A seis meses de la muerte de Acosta Arévalo, la justicia sigue ausente

Los abogados del militar y la opinión pública en general aseguran que la condena a dos funcionarios de la Dgcim implicados en el caso solo busca tapar la violación a lo establecido en la Ley Contra la Tortura

Este domingo 29 de diciembre se cumplieron seis meses del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fuese torturado por régimen de Nicolás Maduro, mientras se encontraba detenido por organismos de seguridad del Estado.

Acosta Arévalo fue apresado el pasado 22 de junio por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por presuntamente encontrarse involucrado en un atentado contra gobernante venezolano que habría de llevarse a cabo dos días después.

Días más tarde, Arévalo fue presentado en el tribunal militar tercero de control donde, de acuerdo con sus abogados  llegó en silla de ruedas ya que no podía sostenerse en pie debido a los intensos dolores, con el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados.

Debido a la delicada condición, la jueza del caso ordenó trasladarlo a un pequeño hospital del Fuerte Tiuna, donde falleció horas después. Esa es la última imagen que se tiene en vida del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

A varios meses de su muerte, el gobierno de Nicolás Maduro todavía no ha informado sobre las causas que motivaron el deceso.

El pasado 24 de septiembre, el abogado y defensor de los derechos humanos Alonso Medina Roa anunció que dos funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) vinculados con la muerte del capitán de Acosta Arévalo fueron condenados.

A través de sus redes sociales, el abogado explicó que en medio de una audiencia preliminar de la que no fue notificada la defensa de la víctima, el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas decidió condenar a seis años y ocho meses de prisión al teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento segundo Estiben José Zarate, ambos de la Guardia Nacional y adscritos a la Dgcim.

Roa, quien es el abogado del fallecido, reiteró que con esta decisión la administración de Nicolás Maduro dio al traste con lo establecido en la Ley Contra la Tortura.

Organizaciones sociales como el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), aseguraron que la condena contra los implicados en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida por torturas infligidas dentro de la sede de la Dgcim, “es insuficiente y alienta la tortura” en el país.

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En un comunicado, la organización no gubernamental destacó que la sentencia no establece responsabilidades directas relacionadas a la tortura y tratos crueles que sufrió Acosta Arévalo luego de su detención el 21 de junio por parte de funcionarios de la Dgcim, tras ser acusado de estar implicado en un supuesto golpe de Estado.

“Con esta decisión, el gobierno de facto intenta escapar de la responsabilidad absoluta en otro asesinado por tortura (…) Es una sentencia que estimula el uso de la tortura por parte de organismos policiales y militares. Reafirma además que en Venezuela se creó una estructura institucional para favorecer el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad”, aseguró Provea.