Activistas Lgbti piden al TSJ responder demandas sobre identidad y matrimonio igualitario
Activistas Lgbti recordaron que hay solicitudes judiciales desde 2015 ante el Tribunal Supremo en materia de reconocimiento de identidad y matrimonio igualitario. También solicitan la derogación de un artículo del Código orgánico de Justicia Militar que penaliza las relaciones homosexuales. El pasado 28 de enero, el Alto Comisionado de Naciones Unidas Volker Türk aseguró que las autoridades venezolanas se comprometieron a ello
Activistas de la comunidad Lgbti solicitaron este martes 14 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dar respuesta a las demandas de matrimonio igualitario, reconocimiento de la identidad de género y la anulación de un artículo del Código Orgánico de Justicia Militar que condena, con hasta tres años de cárcel, las relaciones homosexuales dentro de la Fuerza Armada.
Unos 15 representantes pidieron un “pronunciamiento definitivo” sobre sus solicitudes introducidas desde el año 2015 por la asociación civil Venezuela Igualitaria relativas “al derecho al matrimonio civil igualitario”, al de “la identidad de género” y al de “las personas a ser, existir y amar dentro de las Fuerzas Armadas”, según declaraciones del presidente de esa asociación, Giovanni Piermattei, a la agencia EFE.
“Desde entonces, a pesar de haber sido admitido cada uno de estos recursos, (…) no han dado respuesta. Ya se cumplió el lapso procesal, están en un evidente retardo procesal al no darnos respuesta”, apuntó Piermattei.
Al finalizar su visita a Venezuela el pasado 28 de enero, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que la administración de Nicolás Maduro se comprometió -entre otros puntos- a derogar el artículo 565.
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Incluso, según el funcionario de la ONU, las autoridades lo calificaron como «obsoleto» pero hasta la fecha no se han anunciado avances en ese sentido.
Por su parte, Yendri Velásquez, del Observatorio de Violencia Lgbtiq, enfatizó que Venezuela es “lamentablemente, uno de los últimos países en la región en avanzar en materia de derechos humanos para las personas” de la comunidad, con las que el “Estado tiene una gran deuda”.
“No nos están garantizando el derecho a nuestra integridad física y emocional, no existen políticas públicas que estén orientadas hacia ese objetivo (…) y, por eso, nos preocupa, además, el creciente espacio que se le está dando a grupos antiderechos dentro de las instituciones del Estado”, expresó Velásquez.
