Amnistía Internacional: Venezuela sufrió una crisis humanitaria profunda en 2022
Amnistía Internacional denunció las políticas represivas del Estado venezolano contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores de derechos humanos; así como la minería ilegal y las situaciones de violencia que amenazan de forma continua los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) publicó este martes 28 de marzo su informe global sobre la situación de derechos humanos. Respecto a Venezuela, la ONG resaltó que para el año pasado las violaciones de derechos humanos permanecieron impunes, mientras que la hiperinflación y la caída del poder adquisitivo empujaron a la población, especialmente en el interior, a una «crisis humanitaria profunda».
El informe 2022 de AI revisó la situación de derechos humanos en 156 países e hizo un llamamiento a la acción a todos los gobiernos. La ONG resaltó, en el caso venezolano, la falta de acceso a derechos económicos y sociales como un motivo de honda preocupación, «pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada».
Debido a la hiperinflación y la caída del poder adquisitivo para comprar productos básicos, Aministía Internacional identificó que «la mayoría de la
población, especialmente la que vivía fuera de la capital, Caracas, sufriera una profunda crisis humanitaria».
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Mientras que las autoridades, «en un intento de controlar el sector privado» impusieron nuevas inspecciones arbitrarias y sanciones administrativas a las empresas y los comercios.
Amnistía Internacional también señaló que los cuerpos de seguridad «respondieron con fuerza excesiva y otras medidas represivas a protestas para reclamar derechos económicos y sociales, incluido el derecho al agua, en las que participaron diversos sectores de la población».
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2022 se celebraron 7.032 protestas. En 77% de ellas se reclamaron derechos económicos y sociales.
Sobre la situación de violaciones a los derechos humanos, Amnistía afirmó que la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, se mantuvo «con la aquiescencia del sistema judicial».
«Continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro».
La ONG citó a Cofavic, que hasta septiembre de 2022 identificó que fuerzas de seguridad cometieron 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país. «Las personas responsables de esos actos quedaron impunes», aseveró Amnistía Internacional.
En cuanto a las condiciones penitenciarias, AI señaló que continuan siendo un importante motivo de preocupación, «especialmente en relación con el hacinamiento y el uso de centros de detención ilegales, así como con el acceso a derechos fundamentales tales como el agua y la alimentación».
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También se destacó que, pese a la aprobación de reformas jurídicas relativas a la administración de justicia, «las víctimas seguían teniendo dificultades para acceder al derecho a verdad y reparación. Entre 240 y 310 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos».
Amnistía Internacional resaltó los casos de cinco activistas políticos vinculados al partido Bandera roja y el defensor de DDHH Gabriel Blanco; al igual que la situación de la joven Emirlendris Benítez, condenada a 30 años de prisión en agosto del año pasado tras ser acusada de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018. La ONG recordó que Benítez permanece detenida de forma arbitraria por motivos políticos y padece de varios problemas de salud.
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«Su sentencia no se hizo pública, lo que impidió a su abogada apelar. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había pedido su excarcelación inmediata», señaló AI en su informe.
Al igual que otras ONG, Amnistía Internacional denunció las políticas represivas del Estado venezolano contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores de derechos humanos. «Hasta agosto, la organización local Espacio Público había documentado 228 ataques a la libertad de expresión en forma de censura, agresiones verbales y actos de intimidación contra periodistas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones —con la participación activa de agentes de policía y militares—había cerrado 78 emisoras de radio hasta diciembre».
Minorías afectadas
Otra de las cuestiones que resaltó Amnistía Internacional en su informe 2022 es la minería ilegal y las situaciones de violencia que amenazan de forma continua los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco, especialmente sobre su libre determinación y a un medioambiente saludable.
La ONG denunció la falta de investigación del asesinato del activista y guardia territorial de Amazonas Virgilio Trujillo, así como la falta de medidas para evitar revictimizar a los indígenas afectados por la masacre de Parima B, cometida por efectivos de la Fuerza Armada Nacional.
Además, para Amnistía Internacional las repercusiones de la emergencia humanitaria «sobre los servicios de salud sexual y reproductiva contribuyeron a obstaculizar el acceso a esos derechos». Puso como ejemplo, la penalización del aborto en casi todas las circunstacias, así como el poco avance en los derechos de las personas Lgbti.
También se denunció que, pese a la reforma a principios de 2022 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las autoridades no dieron cumplimiento efectivo para informar, prevenir y sancionar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Tampoco el funcionario público recibió formación constante «para prestar atención primaria a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género».
Conflictos mundiales
Respecto a la situación mundial, Amnistía Internacional recordó la aparición de nuevos conflictos en 2022, así como la reanudación y la prolongación de otros que causaron tragedias terribles, «algunas de las cuales constituyeron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En todo el mundo había gobiernos que seguían reprimiendo con dureza libertades universales».
Además de la guerra de Rusia contra Ucrania, que conllevó a una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, Amnistía destacó la guerra en Etiopía, el asesinato de más de 150 personas palestinas en Cisjordania por fuerzas israelíes, al igual que la represión y desplazamiento de la población karen y karenni de Myanmar.
«Los sectores más marginados fueron los más afectados, y aumentó la desigualdad. Mujeres, niñas y personas Lgbti sufrieron violencia por motivos de género y discriminación», destacó Amnistía, que además resaltó las crisis económicas provocaron un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y de los combustibles, e incrementaron la presión sobre los servicios de salud y otros servicios sociales.
