado en Venezuela (1996). Consultor especializado en acceso a la justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos (PNUD, Banco Mundial, Fundación Friedrich Ebert). Director General de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Director de Justicia Municipal de la Alcaldía de Chacao, Venezuela. Director del Departamento de Instituciones Pública y Director Regional para Centroamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Coordinador del Proyecto Acceso a la justicia laboral en el marco de los Tratados de Libre Comercio Centroamérica-USA (DR-CAFTA en sus siglas en inglés). Coordinador Proyecto Plurianual sobre FF.AA. en Centroamérica y Derechos Humanos de la Unión Europea–IIDH. Actualmente es el representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Colombia.
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