Amnistía Internacional: Sociedad civil enfrenta una incesante escalada de persecución
La ONG Amnistía Internacional aseveró que hay un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, además de campañas estigmatizantes contra opositores críticos, en especial ligados al partido Vente Venezuela
Amnistía Internacional alertó el lunes sobre una «alarmante escalada» en la represión ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro contra voces críticas y la oposición venezolana, «para intentar cercenar el espacio cívico».
En un comunicado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que las autoridades venezolanas «han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil, como ONG y personal humanitario, y a activistas de la oposición política».
Amnistía advirtió a la comunidad internacional que estos hechos no son «nuevos ni aislados», y «podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
La ONG insistió en un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, además de campañas estigmatizantes contra opositores críticos, en especial ligados al partido Vente Venezuela.
«En paralelo, el gobierno ha venido apuntalando proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión», destacó Piquier.
Amnistía pidió a la comunidad internacional tener «máxima atención», en especial durante este periodo electoral, y apoyar las denuncias sobre violaciones de derechos en Venezuela.
También le exigió a la administración Maduro «el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas».
