Acreedores de Venezuela deberán esperar aún para tratar de cobrar su deuda
Los tenedores de bonos de deuda venezolana comenzarán a evaluar las próximas acciones a seguir, ante el desconocimiento de un nuevo mandato de Maduro y ante el reconocimiento de la AN como interlocutor válido
Una posible reestructuración de deuda con los bonistas no será aún posible hasta tanto se haya logrado la reinstitucionalidad del país. Luego del reconocimiento de varios gobiernos y organismos multilaterales a Juan Guaidó como presidente encargado, han surgido interrogantes sobre cómo será la relación con los acreedores de ahora en adelante, con los organismos multilaterales así como del manejo de los fondos públicos por parte de un gobierno de transición.
Analistas explican que los tenedores de deuda venezolana y de la petrolera estatal Pdvsa deberán aún esperar para un reinicio de las relaciones con Venezuela para tratar de cobrar lo que les adeuda tanto la República como Pdvsa
Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, sostiene que muchos bonistas comenzarán a estudiar cuáles serán los pasos a seguir, tras el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente del país, al considerar que su elección del 20 de mayo de 2018 fue producto de una contienda electoral ilegal.
El Comité de Acreedores de Venezuela indicó el pasado 11 de enero que que no negociará con el “régimen actual” que manda en Venezuela. En un comunicado, la organización formada por un grupo de inversionistas venezolanos en el exterior anunció que se apegarán a las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por lo que no negociará con entes del Estado venezolano. También recordó que para ellos el único poder legítimamente electo en Venezuela es la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó.
«Los bonistas han sido benevolentes con Venezuela pues luego de más de un año, un grupo decidió iniciar una demanda para cobrar la deuda. Muchos señalaban que no había un interlocutor válido con quién entablar un acuerdo de reestructuración. Sin embargo, considero que hasta que no haya un completo control del Estado por parte del gobierno de transición en la figura de Guaidó, no tiene sentido comenzar reuniones para tratar el tema. Creo que habrá aún un compás de espera en este sentido», destacó Grisanti.
El Gobierno venezolano decidió dejar de cumplir con sus compromisos de deuda con los tenedores de bonos desde noviembre de 2017, por lo que la República y Pdvsa adeudan casi 8.000 millones de dólares en intereses y vencimientos de capital. Monto que se sumaría a los $8.081 millones que deben desembolsar en 2019 por concepto de deuda.
«Los tenedores de bonos ya han visto que el Gobierno no está en capacidad para cumplir con sus compromisos y que no tiene acceso a financiamiento externo, por lo que tampoco ven factible reunirse con las autoridades financieras venezolanas», dijo Grisanti, al recordar que el Gobierno prometió presentar un plan de reestructuración y ya pasó más de un año de ello
Durante el pasado mes de diciembre, una firma de Florida (EEUU) demandó a Venezuela por 34 millones de dólares debido al impago de varios bonos que vencieron en 2018, según documento presentado en una corte estadounidense. Esta acción legal es la primera que un acreedor ejecuta desde que el gobierno de Nicolás Maduro incumpliera sus compromisos con la deuda. No obstante, puede que se sumen otras demandas.
Aunque existe el reconocimiento de la Asamblea Nacional como interlocutor válido para renegociar o reestructura la deuda, en la práctica los bonistas deberán esperar hasta que se conforme un gobierno de transición.
No solo los bonistas
Los últimos acontecimientos políticos también dejan la duda sobre cuál será el impacto en las finanzas del país, en caso de que los organismos multilaterales no reconozcan a Maduro como presidente de Venezuela.
Esta semana, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, manifestó que el organismo trabajará con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, «para asegurar la continuidad de nuestro apoyo al desarrollo del pueblo venezolano».
El BID informó en 2018 que no haría más préstamos a la nación petrolera por presentar pagos en mora, luego que el 14 de mayo pasado se venciera el lapso de 180 días que da la entidad bancaria para saldar deudas y cuando se debió erogar $88,3 millones. El multilateral informó que los pagos en mora incluyendo aquellos que no han llegado al límite equivalen a $212,4 millones.
“Bajo las normas del BID sobre pagos en mora, el banco no puede realizar ninguna actividad de préstamo con Venezuela hasta que salde su mora. Como una cuestión de política, el BID no reprograma sus préstamos con garantía soberana”, informó en esa oportunidad el banco a través de su portal web.
Por otra parte, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalaron que «se guiarán por la comunidad internacional» a la hora de reconocer al gobierno interino de Venezuela.
«Sobre Venezuela, estamos siguiendo con atención esta situación que se desarrolla de manera rápida. Como en todos los casos, la comunidad internacional guía el reconocimiento oficial y nos dejaremos guiar por ello (…) Venezuela encara muchos desafíos y esperamos que puedan resolverlos por el bien del pueblo venezolano», afirmó recientemente Gerry Rice, portavoz del FMI.
Mientras que el Banco Mundial emitió una declaración en su cuenta en Twitter que va en línea con los señalado por el FMI.
[1/3] El Grupo del @BancoMundial está profundamente preocupado por la creciente crisis humanitaria, económica y social que afecta las vidas de todos los venezolanos…
— Banco Mundial (@BancoMundial) January 25, 2019
En todo caso, analistas recuerdan que desde el gobierno de Hugo Chávez y con Nicolás Maduro se acordó no acudir a estos organismos multilaterales para solicitar préstamos financieros al señalar que impondrían exigencias en la política económica interna. Venezuela a través del Banco Central de Venezuela (BCV) solo ha hecho uso de sus Derechos Especiales del Giro (DEG) que mantenía en el fondo.
Debido a ello, el país comenzó una relación financiera más cercana con los gobiernos de China y Rusia, así como con el Banco de Desarrollo CAF para optar a financiamiento externo.
