Observatorio de Prisiones: Cárceles comunes no garantiza a presos políticos su integridad
Lilia Camejo considera que en muchos casos de presos políticos se puede dar medida de casa por cárcel debido a la covid-19
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió un comunicado el jueves 20 de mayo en el que expresó su preocupación por cómo se encuentran los militares detenidos por razones políticas y por el llevarlos a cárceles comunes de alto riesgo, ya que a su juicio «no les garantiza su integridad física ni mental» porque el Estado no se responsabiliza por la alimentación o la salud.
A través de un comunicado, el OVP indicó que no debería haber presos políticos en el país.
«Ningún preso político debe estar tras las rejas. Todo aquel que se encuentre privado de su libertad por ideas políticas, por defender derechos sociales y políticos o por estar en desacuerdo con órdenes inconstitucionales, debe estar en libertad», señaló la nota reseñada por Swiss Info.
Al menos 24 presos políticos fueron trasladados a cárceles de Yare y el Rodeo
En los últimos días se ha registrado una alta actividad en el sistema penitenciario del país, con el traslado de presos políticos desde las sedes de organismos policiales hacia cárceles comunes.
La defensora de DDHH y presidenta de la organización Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, afirmó haber recibido denuncias de familiares de los presos políticos que permitirían confirmar al menos 24 traslados hacia centros de detención como Yare II, Yare III, Rodeo II y Rodeo III.
Así lo informó en su cuenta de Twitter, donde hizo un llamado a los organismos internacionales a estar atentos de la situación y alertó sobre las graves condiciones de insalubridad, higiene y alimentación en los nuevos centros de detención en los que serán recluidos los presos políticos.
«Familiares de los presos politicos me piden denunciar que en Yare existe una grave situación de insalubridad y la alimentación precaria. La mayoría días solo les proporcionan una comida: granos o arroz o pasta sin acompañante», explicó.
Por otra parte, recordó que a los presos políticos que presentan problemas de salud, no se les suministran los insumos ni la atención médica que requieren, por lo que su situación empeora progresivamente.
Continuamos atendiendo denuncias de los familiares de los #PresosPoliticos a los fines de remitir información a los organismos internacionales. Hemos podido corroborar el traslado a: Yare II, Yare III y Rodeo II de 17 prisioneros de conciencia. 🧵 1
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) May 20, 2021
#Urgente #AEstaHora Nos confirman el traslado de 7 #PresosPoliticos adicionales de DGCIM a Yare II, Rodeo II y Rodeo III. Reiteramos q la vida e integridad física de los prisioneros d conciencia corre grave peligro. Desde @ComJusticiaPaz seguiremos brindando la atención necesaria
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) May 20, 2021
Igualmente hemos podido constatar que, a los #PresosPolíticos que presentan graves problemas de salud y requieren tratamientos médicos, NO se les está suministrando la medicación requerida, con lo cual su situación empeora gravemente. 🧵 3
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) May 20, 2021
La integrante del partido Voluntad Popular Adriana Pichardo, quien también monitorea la situación, detalló la identidad y el destino de ocho de los presos políticos que han sido trasladados en las últimas horas. Se tratan de Eudis Girot, que será dirigido al Rodeo II; Luis Cárdenas, Andry Finol, Daeven Rodríguez, Asterio González y Guillermo Zarraga a Yare II; Leovardo Primera a Rodeo III y Ivonne Barrios al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
#ATENCION: familiares denuncian traslado del DGCIM Boleita a cárceles comunes de:
-Eudis Girot Rodeo II
-Luis Cárdenas Yare II
-Andry Finol Yare II
-Ivonne Barrios Inof
-Daeven Rodriguez Yare II
-Asterio Gonzalez Yare II
-Guillermo Zarraga Yare II
-Leovardo Primera Rodeo III— Adriana Pichardo B (@apichardob) May 21, 2021
Bachelet «monitorea» la situación de los presos políticos
Horas antes, Pichardo informó que la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, se encuentra «monitoreando» la situación con el traslado de militares en condición de presos políticos a cárceles comunes.
“No hay condiciones en las cárceles venezolanas. De por sí están abarrotadas, están en condiciones infrahumanas, estamos en medio de una pandemia, no hay condiciones de salud, no tienen alimentos ¿Y ustedes pretenden además trasladar a más de 300 inocentes, que no pueden convivir con presos comunes que han cometido distintos delitos, cuando ellos son inocentes?”, alertó la dirigente.
Camejo cuestiona al gobierno
La denuncia de Delsa Solórzano sobre la condición de los reos y la violación de los derechos humanos se une a la que hiciera el día anterior la abogada y directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo, quien cuestionó la medida tomada por el Ejecutivo de que sea el Ministerio de Asuntos Penitenciarios la custodia de los presos políticos militares que están recluidos en las sedes del Sebin y Dgcim.
Para Camejo, esta decisión de viola los estamentos establecidos en la Justicia Militar respecto al régimen carcelario que deben tener los efectivos castrenses presos por motivaciones políticas, además que pueden representar un riesgo para su integridad física al ser pasados a los centros de reclusión debido al haciniamiento que hay en esos lugares.
“Hoy con profunda preocupación alertamos que pretendan trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión donde reina la anarquía, abundan casos de enfermedades crónicas, existe desnutrición y no se garantizan los derechos humanos de los detenidos», detalló la jurista en una nota de prensa.
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A su juicio, la crisis generada por la pandemia por la covid-19 debería ser un motivo primordial para que se otorguen medidas de casa por cárcel con el objetivo de cuidar la vida de los detenidos y por eso, hizo un llamado a la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, para que el equipo de su oficina que está en Venezuela revise esta situación.
De igual forma, Lilia Camejo denunció que en Venezuela no se cumplen las reglas mínimas para tratar a los privados de libertad – comúnmente conocidas como Reglas Mandela-, aprovechando así para alertar a los organismos competentes a velar y garantizar por la vida de todos los detenidos.
El régimen de Nicolás Maduro ordenó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) transferir al Ministerio de Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de los presos que tienen en su poder en un plazo de 30 días, contados desde el pasado 12 de mayo.
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La Dgcim depende del Ministerio para la Defensa y el Sebin del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El Ministerio Penitenciario está a cargo de Myrelis Contreras y durante muchos años estuvo a cargo de Iris Varela, quien ahora es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Maduro.
La reacción de Camejo se conoce cuando Molly de la Sotta, hermana del capitán Luis de la Sotta, recordó que el oficial de la Armada lleva ya tres años preso de forma arbitraria por parte de la Dgcim y que durante ese tiempo ha sido sometido a torturas y tratos crueles, sin que se le haya celebrado un juicio.
Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, publicado el 17 de mayo, en Venezuela se contabilizan 306 presos políticos, de los cuales 127 son militares.
