Alto Comisionado de ONU condena aumento de intimidación contra opositores y periodistas
La Oficina del Alto Comisionado de ONU denunció que los venezolanos siguen teniendo «graves problemas para acceder a la alimentación y a la salud» y aseguró que las mujeres, las poblaciones indígenas y quienes viven en zonas rurales son los más afectados «de manera desproporcionada». Instaron a las autoridades a abordar estos problemas de acuerdo con las obligaciones internacionales
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó este miércoles 3 de julio una actualización oral del informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y recordó a las autoridades que las elecciones, tanto las presidenciales que se realizarán en los próximos días como las regionales, que están previstas para el año 2025, «son oportunidades claves para respetar la voluntad de la población».
Türk lamentó que las restricciones del espacio cívico sigan creciendo y afirmó que se necesita todo lo opuesto: «Un espacio libre y abierto para el debate». De la misma manera, dijo que la oficina de la ONU sigue recibiendo informes de detenciones arbitrarias a personas cercanas o integrantes de la oposición a medida que se acerca el día de la elección presidencial y solicitó «revertir estas prácticas».
Condenó el aumento del acoso e intimidación contra los periodistas y otras personas, incluyendo arrestos y persecuciones. En la actualidad, la ONU tiene documentados 38 casos de detenciones arbitrarias y recordó los casos de Rocío San Miguel y el periodista Carlos Julio Rojas, detenidos en los meses de febrero y mayo, respectivamente, quienes no han tenido acceso a su defensa de confianza.
El Alto Comisionado de la ONU pidió que se «levanten las restricciones al espacio cívico para que se proteja y se garantice un proceso electoral transparente y participativo en línea con las normas internacionales». También solicitó a todos los actores involucrados que «cumplan con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Barbados».
De acuerdo con el funcionario de la ONU, crear confianza «es el único camino a seguir en este periodo electoral», por lo que alentó a todos quienes detentan el poder a que «contraigan compromisos concretos en este sentido porque ahora más que nunca un diálogo abierto y constructivo entre la población y con las instituciones del Estado es crucial para superar las graves divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos».
Volker Türk manifestó preocupación por el proyecto de ley contra las ONG y su financiamiento y el proyecto de ley de fascismo, neofascismo y expresiones similares que «incluyen dediciones amplias y vagas», al tiempo que reiteró su llamado a las autoridades venezolanas a que se «abstengan de apoyar estas leyes que pueden restringir mucho más el derecho a la libertad de asociación y expresión».
La ONU volvió a condenar, así como lo hizo el año pasado, el cierre de emisoras de radio y el bloqueo a los portales web.
El Alto Comisionado de la ONU se refirió a la orden de expulsión de sus 13 funcionarios que trabajaban desde Caracas para asistencia técnica y que se trasladaron a Panamá y recordó que estaban dispuestos a tender puentes entre las personas y el Estado y afirmó que esa acción «es incoherente con el acuerdo que habíamos firmado y eso golpeó nuestras relaciones».
Otras denuncias de la ONU
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también hizo mención a otras irregularidades que se siguen ocurriendo en el país e instó a las autoridades a tomar las medidas necesarias, acordes con las normas internacionales, para abordar todas estas preocupaciones.
Türk dijo que pese a los reportes del crecimiento del PIB en 5%, de acuerdo con las cifras oficiales, «los venezolanos tienen graves problemas para acceder a la alimentación y la salud» e indicó que las mujeres, las poblaciones indígenas y quienes viven en zonas rurales «se ven afectados de manera desproporcionada».
En materia de salud encontraron, entre los meses de julio y agosto del año pasado, que 74,6% de los centros de salud no tienen personal médico y que también falta personal de enfermería. También indicó que el aborto sigue estando penalizado y que se practica con procedimientos pocos seguros, que aumentan la mortalidad y morbilidad materna.
La ONU documentó que las protestas por un mejor salario mínimo –que de acuerdo a tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela es de $3,56 (Bs 130)– afectan principalmente a los pensionados, por lo que urgió a las autoridades dar pasos para abordar estos problemas en salud, alimentación y remuneración digna que estén en líneas con las obligaciones internacionales y afirmó que «las sanciones han exacerbado las dificultades previas de derechos humanos».
El Alto Comisionado de la ONU reiteró su llamado para que todas las personas que han sido encarceladas de manera arbitraria sean liberadas. Dijo que desde mayo de 2023 y hasta junio de este año se han liberado 65 personas, entre ellas nueve mujeres y solicitó libertad para Javier Tarazona.
Igualmente, el defensor de DDHH mostró preocupación por los traslados de presos políticos a la cárcel de El Rodeo I por las denuncias de intimidación y malos tratos a reclusos, parientes y abogados, falta de información generalizada, falta de acceso a la asistencia legal y otros factores.
Volker Türk añadió que han documentado 28 detenciones contra personas por disentir que han conllevado desapariciones forzadas y exigió acabar con estas prácticas. De la misma forma instó a las autoridades a rendir cuentas de las acciones realizadas durante las protestas de 2017 y «garantizar el acceso a la justicia e indemnización a las víctimas».
Desde la ONU recomendaron a las autoridades crear oficinas de respuestas generales para la prevención de los femicidios y dijo que entre enero y noviembre de 2023 contabilizaron 186 asesinatos contra mujeres. Recordaron que estas investigaciones son esenciales. Denunciaron que persiste la discriminación contra la población Lgbti y 28,7% de estas personas afirmaron «ser víctimas de violencia y discriminación por parte de las fuerzas del Estado».
Igualmente consiguieron «uso excesivo de la fuerza y malos tratos» contra los pueblos indígenas en la lucha contra la minería ilegal y pidieron que se le demarquen sus territorios y se investigue y enjuicie la violencia contra estas personas.
