Alto Comisionado de la ONU pide frenar Ley contra ONG y llama a elecciones participativas
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que desde enero de 2023 han documentado 18 casos de desapariciones forzadas, cometidas por agentes policiales y de servicios de inteligencia durante detenciones
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este martes 19 de marzo su actualización oral sobre la situación de Venezuela. Nuevas restricciones al espacio cívico, reportes sobre malos tratos y torturas a personas detenidas, así como llamamientos a unas elecciones participativas y justas fueron parte de los hechos reportados.
La Alta Comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, lamentó al inicio de su intervención la decisión del gobierno venezolano de suspender las actividades de la Oficina en el país, consumada a mediados de febrero. «Estas medidas son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada entre el Gobierno y mi Oficina».
Al-Nashif recordó que el próximo 28 de julio se celebrarán elecciones presidenciales en el país, y reiteró «los llamados anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos».
Aseguró que la firma de los Acuerdos de Barbados el pasado octubre «fue un paso positivo para establecer las condiciones para unas elecciones creíbles. Hago un llamamiento para que se apliquen plenamente de buena fe».
En su actualización oral, puso énfasis en las restricciones al espacio cívico y democrático, «incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición».
También destacó que los derechos humanos, además de las libertades de expresión, reunión y asociación, «son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse».
La Alta Comisionada se refirió a la «represión, la detención arbitraria y las amenazas» que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, y puso como ejemplo a los activistas Javier Tarazona y Rocío San Miguel, ambos detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide.
Además, hizo un llamado a la administración de Nicolás Maduro «para que se abstengan de adoptar el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, que incluso podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital».
Detenciones, desapariciones y torturas
La Oficina del Alto Comisionado expresó en esta nueva actualización oral su preocupación por los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, así como despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en manifestaciones sociales.
Aunque reconocieron los esfuerzos del Estado para disminuir los delitos comunes y registraron una baja en asesinatos en contexto de operativos policiales, la Oficina solicitó a la administración Maduro que tome las medidas necesarias para frenar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.
La Alta Comisionada adjunta destacó que desde enero de 2023 han documentado 18 casos de desapariciones forzadas, cometidas por agentes policiales y de servicios de inteligencia durante detenciones.
«Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante este período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero», denunció.
Nada Al-Nashif también resaltó que han recibido denuncias sobre malos tratos cometidos por agentes policiales o de servicios de inteligencia, algunos de los cuales podrían constituir tortura. «Es particularmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas Yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana».
La Oficina del Alto Comisionado indicó que el año pasado realizaron siete visitas a centros de detención, con lo que han completado 70 visitas desde 2019. Solicitaron a las autoridades mejorar condiciones de detención, además del acceso al agua, alimentos y servicios de salud.
También denunciaron que no ha habido avances para lograr la despenalización del aborto, que se reconozca la identidad de personas trans y el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
Salida del Alto Comisionado
El pasado 15 de febrero, la administración de Nicolás Maduro anunció la expulsión de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado por sus supuestos «ataques exacerbados» contra Venezuela. El canciller Yván Gil alegó una falta de pronunciamiento sobre hechos terroristas y «falsear hechos y precalificar situaciones» sobre el país.
Esto tras un pronunciamiento sobre la situación de la activista y abogada Rocío San Miguel, que calificaron en un inicio como «desaparición forzada».
La Alta Comisionada adjunta recordó que desde 2019 han emitido recomendaciones sobre las condiciones de detención, realizado talleres para funcionarios estatales sobre obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; revisado y formulado comentarios a proyectos de ley; además de bridar apoyo a la elaboración de directrices para la investigación de delitos contra la vida y la integridad física.
Recientemente, señaló la Alta Comisionada, ampliaron la cooperación al Ministerio de Pueblos Indígenas. «Desde el establecimiento de la presencia del ACNUDH en el país, puedo dar fe de que se han producido cambios positivos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer», sentenció.
Manifestó que esperan reanudar pronto sus labores dentro del país, «y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades venezolanas sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente, en estricto cumplimiento del mandato de la Oficina».
La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada –a través de la firma de un memorando de cooperación– en el año 2019, tras una visita de la entonces comisionada Michelle Bachelet.
Esto con el objetivo de revisar en el terreno las denuncias sobre violaciones a DDHH, así como brindar asistencia técnica al Estado para mejorar la situación en este sentido. La cooperación entre esta instancia de la ONU y el gobierno venezolano se reafirmó el año pasado, tras la visita del Alto Comisionado Volker Türk,.
