Adolescentes excarcelados tras elecciones siguen judicializados y enfrentan cargos graves
Tras las excarcelaciones, los adolescentes detenidos en el contexto poselectoral permanecen judicializados, con medidas cautelares, sin derecho a defensa privada; sufriendo secuelas y restricciones que afectan su vida cotidiana. De acuerdo con Foro Penal, aún quedan cinco adolescentes detenidos en el país
Aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos no lograron precisar el número total de adolescentes detenidos en el contexto poselectoral del 28 de julio, por la falta de información oficial y la opacidad en el manejo de estos datos, indicaron que alrededor de 200 muchachos fueron encarcelados.
Han transcurrido ocho meses desde las elecciones presidenciales y, a pesar de que la mayoría de los adolescentes fueron excarcelados, «todos siguen sometidos a procesos judiciales, enfrentando cargos muy graves: los delitos más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico«, denuncia Martha Tineo, abogada y coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón.
En la actualidad, esta ONG tiene en sus registros a un solo menor de edad detenido: Jonathan José Bravo, de 17 años de edad, del estado Falcón, acusado de incitación al odio y terrorismo, pero no descarta la existencia de más. «El Foro Penal menciona cinco, pero nosotros solo tenemos confirmado uno. La información no se puede contrastar porque muchas familias temen hablar o han sido obligadas a guardar silencio», detalla Tineo.
Otros de los menores de edad que están en el registro del Foro Penal son: Dainer Ribero, de 16 años de edad; Luisneyder Zúñiga, de 17 años de edad; y Ángel Gabriel González, de 16 años. Están detenidos desde hace ocho meses en el retén de Caraballeda, estado Vargas, luego, según versiones de sus allegados, de que salieran a protestar tras las elecciones presidenciales «en busca de un futuro mejor».
La identidad del otro adolescente detenido no pudo ser confirmada para esta investigación, pese a los intentos de contactar a familiares y organizaciones de derechos humanos vinculadas a los casos.
La abogada recuerda que muchas personas no hacen públicos los casos de sus allegados detenidos por miedo. Expone que «defensores, fiscales y hasta jueces manipularon a las familias en torno a que no se vinculen con organizaciones de DDHH» y les advierten que eso podría perjudicar los procesos.
Los cientos de adolescentes que fueron encarcelados y posteriormente recibieron medidas cautelares están imputados por delitos que van desde instigación al odio, obstrucción de vías públicas, asociación para delinquir y hasta figuras más graves como terrorismo y traición a la patria.
Tineo insiste, además, que estos jóvenes «están enfrentando esos juicios sin derecho a la defensa porque no se les permitió en ningún caso designar abogados de confianza». Es decir, todos los adolescentes están en manos de defensores públicos.
«No podemos decir que sus intereses están siendo correctamente sostenidos por la defensa pública. En muchos casos, sus solicitudes no son tramitadas y fueron presionados a admitir hechos», añade la representante de Justicia, Encuentro y Perdón.
Medidas restrictivas, vidas paralizadas
Las excarcelaciones de adolescentes se dieron bajo medidas cautelares que incluyen: régimen de presentación periódica en tribunales, prohibición de salida del país e impedimento (en la mayoría de los casos) de declarar públicamente sobre los hechos y su situación.
Martha Tineo explica que las medidas impuestas a los adolescentes tienen un impacto económico y social devastador en los jóvenes y sus familias. Detalla que la mayoría proviene de sectores empobrecidos del país y que deben trasladarse a Caracas, hasta dos veces al mes, para cumplir con los requisitos judiciales, lo que conlleva viajes costosos.
«Algunos deben ir una vez al mes solo para la presentación, y otra vez si hay audiencia de juicio. Las fechas no coinciden. Entonces, tenemos familias pidiendo dinero en la calle, vendiendo lo que no tienen, dejando de comer para cumplir con estas exigencias», especifica Tineo.
Los abogados que asistieron los casos de los adolescentes intentaron que las presentaciones se hicieran en los tribunales más cercanos a su lugar de residencia, pero las solicitudes no fueron admitidas.
Estas situaciones en la que quedaron los adolescentes les impiden rehacer su vida con normalidad, lo que también les limita la capacidad de proseguir sus estudios o sus trabajos, si los tuvieran.
Secuelas de la detención
Además del proceso judicial, los adolescentes enfrentan secuelas tras su paso por centros de reclusión inadecuados para sus edades. Muchos de estos jóvenes fueron víctimas de torturas, maltratos físicos y psicológicos y hoy presentan traumas severos.
«Muchos enfrentaron situaciones dantescas. Algunos y sus familias han recibido apoyo psicológico a través de redes de apoyo con otras organizaciones de la sociedad civil», indica Tineo.
Y el miedo sigue presente, pues la abogada sostiene que han sido amenazados con que si no cumplen las medidas estrictamente o hablan de sus casos de manera pública, las medidas cautelares pueden ser revocadas.
Desde Justicia, Encuentro y Perdón insisten en que las detenciones fueron arbitrarias, violaron el debido proceso, y constituyeron graves violaciones a los derechos humanos. Por tanto, recomiendan al Estado iniciar investigaciones para juzgar y sancionar a los responsables de las detenciones, las torturas y los abusos.
La defensora de DDHH afirma que los jóvenes y sus familias deben recibir «una reparación integral, que no solo tiene que ver con indemnización del tipo pecuniario, sino con el proceso de rehabilitación, recuperación emocional y psicológica en virtud de todos los daños que sufrieron».
«Eso es lo que correspondería evidentemente si estuviéramos en un Estado de derecho donde se garantice el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos», concluye.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
