A nadie le gusta hacer el papel de bolsa, por Teodoro Petkoff

¿Se dan cuenta quienes promueven la campaña de descalificación del CNE de cuál podría ser el resultado de su empeño? Cuesta trabajo pensar que no perciban que la siembra de dudas sobre la gestión del CNE no puede sino deprimir a la base social a la cual se dicen vinculados y eventualmente reforzar la abstención. Si el CNE está parcializado a favor del gobierno y, por tanto, va a hacer trampas, ¿para qué firmar? ¿Cuál es el propósito de los ataques brutales a que han sido sometidos los rectores del CNE, unos acusados desde el inicio de agentes de Miraflores y otros, ahora, de «vendidos» al chavismo? ¿Qué se pretende? ¿Forzar su renuncia, crear una crisis, favorecer los planes aventureros de quienes no se resignan a caminar por la ruta democrática?
¿Qué fundamento tiene esa ofensiva contra el CNE? Veamos qué dicen los hechos. El CNE aprobó por unanimidad el reglamento para los revocatorios y ese instrumento fue aceptado, con los resabios de rigor, por las dos partes, lo cual quiere decir que ambas consideran que pueden desarrollar sus propósitos bajo esa normativa. En el cuadro político actual, la intervención del CNE en el ámbito «privado», de recolección de las firmas, opera en la práctica como una garantía de la pulcritud del proceso y hace más fácil y más confiable la verificación posterior de las rúbricas. La decisión de la suspensión de los referendos para gobernadores, alcaldes y concejales es absolutamente correcta, tanto desde el punto de vista de la administración de los dineros públicos como desde el ángulo de la absoluta tontería que habrían significado referendos tres meses antes del final de los mandatos de esos funcionarios. La exhortación al gobierno, y también a la empresa privada, para que se abstengan de amenazar o presionar a sus empleados para firmar o no, puede parecer una formalidad pero parte del reconocimiento del hecho y sienta las bases para su denuncia. Los movimientos de personal que se han producido en el seno de la institución han sido acordados entre las partes, para garantizar el equilibrio dentro del cuerpo gerencial del CNE. El CNE aprobó la acreditación de los observadores extranjeros, a tono con una práctica ya tradicional en nuestros procesos electorales.
En fin, nada en la conducta del CNE, hasta ahora, autoriza los cuestionamientos hechos, que, curiosamente, no provienen de los partidos políticos sino de francotiradores mediáticos. A propósito, los partidos deben recordar el costo que ha tenido su omisión, en otros momentos, ante conductas que desaprobaban en privado.
En este sentido, resulta incomprensible el planteamiento formulado al CNE (este sí, extrañamente, por un dirigente político), a fin de que el organismo pida obligatoriamente asesoría extranjera para el proceso; una suerte de «fiscales» que «vigilarían» el manejo técnico de las operaciones electorales. Aparte de que eso no es necesario en modo alguno, el planteamiento implica, así sea involuntariamente, continuar tratando de arrugar el traje del CNE, continuar tratando de arruinar su credibilidad. ¿A quién perjudica la devaluación infundada del CNE? No es difícil imaginarlo. Más de un opositor se preguntará para qué firmar si lo han convencido de que el CNE es un instrumento del gobierno.
A nadie le gusta hacer el papel de bolsa. ¿A quién favorece la abstención?