Amnistía Internacional: Vida de venezolanos encarcelados en El Salvador «está en peligro»

La organización Amnistía Internacional señaló que ha «documentado ampliamente las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador». Este lunes 24 de marzo, un bufete de abogados contratados por la administración de Maduro presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador para pedir la liberación de los 238 venezolanos presos
La vida de 238 venezolanos encarcelados en El Salvador, enviados ahí por el Gobierno del presidente Donald Trump, «se encuentra en peligro» por las violaciones a derechos humanos que se estarían dando en las prisiones salvadoreñas y la implementación en el país de un régimen de excepción contra las pandillas, alertó la organización Amnistía Internacional (AI).
“Las expulsiones ilegales a El Salvador ponen vidas en peligro al haber un estado de excepción en vigor”, indicó AI en un comunicado este martes 24 de marzo.
De acuerdo con Ana Piquer, directora para las Américas de AI, este traslado y la desobediencia de una orden judicial que lo prohíbe “representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del Gobierno de Trump”.
A juicio de Piquer, estas acciones también son “un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente (Nayib) Bukele”, cuya Administración es acusada de atropellos, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones de corta duración y muerte de detenidos con signos de violencia.
*Lea también: Venezolanos fueron llevados a El Salvador bajo engaño: Les dijeron que irían a su país
AI indicó que “ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde están recluidos ahora los expulsados”.
“Los informes indican hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Además, organizaciones salvadoreñas han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia”, relató.
A juicio de Amnistía Internacional, “es preciso exigir responsabilidades a El Salvador por facilitar políticas que violan los derechos de las personas migrantes y las que buscan seguridad”.
El Gobierno de El Salvador, hasta el momento y desde la llegada de los más de 200 migrantes el pasado 16 de marzo, no se ha referido al tema, tampoco ha brindado detalles sobre cómo se encuentran los migrantes de origen venezolano que fueron trasladados al Cecot.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado viernes que los migrantes venezolanos que llegaron a El Salvador fueron sometidos a un proceso «muy riguroso» para verificar que formaban parte de la banda transnacional Tren de Aragua.
Desde la adminitración Maduro se rechazó la deportación de los venezolanos y se aseguró que buscarán las vías de garantizar el retorno de este grupo. Este lunes 24 de marzo, un bufete de abogados presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador para pedir la liberación de los 238 venezolanos presos.
Según reseñó el medio Univisión, uno de los abogados dijo que la petición fue presentada en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y que representan a 30 de los 238 ciudadanos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos hace poco más de una semana e internados en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.
Con información de Swissinfo.ch
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.