8.900 víctimas piden que CPI siga investigando al gobierno por crímenes de lesa humanidad
Tras estas entrevistas y las evaluaciones a todas las observaciones recibidas, tanto de las víctimas; como del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan; y el gobierno venezolano, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI dictará una decisión en las próximas semanas sobre la continuidad o no de la investigación en Venezuela
La Corte Penal Internacional (CPI) informó este viernes 21 de abril que entrevistó a más de 8.900 víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quienes apoyan y solicitan reanudar la investigación sobre el país. El 18 de noviembre de 2022, la Fiscalía de la CPI solicitó reanudar la investigación sobre la situación de Venezuela y recabar opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
La CPI explicó que tras la «amplia participación de las víctimas» en este proceso de consulta, recibieron 1.875 solicitudes que contenían opiniones e inquietudes (1.746 formularios, cinco videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en formato escrito. Las solicitudes incluyen 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.
Las víctimas consideran que «debido a la falta de justicia efectiva por parte del Estado venezolano, este Tribunal es el único medio para lograr la reparación o compensación del daño sufrido, para obtener verdadera justicia y responsabilizar a los agentes del Estado cómplices de los grupos armados que actúan a favor del Gobierno nacional y son protegidos por agentes militares y policiales», expone el informe.
La Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) recibió testimonios y observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular de asesinatos, encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física; torturas, actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual; desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.
Entre los consultados por la CPI destacan opiniones e inquietudes de familiares de las víctimas, tutores y cuidadores, defensores de DDHH, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios, profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios públicos.
Sin embargo, el documento (de 57 páginas) no contiene información que identifique a las víctimas y organizaciones que declararon en este proceso; por lo que la CPI aclara que el Gobierno de Venezuela «no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas».
La Corte Penal Internacional también tuvo en consideración testimonios de trabajadores públicos y privados, estudiantes universitarios, profesores, exfuncionarios policiales y militares, políticos, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos, pensionados, periodistas, medios de comunicación, blogueros, usuarios de redes sociales, dueños de tierras, granjas y negocios, inventores, innovadores y artistas.
Tras estas entrevistas y las evaluaciones a todas las observaciones recibidas, tanto de las víctimas; como del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan; y el gobierno venezolano, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI dictará una decisión en las próximas semanas sobre la continuidad o no de la investigación en Venezuela.
