Al menos 12 personas desaparecieron en las minas del sur de Bolívar en 2020
La cifra de personas desaparecidas relacionadas con la minería en Bolívar ascendió, en un año, de 70 a 82 personas, de acuerdo con el monitoreo del trabajo de investigación Indelebles en alianza con Codehciu
Autor: Laura Clisánchez/ Correo del Caroní
12 personas desaparecieron en los municipios mineros del sur del estado Bolívar durante 2020, la pandemia de covid-19 no impidió el flujo de migración hacia la minería. De esa cantidad, solo cuatro personas reportadas como desaparecidas lograron comunicarse con sus familias e incluso volver a casa. Se desconoce el paradero del 75% de las víctimas de desaparición.
Desde 2016, fecha en la que se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO), aumentó la migración de personas hacia las minas del sur del estado Bolívar. La cifra se engrosa a medida que avanza la emergencia económica, y muchos de estos migrantes internos no regresan.
*Lea: Venezuela está en terapia intensiva en materia de DDHH, asegura Humberto Prado
Estas personas se desplazan de sus lugares en búsqueda de ingresos que les permitan costear la canasta básica alimentaria, y mejorar sus condiciones económicas en general, demolidas por el quiebre de las empresas básicas de la región, y el desempleo general causado por la debacle económica del país. Para sobrevivir, se enfrentan a una espiral de violencia que el Estado venezolano poco investiga y sanciona.
Alex Rivero Figueroa, María Moceta y su pareja Ronald, Robin Burgos, Richard Navas, Liliana Castro y José Ron, Leoscar Arias, Luis Vásquez, Justo Rincón, y David Peña desaparecieron entre enero y agosto de este año, en ese contexto.
Seis personas desaparecieron en el municipio Sifontes (Las Claritas, El Dorado, kilómetro 88), cinco personas desaparecieron en El Callao (Los Caballos y Nuevo Callao) y una persona que solía viajar al sur, desapareció en Angostura del Orinoco (Ciudad Bolívar).
50% de los desaparecidos en este territorio violento son mineros artesanales, la mayoría provenientes de distintos municipios del estado Bolívar, y algunos, provenientes de otros estados como Anzoátegui, Monagas, Carabobo y Distrito Capital.
En Bolívar hay cero confianza en las autoridades
La mayoría de los familiares contactados aseguran que no denunciaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), porque no confían en el proceso de búsqueda del organismo, porque no los incluyen en las investigaciones o por miedo a denunciar. Por lo general, los familiares emprenden la búsqueda por cuenta propia, faena que se complicó todavía más en medio de un escenario pandémico que implicó el cierre de fronteras.
“Ellos no dicen nada, somos nosotros los que tenemos que buscar prácticamente, y ha sido angustiante porque no sabemos la magnitud del peligro al que nos estamos enfrentando”, manifestó un familiar de uno de los mineros desaparecidos este año, que prefirió mantenerse en anonimato por seguridad.
Correo del Caroní intentó contactar a la comandancia del Cicpc de Tumeremo, Bolívar, pero la comunicación no fue posible.
*Lea: Podcast | Minería ilegal destruye al Parque Nacional Canaima con complicidad del Estado
Comerciantes desaparecidos
En estos territorios puede desaparecer cualquier persona que esté vinculada con el oro que se extrae en estas tierras, ya sea por su extracción, o como método de pago. Cuatro comerciantes desaparecieron este año, como Liliana Castro de 29 años, y José Ron de 40 años. Hasta ahora sus allegados no saben de ellos desde el 20 de abril. Los nombres de la pareja fueron cambiados por seguridad.
Liliana y José salieron de San Félix con dos cilindros de gas doméstico que pretendían vender en Las Maramas, un sector minero del municipio El Callao. Era la segunda vez que Liliana pisaba territorios mineros, y en esta ocasión no regresó.
