Abogado de exdirectivos de DirecTV: Buscamos hacer contacto con AT&T para que den la cara
El abogado Jesús Loreto insistió en que los exdirectivos de DirecTV están de buen ánimo en la sede del Sebin en El Helicoide
Jesús Loreto, abogado defensor de los tres exdirectivos de DirecTV a quienes se les ratificó la medida privativa de libertad tras el cese de operaciones de la empresa, dijo que estas imputaciones son graves y que pueden representar penas de cárcel de hasta 12 años. Sin embargo, insistió en la inocencia de sus defendidos al explicar que ellos eran empleados de Galaxy Entertainment, una subsiadiaria venezolana que trabajaba para AT&T, y que no tenían injerencia alguna en la decisión sobre la señal emitida para Venezuela.
Entrevistado en Unión Radio, Loreto considera que no existe razón alguna para emitir la privativa de libertad contra Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Pugliese, de quienes dijo que no pertenecían a la junta directiva de la compañía, sino que eran de «tercera categoría», ya que por encima de ellos habían dos niveles de ejecutivos a quienes reportarles como lo son el presidente ejecutivo y la misma junta.
En ese sentido, señaló que la justicia venezolana les atribuye una condición que no tienen porque «se le imputa delitos en condición de directivos de Galaxy Entertainment, que es una empresa de capital extranjero de la cual ellos nunca han sido miembros de la junta directiva».
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Recordó que fueron despedidos el día antes del cese de las operaciones y cuando se registra la suspensión del servicio, el mismo 19 de mayo, es que se enteran de la decisión unilateral que tomó AT&T. En ese sentido, por ser señalados como supuestos responsables -aunque no la tienen-, se presentaron de forma voluntaria ante la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia para colaborar de forma activa con las autoridades en el caso.
Loreto enfatizó que tanto el mandatario Nicolás Maduro como el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, responsabilizaron públicamente a la empresa estadounidense y que los delitos de los que se acusa a los tres exdirectivos ( boicot, estafa y asociación para delinquir) son imputables directamente a AT&T.
Dejó claro que los cargos que detentaban Rivero, Carrano y Villamizar eran completamente gerenciales y no tenían atribuciones para decidir sobre la programación o la señal, sino que estaban sus funciones orientadas a la relación con los proveedores, estudios de mercado, analizar la competencia y labores vinculadas a la seguridad del personal y el ambiente de la oficina. «aunque lo desearan, no tenían capacidad operativa, técnica o legal para interrumpir o restablecer la señal. Por eso es que fueron al TSJ para acogerse al amparo del comité de usuarios que introdujo el recurso».
Alertó que desde que fueran despedidos de DirecTV, ninguna de las tres personas han mantenido contacto con los representantes de AT&T y afirmó que desde entonces, se ha intentado establecer comunicaciones con los enlaces de sus defendidos para que «asuman responsabilidades y que suministren documentos que en original demuestran lo que decimos», aunque ya hay trabajo adelantado porque se entregaron varios papeles.
«El mismo día de la orden solicitamos una cita para dar mas información. Cuando estas personas más querían colaborar, se emite una orden de captura en su contra. Estas personas decidieron ponerse a la disposición del Sebin porque están convencidos de no tener responsabilidad alguna (…) parece ingenuo el ponerse a disposición del Sebin, pero cuando eres honesto, cuando no eres político, cuando no vives la vida de criminal, haces eso», aseveró.
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Manifestó que los tres están recluidos en la sede del Sebin de El Helicoide y que se encuentran de buen ánimo. Resaltó que los funcionarios de ese cuerpo de seguridad, de la misma Fiscalía y los tribunales, reconocieron la actitud de valentía de sus clientes y los tratan actualmente con decoro.
Indicó que deben pasar 45 días de la investigación para poder ir haciendo otras diligencias legales. Luego de ese tiempo, se impugnará la decisión, se introduce la petición de revisar la medida y se da chance al sistema de justicia de corregir lo que esté mal.
También afirmó que «contactaremos a los responsables de lo ocurrido para reprocharles su actitud, que son los de AT&T, para que respondan ante la justicia venezolana por lo que hicieron. Si lo hicieron bajo presión del Departamento del Tesoro o por una supuesta negociación con Juan Guaidó, deben decirlo».
Dijo que el caso tiene muchas implicaciones políticas «producto del altísimo nivel de peticionario de DirecTV».
