Alcaldía de Maracaibo solicita la «inmediata liberación» de los funcionarios detenidos
El organismo exigió la liberación de los funcionarios detenidos el pasado 1 de octubre en Maracaibo, además del respeto por las instituciones, los espacios físicos de los poderes públicos municipales y el resguardo de los más de ocho mil servidores públicos que trabajan en el municipio
La Alcaldía de Maracaibo emitió un comunicado el 2 de octubre en el que asegura que el alcalde Rafael Ramírez Colina y otros funcionarios fueron detenidos el día anterior «sin justificación y explicación alguna» por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por lo que exigen su «inmediata liberación» y respeto a sus derechos.
Según el comunicado, la administración municipal reafirmó su compromiso con la transparencia y la información, enfatizando que, a pesar de la situación, los servicios y programas municipales seguirán en marcha.
«Los órganos, entes y servicios desconcentrados que conforman la Alcaldía de Maracaibo, continúan con el trabajo diario para llevar soluciones a cada una de las 18 parroquias, cumpliendo con la planificación establecida y la prestación de los servicios públicos municipales», señala el texto.
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El comunicado de la Alcaldía también demandó la protección de las instituciones públicas, así como el bienestar de los más de ocho mil servidores públicos que laboran en la administración municipal.
La detención del alcalde Ramírez Colina ocurrió el 1 de octubre junto a la directora general de la Alcaldía, Betty Ramos, el director de Seguridad Ciudadana, David Barroso, y otros funcionarios.
Finalmente, la Alcaldía de Maracaibo reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos, asegurando que seguirá actuando con un carácter humanista y en cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Partidos políticos y dirigentes de la oposición rechazaron la detención de los funcionarios de la Alcaldía, denunciando el arresto como una acción arbitraria del gobierno de Nicolás Maduro y pidiendo y el respeto por los derechos humanos de los implicados.
A la solicitud se unieron líderes opositores, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
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