Amnistía pide activar jurisdicción universal ante violaciones sistemáticas en Venezuela
Amnistía Internacional publicó un informe en el que identificó patrones en las detenciones arbitrarias registradas en Venezuela: ocurren sin órdenes judiciales, falta «independencia judicial», se aplican leyes de forma «ambigua» y se utiliza la «incomunicación y el aislamiento de las personas detenidas»
La organización Amnistía Internacional (AI) solicitó este martes 29 de agosto a la comunidad internacional activar la jurisdicción universal para que se juzguen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas los últimos años en Venezuela, especialmente las detenciones arbitrarias a los que son sometidos opositores o aquellos que la administración de Nicolás Maduro percibe como tal.
Durante la presentación del informe «Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela», Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que la obtención de justicia internacional «parece ser la única vía de justicia para aquellos que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos» en el país.
La jurisdicción universal permite el juzgamiento de crimenes de lesa humanidad y otros delitos sin importar donde se hayan cometido o la nacionalidad de las víctimas y victimarios. La justicia argentina activó en julio de 2023 este recurso, ante una petición de la Fundación Clooney para la Justicia para investigar el asesinato en protestas de al menos dos personas por parte de cuerpos de seguridad del Estado. La investigación se encomendó al fiscal federal Carlos Stronelli.
«Venezuela está en un contexto preelectoral por lo que la comunidad internacional debe alertarse por las detenciones y persecución (…) brindar apoyo técnico, político y financiero para que se mantenga el escrutinio internacional que ha podido mitigar las graves violaciones» como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional, destacó Guevara Rosas.
Respecto al uso de detenciones arbitrarias en el país, la directora de Amnistía afirmó que su único objetivo es neutralizar cualquier percepción negativa contra el gobierno y, por ello, trasciende su uso de los militantes políticos y abarca a activistas de derechos humanos, trabajadores o personas porque estaban en el lugar equivocado.
La oenegé identificó patrones en este tipo de detenciones: ocurren sin órdenes judiciales, falta «independencia judicial», se aplican leyes de forma «ambigua» y se utiliza la «incomunicación y el aislamiento de las personas detenidas», entre otros.
«En algunas ocasiones, las detenciones tienen otros fines y tiene un efecto de retaliación en contra de la sociedad», destacó. En su informe, Amnistía Internacional determinó un patrón a partir de las detenciones arbitrarias de Emirlendris Benítez, María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, Roland Carreño, Guillermo Zárraga, Darío Estrada, Robert Franco, Javier Tarazona y Gabriel Blanco.
La organización no solo solicitó la libertad inmediata de estas personas, sino de los más de 280 presos políticos que registran las organizaciones en el país.
Preso por disentir
Diannet Blanco, esposa de Gabriel Blanco, participó en la presentación del informe de Amnistía Internacional y pidió que el costo del proceso contra el activista sea la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Recordó que su pareja, señalado en la causa «5 de julio», fue condenado a poco más de 16 años de prisión en un juicio donde no se mostraron pruebas que lo vincularan a supuesto terrorismo o conspiración.
Blanco comentó que su esposo ese 5 de julio de 2021 se dirigía a la parroquia Coche a prestar servicios a una mujer víctima de violencia de género, como parte de su labor dentro de una ONG que se dedica a prestar ayuda en este sentido. En la noche fue detenido en su vivienda por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que mostraron una supuesta orden de arresto y estuvo desaparecido varios días hasta su presentación en tribunales con otros cinco sindicalistas.
Dijo que esta situación le recordó su propia situación, cuando fue víctima de detención arbitraria por poco más de un año y estuvo recluida en el Sebin Helicoide. También denunció que ha sido víctima de hostigamiento por funcionarios del Sebin y la Dgcim cuando ha exigido en espacios públicos la liberación de su esposo.
«Es lamentable que se criminalice la labor de derechos humanos (…) Yo espero que con Gabriel se respete la justicia, el debido proceso y pueda recuperar pronto la libertad», expresó.
