Abren proceso a expresidente de Honduras y se acuerda fecha para presentar cargos
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández inició este viernes su camino en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tráfico de drogas y conspiración. El mandatario se ha declarado con anterioridad inocente de todos los cargos
La audiencia virtual encabezada por el juez federal Stewart Aaron de la Corte del Distrito Sur de Nueva York acordó que el 10 de mayo se realizará la presentación de cargos contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, extraditado este 21 de abril, fecha en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos da cuenta de su captura.
Durante el proceso de apertura, en el que también participaron los abogados de Hernández y los fiscales federales, el mandatario solo tuvo dos intervenciones para dirigirse al juez con un «sí, su señoría» al serle preguntado si era conocedor de las circunstancias por la que se encuentra implicado en la causa abierta en Nueva York.
El procedimiento inicial se pudo seguir en la sala y a través de una llamada telefónica para los medios de comunicación. La corta audiencia consistió en un procedimiento sobre la organización de la causa, pero el juez reseñó al imputado un sumario de la acusación presentada por los fiscales federales en representación del gobierno de Estados Unidos.
El equipo de la fiscalía lo conforman Jacob Gutwillig, Michael Lockard, Jason Richman y Elinor Tarlow, que acudirán el 10 de mayo con sus argumentos.
La defensa del exmandatario a cargo de los abogados Raymond Colón y Daniel Pérez en Nueva York, ambos con amplia trayectoria en litigios penales en Estados Unidos, dio visto bueno al calendario acordado.
Aunque la audiencia se realizó en formato virtual, en las afueras de la corte en Manhattan se personó un pequeño grupo de manifestantes opositores al expresidente Hernández que dijeron llegar «para celebrar la justicia».
La activista Lida Perdomo le dijo a la Voz de América que «piden justicia» como comunidad pero también «estamos celebrando la justicia, que no hemos podido tener nunca en Honduras».
Defensa pedirá derecho a fianza
Los defensores han adelantado que pedirán en la presentación de cargos en mayo el derecho a fianza para el mandatario, para que pueda responder a la acusación en libertad condicional.
En una conversación de los abogados Colón y Pérez con el periódico hondureño El Heraldo, los letrados esbozaron parte del plan de la defensa y cómo piensan contrarrestar los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense.
«Es el derecho de todo acusado de una y en el caso del expresidente buscaremos que se le ponga en libertad, en especial con todas las evidencias exculpatorias que tenemos», dijeron los defensores al medio hondureño.
La defensa también dice que apuestan a la «desestimación del caso» en la etapa inicial para evitar llegar al juicio porque confían en el trabajo de avanzada que les muestra «evidencia sólida» sobre la fabricación de pruebas contra el exmandatario por parte de narcotraficantes condenados que lo inculpan en las que se sustenta la acusación. «No creemos que una vez mostradas nuestras investigaciones los fiscales tengan deseos o voluntad de hacer un juicio», opinaron los defensores.
El Departamento de Justicia ha asegurado en la audiencia que está listo para presentar sus primeros alegatos a partir de la base de la acusación que incluye los supuestos crímenes de tráfico de drogas, tenencia de armas y conspiración en crimen transnacional.
Un caso de «alto perfil»
Al presentar cargos contra Hernández la noche del jueves, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que el entonces mandatario se aprovechó del cargo en la primera magistratura del Estado hondureño.
Y que entre sus acciones creen que «corrompió las instituciones públicas del país, incluyendo partes de la policía nacional, el ejército y el Congreso (…) Protegió a los narcos y cargamentos de droga en Honduras», como parte del papel desempeñado.
La oficina del fiscal general dijo que el enjuiciamiento es parte de una operación de las Fuerzas de Tarea de Control contra el Crimen Organizado, que entre sus atribuciones «identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos».
El documento acusatorio señala que este caso —de «alto perfil»— es manejado por la Unidad de Narcóticos Internacionales y Seguridad Nacional con estrecha supervisión de la oficina del fiscal general.
El documento acusatorio también aclara que: «Los cargos en la acusación de reemplazo son meras acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad».
