94% de los puntos de minería ilegal del país están en el estado Bolívar
Los grupos armados de la Amazonía venezolana exigen a los indígenas pago de suministros básicos en oro, es decir, medicamentos, alimentos y combustible
1.781 puntos de minería ilegal que producen contaminación en el agua, fauna y ecosistema de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro fueron registrados en el informe emitido por la Asamblea Mundial por la Amazonía, que llevaba como nombre «Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia.»
94% de estos puntos (1.684) se encuentran en Bolívar, la entidad más afectada hasta el momento, según lo reseñado en el documento, en el que además señalan que las cuencas que más se han contaminado producto de la actividad minera corresponden a los ríos Caroní, Caura, Cuyuní y Cuchivero.
Es menester mencionar que el Caroní, junto con el río La Paragua, son los principales afluentes del embalse del Guri, donde se abastece de electricidad a gran parte del país. Esto significa que un futuro la generación de energía eléctrica podría verse afectada, producto de la minería inconsciente que se está realizando en estos lugares, que vale resaltar son zonas protegidas, tal y como lo son el Área con Vocación Forestal Chivapure-Cuchivero, la Reserva Forestal Imataca y el Parque Nacional Caura.
Si bien según lo expuesto por la Asamblea Mundial por la Amazonía es Bolívar el estado que ha sido más golpeado por esta actividad ilegal, destacaron que en cuento a comunidades indígenas, las de Delta Amacuro serían las que sufrirían más consecuencias. Esto debido a la gran contaminación de las aguas y peces que ha generado el mercurio en la desembocadura del río Orinoco, del cual se surten los indios waraos. Los residuos de ese material podrían acumularse en el cuerpo de los integrantes de esa tribu, y generar el deterioro de las funciones de múltiples órganos.
“La minería, en todas sus expresiones, representa una invasión territorial para los pueblos indígenas, que conlleva formas de trabajo forzado, despojo de sus territorios, fragmentación de sus modos de vida, transculturación, tráfico de mujeres para redes de prostitución o reclutamiento de indígenas para integrar grupos irregulares armados”, se reseña textualmente en el informe en el que se da un balance sobre la minería ilegal en la Amazonia venezolana.
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En varias oportunidades, también los pueblos indígenas han denunciado ser víctimas de violencia por parte de grupos armados que, en complicidad con funcionarios del Estado, han desaparecido y matado a personas que han tratado de detener la explotación ilegal de oro en la zona, así como la deforestación de sus territorios. Esto como parte de las denuncias formalmente hechas y recogidas en otro informe que realizó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco.
Debido a la extorsión que hacen los grupos armados a las comunidades indígenas y también el pago en oro que exigen a cambio del suministro de combustible, medicamentos y alimentos, varias ONG han recomendado al gobierno dictar ciertas medidas que contrarresten los efectos colaterales negativos que se han generado como consecuencia de la explotación de oro.
Entre sus recomendaciones se encuentra el planteamiento de nuevas políticas de remediación ambiental, reforestación y recuperación de cuencas hidrográficas de la región, así como «abstenerse de seguir dictando medidas ejecutivas a través de iniciativas legales como el decreto en el que se amplía el plan Arco Minero del Orinoco para actividades mineras en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní, declarando su inmediata revocatoria».
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