Aborto y juventud, por Gisela Ortega
Autor: Gisela Ortega
La población juvenil representa el 20% de los habitantes del planeta, y el 85% vive en países en vías de desarrollo.
La Organización Mundial de la Salud, Unicef, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, llegaron en 1998 a un acuerdo en cuanto a la clasificación para los adolescentes: son aquellas/os entre las edades de 10 y 19 años. Al menos el 25% de ellos vive la línea de pobreza.
Cada año por lo menos 4.5 millones de jóvenes recurren al aborto en el mundo, muchas veces realizado en condiciones de riesgo. Debido a la censura que existe en muchas sociedades con respecto a la sexualidad, los y las adolescentes carecen de información y acceso a servicios adecuados de planificación familiar en condiciones de confidencialidad e independencia.
Como las adolescentes no están suficientemente maduras para el alumbramiento desde el punto de vista psicológico y físico, los nacimientos a edad temprana también se traducen en elevados índices de morbi-mortalidad materna. Entre los riesgos se incluyen hemorragias, anemia, desnutrición, retraso o complicaciones en la labor de parto. Tienen además, más probabilidades que las mujeres mayores de tener un nacimiento prematuro, un aborto espontáneo o que la criatura nazca muerta. También es cuatro veces mayor la posibilidad que fallezca por complicaciones del embarazo.
La Convención celebrada en 1990 sobre los Derechos del Niño y la Niña, es el primer tratado internacional que reconoce las capacidades reproductivas de los y las adolescentes y protege su derecho a la vida y a la salud. En su Artículo 24 “reconoce la facultad del niños al disfrute del más alto nivel posible de higiene y de servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud y desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia”, lo que incluye la disponibilidad de atención médica adecuada, confidencial y segura para los jóvenes que tienen complicaciones a causa de un aborto inseguro.
En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, se acordó: “Los países, con la asistencia de la comunidad universal, deberían proteger y promover los derechos de los jóvenes, a la educación, la información y la asistencia en materia de salud reproductiva, y del mismo modo exhorta a los gobiernos a que, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, atiendan las necesidades especiales de los y las adolescentes y establezcan programas apropiados para ellas”.
Un estudio de The Center for Reproductive Rights, revela lo siguiente:
-En Asia, Oriente Medio y África del Norte, el 48% de las mujeres tienen relaciones maritales antes de los 20 años de edad. En los Estados Unidos, el 63% son sexualmente activas antes de los 18 años.
-Entre el 20 y el 40% de las mujeres tienen su primera relación sexual antes de los 18 años en América Latina y el Caribe, el 30% en el Medio Oriente y África del Norte, elevándose al 50% en Yemen…
-Aproximadamente el 10% de los nacimientos en el mundo se atribuyen a adolescentes. Cada año, alrededor de 14 millones de jóvenes se convierten en madres.
-Entre uno y 4 millones de adolescentes, en los países del sur, recurren al aborto clandestino, por lo general de alto riesgo.
–Las adolescentes son más sensibles al VIH/SIDA y a otras enfermedades de transmisión sexual que los adolescentes varones. Esta vulnerabilidad cada vez mayor se puede atribuir a factores que escapan a su control, como la violencia y la explotación sexual, la carencia de educación formal incluyendo la sexual y la falta de acceso a anticonceptivos y a servicios de salud reproductiva.
-La prevalencia mundial de circuncisión femenina –mutilación genital- es de unos 130 millones de mujeres, con dos millones adicionales de niñas y mujeres que se someten a este procedimiento cada año. Esto significa una violación a sus derechos básicos, ya que implica la ablación de órganos sexuales sanos, sin que exista necesidad médica; por lo general se efectúa en niñas y adolescente, con consecuencias perjudiciales tanto físicas como psicológicas.
-En Latinoamérica y el Caribe, una décima parte de todas las mujeres hospitalizadas por complicaciones relacionadas con un aborto son menores de 20 años. En general, entre 40 y 47% de las agresiones sexuales son contra adolescentes de 15 años y menores.
El recurso de la familia, valioso y necesario para suplir otras fuentes de información, no cuenta mucho en Venezuela, pues generalmente actúa más bien como transmisor de valores sobre la sexualidad que cierran todo posible camino de comunicación. Por otra parte no es cierto que los adolescentes tengan acceso libre a la planificación familiar.
Es de hacer notar además la acción que sobre las actitudes y la conducta sexual tienen los medios de comunicación social y la publicidad comercial. Se propicia y se destaca una sola de las dimensiones del sexo: la del placer y el goce. Los jóvenes –más que ningún otro grupo de la población- son utilizados para vender el sexo-placer, representando las modas, el consumo, la música, etc. impuestas para responder a los intereses de quienes por esa vía ejercen control económico social; la juventud que va tras el bienestar del consumo representa una garantía más de la sustentación y mantenimiento de su poder –y ganancias-.
Desasistidos de información, sin las facilidades necesarias para el acceso a la anticoncepción científica, e impulsados por el ejercicio del sexo en busca de placer como única meta, no podrán tener los elementos para pensar lo que implica la vivencia de la sexualidad y la paternidad, y es así como están a merced de embarazos imprevistos y abortos realidades en las peores condiciones. Por supuesto que en el reparto de las funestas consecuencias que ello puede traer, las clases más desposeídos, las de menos recursos económicos y educativos tendrán la mayor incidencia.
No existe la menor duda que en Venezuela el aborto es un problema de salud pública cuya dimensión resulta muy difícil de precisar, debido al subregistro estadístico motivado por su ilegalidad, y solo se conocen los casos que se complican gravemente o mueren.
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