Al menos 58 pupitres quedan vacíos en inicio de clases tras detenciones de adolescentes
Los adolescentes excarcelados no gozan de libertad plena, pues salieron de los sitios de reclusión con medidas cautelares: deben presentarse en tribunales cada cierto tiempo, más o menos semanalmente, tienen que asistir a las citaciones y se les prohíbe participar en manifestaciones o actos públicos
Al menos 58 adolescentes permanecen detenidos tras las protestas poselectorales, de acuerdo con las cifras de la ONG Foro Penal hasta la tarde del 10 de septiembre. En principio había 142 jóvenes apresados, pero se dieron algunas excarcelaciones a finales del mes de agosto.
El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, aclara que estas cifras son muy dinámicas y «varían continuamente» porque pueden conocer de casos que no habían sido denunciados o enterarse de excarcelaciones que no han sido informadas oficialmente.
Los detenidos tienen entre 14 y 17 años de edad. Son 12 muchachas y 46 muchachos. Distrito Capital es la región con más apresados (11), seguido de Lara (8), Aragua (6), Miranda (5), Bolívar (4), La Guaira (4), Carabobo (3), Barinas (3), Zulia (3), Amazonas (3), Nueva Esparta (3), Yaracuy (2), Sucre (1) y Táchira (1). Incluso permanecen detenidos adolescentes con alguna discapacidad.
Estos jóvenes están acusados de «incitación al odio» y de «terrorismo». La legislatura venezolana establece penas de hasta 20 años de prisión para el primer delito y entre 25 y 30 años de cárcel para el segundo. A estos detenidos se les imputan otros delitos como obstrucción de la vía pública, destrucción de la propiedad pública y privada.
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La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece cómo deben ser procesados los adolescentes. La aplicación de la ley es distinta para los adolescentes y se supone que debe ser más rápida. Dice que los menores deben ser presentados en tribunales dentro de las 24 horas siguientes al arresto y que las audiencias de presentación y la preliminar deben ocurrir 10 días después de la detención, pero en estos casos se ha incumplido la normativa.
La representación de adolescentes detenidos en perspectiva se ve así:
La cantidad de adolescentes presos tras las protestas poselectorales representa casi dos salones de clases completos.
Haciendo la comparación con autobuses de 32 puestos, tenemos que con el número de jóvenes detenidos se llena un carro completo y 26 puestos del segundo.
También podría decirse que son cinco equipos de fútbol y aún quedarían tres adolescentes «de banca».
Padres temen por sus hijos
Los representantes de varios de estos menores detenidos han asegurado que sus hijos no estaban participando en las protestas del 29 y 30 de julio que reclamaban al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publicara los datos desglosados de las elecciones, pero que de igual forma fueron llevados por las autoridades. También han denunciado malos tratos contra los jóvenes y afirman tener miedo de lo que les pueda ocurrir a sus hijos en los centros de detención, por lo que prefieren no hablar con la prensa de sus casos.
El abogado Gonzalo Himiob insiste en que la cifra de adolescentes detenidos puede ser mayor, «es muy posible que haya personas que no hayan reportado las detenciones por miedo» y por temor a represalias por parte de los organismos de seguridad.
A esta situación hay que sumarle la dificultad de los abogados privados, de las organizaciones no gubernamentales y hasta de los familiares para acceder a los expedientes que han sido asignados a defensores públicos, lo que deriva en situaciones como traslados a otras cárceles sin aviso oportuno. A la fecha se desconoce con precisión dónde están recluidos estos jóvenes, no se sabe si han sido cambiados de lugar; la mayoría estaba en centros especializados en responsabilidad penal para adolescentes.
Los jóvenes excarcelados no gozan de libertad plena, pues salieron de los sitios de reclusión con medidas cautelares: deben presentarse en tribunales cada cierto tiempo, más o menos semanalmente, tienen que asistir a las citaciones, se les prohíbe participar en manifestaciones o actos públicos y hablar de sus casos.