Justicia fallida
Gonzalo Himiob, abogado penalista y director vicepresidente del Foro Penal Venezolano, señaló que «el mensaje» que envía el Ejecutivo con estas detenciones es que más allá de los arrestos sin base judicial, «es que pueden hacer lo que les da la gana». Afirmó que en ninguno de los más de 15 mil casos de detenciones arbitrarias que maneja la ONG se consignaron pruebas que involucraran en delito a estas personas o la evidencia fue viciada para inculparla.
«Dentro de esta lógica del enemigo interno, que es lo que orienta el desempeño del poder contra el ciudadano, el proceso penal ha quedado complentamente desnaturalizado. El proceso penal debe ser para la búsqueda de la verdad, establecimiento de justicia, pero en estos casos no sirve para eso, sirve para reafirmar la narrativa del poder», aseveró.
Además, el abogado mencionó que en casi en la totalidad de los casos se observa la absoluta impunidad de las violaciones a los derechos humanos que se denuncian en tribunales. «Existe evidencia de maltrato recurrente contra las mujeres detenidas, la agresión sexual es lo más frecuente. Se las obliga a desnudarse y se les amenaza con violación».
Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal
La detención preventiva no sirve para los objetivos que debería servir, dijo Himiob, «se utiliza claramente como una suerte de castigo anticipado». De los 286 personas detenidas por motivos políticos en el país, según datos del Foro Penal, 156 están en detención preventiva, es decir, no han sido condenadas por un tribunal. De ellos, 113 han excedido el límite legal (tres años) y algunos llevan hasta seis o siete años detenidos.
«El poder no está interesado en cumplir las leyes, no hay interés verdadero de cumplir los procesos legales», reiteró.
Por su parte, la abogada Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, resaltó el dolor emocional y las secuelas psicosociales que padecen las familias como producto de los maltratos sufridos. Puso como ejemplo a los familiares de Darío Estrada, cuya madre lo ha podido ver solo en dos oportunidades desde que fue encarcelado por falta de recursos económicos.
También destacó el caso de la señora Yosida Venegas, madre del preso político Juan Carlos Monasterios, quien fue detenida y se encuentra desaparecida desde hace 14 días. Sus condiciones y paradero se desconocen.
La abogada también dijo que familiares de presos políticos han denunciado que se les prohíben el ingreso de ciertos alimentos, como sucede con las ocho presas políticas recluidas en el INOF. «Los presos políticos sufren pena anticipada por su participación en crímenes que no se han comprobado y son obligados a morir de desnutrición, son aislados».
Dos litros de leche y un kilo de avena puede ser la garantía de los familiares que las presas puedan tener un alimento balanceado, dijo Tineo, «ese es justamente uno de los alimentos que han prohibido (…) Esto definitivamente agrava su situación de salud».
Política para silenciar
Francisco Cox, integrante de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, dijo que esta instancia de la ONU ha podido identificar «una política por silenciar o aplastar a personas opositoras o percibidas como tal por el gobierno venezolano, esto fue implementado por organismos como el Dgcim y el Sebin».
La Misión también identificó el empleo de tortura por parte de la Dgcim para obtener auto incriminaciones falsas y señalamientos contra otras personas, también falsas. Además, encontraron algunas pruebas sobre asesoría de Cuba en entrenamiento de los funcionarios de la Dgcim, tanto en labores de inteligencia como represión.
«El poder judicial y la fiscalía no son autónomos e independientes, se favorece la impunidad frente a la tortura. Los reclamos y denuncias son devueltos a la misma institución que tortura», destacó Cox.
“Se determinó como modus operandi el uso de tortura para obtener autoincriminaciones falsas y contra otras personas. Hay bases razonables para creer en la responsabilidad individual de directores y ciertos mandos” Francisco Cox de #FFM#VidasDetenidashttps://t.co/oactbWyUYU pic.twitter.com/ZAPyAy4bkf
— amnistia . org 🕯 (@amnistia) August 29, 2023
Recordó que en los casos de la Dgcim y el Sebin hay una cadena de mando que apunta directamente al gobernante Nicolás Maduro. A los «objetivos» se les interfiere telefonicamente, se les planta evidencia para incriminar, se les detiene e incomunica.
«Todo el aparataje y tecnología que se usa para detener, se evidencia como elementos de un plan criminal común, que son los crímenes de lesa humanidad», señaló el experto.