José, su ex cuñado y compañero de viaje, decidió dedicarse a la venta de empanadas y otros alimentos en el pueblo desde hace cinco años, cuando quebró su negocio de comida frente a la Clínica Puerto Ordaz. Él sí era conocido en el lugar. Su familia sostiene que no podía dedicarse a la minería porque cojea de la pierna derecha y usa muletas, además tiene platinos en la pelvis, detalles que le dejó el accidente en moto que sufrió cuando tenía 20 años.
Pero las investigaciones han establecido que no es necesario estar vinculado directamente con la minería para ser víctima del pranato minero, o de funcionarios policiales. El 19 de abril a las diez de la mañana, José llamó a su familia para comunicar que ya iba de regreso a casa, que lograron vender las bombonas. Pero pasaron los días y hasta ahora no hay rastro de su paradero.
Los cuatro hijos de José, y los tres de Liliana, continúan esperando su regreso a casa. “Pero a ellos me los mataron, no van a volver”, sostiene la madre de José.
Aunque no quiso revelar detalles al respecto por temor a lo que pueda sucederle a ella y a sus nietos, admitió que recibió amenazas y una información a la que desafortunadamente se aferró, y que desintegró toda esperanza: a su hijo lo mataron y ella no lo puede seguir buscando porque ofrecieron propinarle el mismo destino si seguía buscando o denunciando.
La cifra de personas desaparecidas vinculadas a la minería entre 2012 y 2020 ascendió, en un año, de 70 a 82 personas de acuerdo con el monitoreo de un colectivo independiente de periodistas en alianza con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) para el proyecto de investigación Indelebles.
Incomunicación forzada
Otros familiares de personas desaparecidas recibieron mejores noticias este año, como la familia de María Moceta. La mujer y su pareja estuvieron desaparecidos por más de seis meses en las minas del kilómetro 88 del municipio Sifontes.
Cuando logró salir de las minas, a finales de noviembre, Moceta informó que no se había comunicado con su familia porque quienes tienen el control del yacimiento no le permitían utilizar el teléfono hasta que terminara el trabajo acordado, e infringir la ley de los sindicatos sale más que caro.
El patrón persiste y se mantiene impune porque el Estado no investiga con celeridad las desapariciones, ni los hechos violentos que ocurren en el sur. Aunque la comunidad internacional y organismos multilaterales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnuddhh) se han pronunciado cada vez más al respecto.
Las desapariciones forzadas son una violación grave a los derechos fundamentales del hombre. Por eso el Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y reparar tanto a las víctimas como a sus familiares, aunque parece no tener voluntad política para hacerlo.
“Esto es un dolor y una incertidumbre que no se compara con nada, ¿dónde están los cuerpos? Nadie los busca”, expresó otro familiar en anonimato.
Pueblos mineros y los grupos guerrilleros
La dinámica del modelo económico extractivista aurífero impuesto por el gobierno nacional, implica quedar en medio del enfrentamiento armado entre grupos irregulares que imponen su voluntad a base de torturas, desapariciones, asesinatos a mansalva y esclavitud forzada que mantienen en zozobra a los pueblos mineros, grupos guerrilleros extranjeros como el ELN y las FARC, y cuerpos de seguridad militares y civiles como las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Cicpc y las Fuerzas Armadas Especiales (FAES), por cuyo accionar las ejecuciones extrajudiciales en la zona también están a la orden del día y también facilitan la entrada de guerrillas en el territorio de acuerdo con la documentación del Acnuddhh.
Estos enfrentamientos en los que intervienen diferentes facciones, han dejado un saldo de al menos 25 masacres entre 2016 y 2020, y los mineros y comerciantes informales son los principales afectados del conflicto.
De acuerdo con el monitoreo de Correo del Caroní, entre 2019 y el primer semestre de 2020 han muerto al menos 137 personas: 39 mineros, dos comerciantes, y demás miembros de grupos delictivos y funcionarios del Estado. 45% de las víctimas no pudieron ser identificadas por efectivos del Estado, por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban, por carecer de documentos de identidad o por tener múltiples heridas de bala en la cara.
El silencio y la impunidad persisten en el territorio, que, pese a la violencia, cada vez recibe a más venezolanos que buscan huir del hambre y la hiperinflación sin garantías de regresar a salvo a sus hogares.
