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Activistas Lgbti se encadenan frente a la Defensoría para exigir respeto a los DDHH



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LGBTI
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TalCual | noviembre 21, 2022

Defensores de los derechos Lgbti exigen al gobierno de Nicolás Maduro que se reconozca el derecho al cambio de nombre por razones de género, establecido en el establecido en el 146 del Código Civil que se despenalización la homosexualidad en la Fuerza Armada Nacional y que se discuta en el Parlamento el anteproyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario


Activistas de la comunidad Lgbti se encadenaron frente a la Defensoría del Pueblo, en Caracas, en modo de protesta por la omisión del Estado a la penalización de la homosexualidad en la Fuerza Armada Nacional (FAN), el desconocimiento del derecho al cambio de nombre por razones de género, establecido en el establecido en el 146 del código civil y la omisión legislativa de la Asamblea Nacional del 2020 a la discusión del anteproyecto de ley del matrimonio civil igualitario.

La protesta arrancó en horas de la mañana de este lunes 21 de noviembre. Los activistas advirtieron que el encadenamiento será de manera indefinida y que, incluso, podrían ir a huelga de hambre si no reciben respuestas por parte del gobierno.

*Lea también: Prejuicios políticos impiden aplicar la ley y que personas trans puedan cambiar su nombre

Javier Ávila, activista Lgbti y voluntario del movimiento Unidos por la Dignidad (UPD) llamó a la ciudadanía a acompañar la manifestación y se sume a la exigencia de respuestas al Ejecutivo.

Desde la sede de la Defensoría la profesora y abogada Richelle Briceño reiteró que la manifestación es una protesta al silencio del gobierno de Nicolás Maduro al irrespeto de los derechos humanos de la comunidad Lgbti. «Hacemos un llamado a partidos, a la sociedad civil y todas las personas defensoras de derechos humanos a que levanten su voz por quienes han sido olvidados», dijo desde el centro de Caracas.

Comunidad Lgbti lleva rato insistiendo

Desde hace al menos una década la comunidad Lgbti en Venezuela ha denunciado que sus derechos son invisibilizados por el Estado. Activistas han advertido que el gobierno mantiene la deuda sobre los derechos humanos de la población.

Pese a que, por ejemplo, en 2021 sostuvieron reuniones con la Comisión de Desarrollo Social de la AN, no han recibido respuesta, sino que por el contrario han habido declaraciones de diputados, como la vicepresidenta del Parlamento del 2020, Iris Varela, en contra del matrimonio igualitario.

No es primera vez que activistas Lgbti piden respeto a sus derechos y la protección legal del Estado. Lo hicieron en 2016, meses después de haberse instalado, en enero de 2016, la AN dominada por la oposición. También en 2014 cuando el chavismo era mayoría en el Legislativo.

El activismo social de este sector también lleva años exigiendo que se permita el cambio de nombre de las personas trans, el cual está garantizado por el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil desde hace más de 12 años, pero que no se cumple.

Textualmente, el artículo 146 expresa:

«Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad. Si se tratare de niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud del padre, madre o representante; si es adolescente mayor de catorce años podrá solicitar personalmente el cambio de nombre propio; una vez alcanzada la mayoría de edad podrá volver a solicitar el cambio de nombre por una sola vez. En los casos de colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, no se permitirá el cambio de nombre propio sin autorización judicial previa. El registrador o la registradora civil procederá a la tramitación del cambio de nombre propio, mediante el procedimiento de rectificación en sede administrativa».

El activismo ha alertado que las personas trans, al no tener su identificación, son blanco fácil de violencia y abusos y se les niega el acceso a la salud, al trabajo y a la libre movilidad.

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