AI: gobierno de Maduro usa las ejecuciones extrajudiciales como método de control social
Para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, “las estrategias de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva»
Este miércoles 20 de febrero la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, presentó un balance sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Venezuela durante la jornada de protestas antigubernamentales que se llevó a cabo en el primer mes de 2019.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, informó que de acuerdo a las evidencias recabadas se visualizó un patrón común utilizado para poner freno a las protestas en contra de Nicolás Maduro, lo que arrojó como resultado que las autoridades “llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social”, siendo los primeros victimarios los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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Denuncia AI que en todas estas ejecuciones existe una particularidad, y es que han sido las zonas más “vulnerables” del país los escenarios de este uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad.
La misión de investigación registró los hechos de violencia ocurridos en el marco de las manifestaciones que se llevaron a cabo desde el 21 hasta el 25 de enero, para exigir la salida inmediata de Nicolás Maduro del poder.
El estudio que se llevó a cabo solo en los estados Lara, Yaracuy, Vargas y diversas zonas de la Gran Caracas, arrojó que 41 personas murieron víctimas de impacto de bala por armas de fuego, a causa de la violencia aplicada por los cuerpos de seguridad o de los grupos armados afectos al Gobierno, mejor conocidos como “colectivos”.
La cifra es superior a la reportada por otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, que registran unos 35 fallecidos durante la jornada de protestas que siguió a la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero
Para Guevara “las estrategias de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego detiene, amenaza y asesina”.
Solo durante cinco días de protestas en rechazo a la crisis política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela, y cansado de las políticas implementadas por el Gobierno, fueron arrestadas 900 personas.
Aministía Internacional documentó seis ejecuciones extrajudiciales en diferentes sectores del país, todas a manos de funcionarios de la FAES.
“En todos los casos, las víctimas tenían algún vínculo con las protestas en días anteriores y las denuncias de varios de ellos en contra de Nicolás Maduro se habían vuelto virales en redes sociales”, reza el informe
Tal es el caso de Johnny, de 29 años, joven que residía en la barriada popular de La Vega en Caracas y fue ejecutado por funcionarios de la FAES, luego de que publicara a través de sus redes sociales un vídeo que se hizo viral por mostrar la realidad que viven los vecinos de la localidad y en el que exigía la salida de Maduro.
“El 25 de enero a las 11:00 am ingresaron los funcionarios de la FAES a la casa del joven, lo golpearon y le dispararon, amedrentaron a los vecinos y simularon un enfrentamiento”, dijo Guevara.
Durante la presentación de los resultados de la misión de AI también estuvieron presentes el director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) Marco Ponce; Luisa Kislinger, directora de Mujeres en Línea; y el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez.
En acción
La misión de investigación recabó más de 50 testimonios, documentando 15 casos emblemáticos, algunos de graves violaciones a los DDHH y hasta de crímenes de derecho internacional.
Las seis víctimas eran hombres jóvenes a quienes las autoridades presentaron públicamente como muertos en enfrentamiento con las FAES. “Esta fuerza pública manipuló las escenas de crimen y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes”.
Desde la ONG hicieron referencia a las más de 800 detenciones que se produjeron solo en cinco días de protestas, lo que dejó como resultado graves casos de tratos crueles, inclusive a menores de edad
De acuerdo a los testimonios recabados por AI en el estado Yaracuy, a los detenidos se les golpeó, fueron insultados, expuestos a sustancias irritantes, privados del sueño y hasta amenazados de muerte.
Ante estas arremetidas que constituyen una violación a los derechos humanos, la organización Amnistía Internacional hace un llamado a
– Las autoridades venezolanos para que desarticulen la política de represión que se ha consolidado en los últimos años y cumplir con su obligación de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a DDHH o crímenes de derecho internacional.
– Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según Érika Guevara, otro aspecto preocupante es que en estos casos de violación a DHH existe un 98% de impunidad, por lo que pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tomar medidas que hagan frente a la impunidad total que prevalece en el país, mediante la creación de un mecanismo de investigación independiente
– A la fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que considere estos hechos para ser agregados al examen preliminar sobre Venezuela.
– A los países genuinamente preocupados por la situación de DDHH en Venezuela, AI recomienda que deben explorar el ejercicio de la jurisdicción universal que sirva de alternativa para la busque de justicia que las víctimas no pueden alcanzar localmente
– Por último un llamado a los venezolanos para que denuncien este tipo de actos, y a los periodistas y activistas de las diversas ONGs a seguir en pie aun cuando el Gobierno les aceche.