Académicos en riesgo, por Gioconda Cunto de San Blas
Twitter: @daVinci1412
El asedio a las universidades y a los universitarios, el desprecio a lo intelectual, han sido hechos recurrentes en la historia. Sea en la antigua Unión Soviética o en los gobiernos totalitarios de China y Cambodia, miles de universitarios e intelectuales (científicos, profesores, escritores y otros) encabezaron las listas de personas encarceladas o fusiladas, como enemigos de pensamiento. Las universidades europeas en la primera mitad del siglo XX tampoco fueron ajenas al asalto, las alemanas bajo el control del partido nazi o las italianas, tuteladas por el fascismo.
América Latina no pudo eximirse de esa plaga. Dictadores como Videla, Stroessner, Pinochet, Castro, Bordaberry o Castelo Branco, entre otros, emprendieron cruzadas antiuniversitarias para frenar las libertades académicas de pensamiento, cátedra y expresión, y liquidar (metafórica o físicamente) a quien osara rebelarse.
En nuestro patio, el siglo XX nos trajo las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez quienes hicieron honor a su catadura, dedicados a cerrar universidades y perseguir profesores y estudiantes reacios a la mansedumbre exigida. La república civil y democrática, surgida del 23 de enero de 1958, fructificó en universidades reabiertas o creadas e institutos de investigación científica, todos ellos bajo criterios de autonomía de cátedra, pensamiento y expresión, recogidos en la constitución de 1961.
En 1999 se aprueba la Constitución vigente en la que el artículo 109 define a la autonomía universitaria de la manera más amplia posible, como nunca antes. Sin embargo, una cosa fue la letra y el espíritu y otra muy distinta, la realidad. A partir de ese año, un gobierno electo democráticamente se tornó autoritario hasta lo que hoy tenemos. Era inevitable que las libertades académicas sufrieran tanto como todas las demás libertades consagradas en la Constitución.
De esto da fe el informe 2020 de Académicos en Riesgo / Libres de pensar (Scholars at Risk, Free to think, SAR) dado a conocer hace pocos días. Esta es una red internacional de más de 500 instituciones de educación superior en 39 países, con la misión de proteger a las comunidades universitarias y estimular iniciativas que promuevan la libertad académica y valores asociados.
En sus 124 páginas, SAR da cuenta detallada de 341 ataques entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 en 58 países, de los cuales Yemen, India, China y Venezuela merecieron el dudoso honor de contar con capítulos apartes.
Dos casos en Venezuela son resaltados. Primero, la investigación criminal contra Freddy Pachano, director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia, ordenada por el gobernador del estado, luego de que aquel expresara públicamente su preocupación por la casuística de la covid-19 en el Zulia y la falta de equipos protectores para el personal de salud.
El segundo caso se refiere a los profesores (UCV) Manuel Rachadell Sánchez y Miguel Eduardo Albujas, nombrados por la Asamblea Nacional como miembros del Consejo Nacional de Universidades, a quienes por ese hecho la Sala Constitucional impuso sanciones como: prohibición de viajar o vender propiedades, congelamiento de cuentas bancarias e inicio de una investigación criminal. Al igual que Freddy Pachano, el exilio fue la opción escogida por estos académicos.
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En el capítulo titulado “El deterioro de la universidad venezolana” se detallan las decisiones gubernamentales que han llevado a la erosión de la libertad académica en nuestras universidades, la imposición de leyes que degradan la autonomía, la asfixia presupuestaria (por ejemplo, presupuesto 2021 para la UCV, 2,27% de lo solicitado), sueldos lastimosos, uso del sistema judicial para controlar las universidades y perseguir profesores y estudiantes, establecimiento de universidades no autónomas basadas en el adoctrinamiento político y el control sobre los programas docentes y de investigación.
No en balde el sistema de ciencia y tecnología ha declinado, según datos recogidos en dicho informe. En 1998, las instituciones venezolanas publicaban 4,8% de los artículos científicos de América Latina, cifra que cayó a 0,8% en 2019.
Mientras, el índice académico de libertad (AFi, por sus siglas en inglés) es en Venezuela de apenas 0,28 en un rango de 0 a 1, colocándonos cerca del quintil inferior de 140 países evaluados y muy por debajo del promedio (0,77) de países latinoamericanos y del Caribe.
SAR nos deja una lista de recomendaciones para garantizar la no violencia, la protección legal de la autonomía, el rechazo de consideraciones político-partidistas en la adjudicación de presupuestos, que ojalá puedan ponerse en marcha, aunque para eso hará falta un gobierno distinto al actual, que garantice las libertades hoy constreñidas.
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
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