Amnistía Internacional dice que Perú da la espalda a venezolanos que huyen de Maduro
TalCual
Publicado febrero 4, 2020
La ONG Amnistía Internacional, manifestó que la política del gobierno de Perú, de negar cada vez más el acceso al territorio incaico, está poniendo en riesgo la situación de los venezolanos
La Organización No Gubernamental (ONG) Amnistía Internacional, emitió este martes su último informe sobre la violación de derechos humano a los venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro, con rumbo a países sudamericanos, especialmente Perú.
En el mismo, la organización aseguró que el país andino “da la espalda” a venezolanos que, a pesar de tener todos sus papeles en regla, no les es permitido el ingreso a la nación incaica.
De acuerdo con Amnistía, en dicho informe se describe la grave situación y rápido deterioro del trato que se dispensa a las personas refugiadas venezolanas en Perú. “Perú está ahora negando rotundamente a esas personas su derecho a buscar protección e impulsando una política deliberada de rechazar a las mujeres, hombres y niños solicitantes de la condición de refugio de Venezuela”, expresa el documento.
La investigación se llevó a cabo a finales de 2019, en las ciudades peruanas de Lima, Tumbes y Tacna; donde realizaron cerca de 60 entrevistas a venezolanos detenidos en los pasos fronterizos, con quienes corroboraron los testimonios a través de la visualización de materiales como documentos de identidad, pasaportes, visas, decisiones sobre solicitudes de la condición de refugiado e informes médicos.
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La organización manifestó que durante la estancia en Perú, el equipo de investigación mantuvo reuniones con grupos de la sociedad civil, representantes del mundo académico, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), así como la realización de consultas a informes y directrices de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informes de ONG internacionales y regionales, legislación nacional y otros documentos oficiales.
De la misma manera, indicaron que resultados de la investigación “fueron compartidos con el presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro del Interior y el Superintendente Nacional de Migración por medio de una carta el 17 de enero de 2020”.
Venezuela se encuentra en medio de una emergencia humanitaria y gran crisis de derechos humanos, que comenzó en 2014, y de la cual han huido más de 4,8 millones de personas hasta diciembre de 2019.
Colombia es el país que alberga el mayor número de personas venezolanas, con 1,6 millones. Perú, sin embargo, tiene la mayor población de personas venezolanas solicitantes de la condición de refugio (377.047), mientras que otros países también reciben a un gran número de personas venezolanas: Chile (371.163), Ecuador (385.042), Brasil (224.102) y Argentina (180.267).
En un contexto de protestas sociales generalizadas, las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y violaciones del derecho a la salud y a la alimentación.
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“Perú, es el país que tiene más personas solicitantes de la condición de refugio de Venezuela y acoge a más de 800.000 venezolanos (…) No obstante, esta generosidad histórica no significa que el Perú pueda incumplir sus obligaciones internacionales presentes y futuras”, señala el documento.
En este sentido, la ONG afirma que la política del gobierno de Perú, de negar cada vez más el acceso al territorio incaico, está poniendo en riesgo la situación de las personas venezolanas.
“Las que son rechazadas en la frontera de Perú permanecen en un estado de incertidumbre jurídica: no pueden regresar a Ecuador ni entrar en Perú. Como consecuencia de ello, las personas venezolanas se han visto obligadas a recurrir a rutas y mecanismos de supervivencia más peligrosos”, indica la misiva de Amnistía Internacional.
En este sentido, instaron a las autoridades peruanas a garantizar el riguroso respeto de sus obligaciones internacionales y regionales para con los venezolanos que buscan seguridad.
“El gobierno debe aplicar urgentemente la definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena de 1984 y debe hacerlo mediante un reconocimiento prima facie o grupal, dado el considerable número de venezolanos y venezolanas que buscan asilo en el país”.
Recomendaron al gobierno de Martín Vizcarra que solicitara un apoyo financiero y técnico adecuado a la comunidad internacional, que a su vez “debería aumentar significativamente su asistencia y desarrollar mecanismos para compartir la responsabilidad por las personas refugiadas venezolanas”.
Perú no es en absoluto el único país de la región que intenta limitar la entrada de personas venezolanas en busca de seguridad. Entre junio y agosto de 2019, Chile y Ecuador también impusieron medidas restrictivas similares, que limitan el acceso a su territorio y a la condición regular.
Asimismo, pidieron a naciones como Chile y Ecuador, abstenerse de poner obstáculos y priorizar la coordinación regional responsable sobre la base de un compromiso genuino con el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección internacional, así como el principio de responsabilidad compartida.
