PJ, AD y UNT dicen que no ha habido voluntad política para auditoría de Monómeros
La Asamblea Nacional (AN) de 2015, en la sesión virtual de este jueves 11 de agosto, aprobó remitir a la Comisión Especial para el Cumplimiento y Seguimiento de la Protección y Defensa de los Activos de la República en el Extranjero el informe sobre presuntas irregularidades en el manejo de Pequiven-Monómeros. El Procurador Especial, Enrique Sánchez Falcón, solicitó a la AN que se apruebe el presupuesto para la defensa de los litigios
El manejo del caso de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, con sede en Colombia, volvió a ser cuestionado por las fracciones parlamentarias de los partidos Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD, y Un Nuevo Tiempo (UNT), este jueves 11 de agosto.
Estos partidos insistieron en la transparencia en el manejo de los activos de la república en el exterior. «Reiteramos que se han producido y aprobado unánimemente un Acuerdo Parlamentario y un informe en la Comisión Delegada», puntualizaron los partidos opositores en un comunicado.
«En octubre de 2021 se aprobó el informe que produjo la Comisión de investigación de Monómeros, dirigida por la Diputada Bibiana, Lucas que logró frenar la toma hostil perpetrada por factores políticos. Todas las recomendaciones de ese informe, que fueron aprobadas por la Comisión Delegada, están todavía por realizarse y el país está a la espera. No ha habido voluntad política para concretar las acciones de auditoría y reforma», señalaron.
Los partidos PJ, AD, y UNT puntualizaron que corresponde entonces a la Comisión Especial llevar adelante las decisiones que ya ha tomado la Asamblea Nacional, “referidas a Monómeros y a todos los activos recuperados, y así garantizar la transparencia en el manejo de los activos de la República en el exterior. Exigimos que el contenido de la comisión de investigación y el acuerdo del 14 de junio de este año sean implementados para ordenar todo lo relacionado a los activos de la República”.
Más temprano, la Asamblea Nacional (AN) de 2015, en la sesión virtual de este jueves, aprobó remitir a la Comisión Especial para el Cumplimiento y Seguimiento de la Protección y Defensa de los Activos de la República en el Extranjero el informe sobre presuntas irregularidades en el manejo de Pequiven-Monómeros.
En el informe de la Comisión de Contraloría se solicitó la restructuración de la directiva de Monómeros y se declaró la responsabilidad política al gerente general de la empresa, Guillermo Rodríguez Laprea. Además, en Contraloría de la AN se declara la responsabilidad política y se recomienda la destitución inmediata de su cargo de la presidenta de la Junta Administradora ad hoc de Pequiven, Diana Bracho.
Esta funcionaria, según se dijo, no veló por el buen funcionamiento y la transparencia en el desempeño de la Junta Directiva de Monómeros, filial de Pequiven. Además, en el informe que revisará la Comisión Especial, se pidió remitir la información a la Superintendencia de Supersociedades de Colombia.
Según, el diputado Ismael García también que también deben señalarse los factores políticos de la AN que no fueron lo suficientemente diligente, ni tuvieron la voluntad política, para tomar la decisión de destituir la Junta Directiva actual de Monómeros, tal como fue solicitado por el Presidente del Parlamento de 2015, Juan Guaidó.
“Hay factores que apoyaron que se mantuviera la actual directiva de Monómeros encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea, cometiendo todo tipo de irregularidades. Todos entramos en descrédito, porque lo que se dice en las calles, es que los diputados se robaron Monómeros, no aquí nadie se ha robado nada, primero nosotros no administramos dinero, quienes no tuvieron la voluntad para tomar la decisión de destituir la junta directiva de Monómeros son responsables también de esta situación”, aseveró García.
Por su parte, Elimar Diaz señaló para Primero Justicia es importante hacer valer el principio de transparencia en el manejo de la administración pública y de los activos.
“Este informe que hoy se presenta ante la Delegada, tiene algunos detalles que queremos resaltar, Como por ejemplo que dicho informe no puede estar por encima de la Comisión Especial de Control e Investigación, que presentó un informe sobre los mismos vicios que se trataron en la Comisión de Contraloría, además que la Comisión Especial hizo unas recomendaciones que no se han acatado hasta la fecha, a pesar del acuerdo aprobado el pasado 14 de junio por la Delegada”, argument{o.
Procurador pide presupuesto a la AN
Por otra parte, durante la sesión extraordinaria de este jueves, el procurador especial del gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, rindió cuentas sobre la defensa y protección de activos en el exterior.
De esta manera, el funcionario reiteró que se han celebrado 201 procesos judiciales y arbitrales en la defensa de los activos de la nación, los cueles corresponden a litigios por 40 mil millones de dólares que están en los tribunales de países que reconocen al gobierno encargado de Juan Guaidó. Sánchez Falcón dijo a la AN que se han contabilizado 62 arbitrajes identificados que suman 15 mil millones de dólares y los 139 juicios, por un monto de 24 mil millones de dólares.
En julio pasado, el Procurador Especial dio una rueda de prensa en la que presentó un balance de su gestión y señaló directamente a Primero Justicia (PJ) de obstaculizar la aprobación de recursos para la defensa de los activos de la república.
Este jueves, el abogado solicitó a la AN que se apruebe el presupuesto para la defensa de los litigios: «Es una responsabilidad legal y histórica del gobierno Interino y de la Asamblea Nacional”.
Sostuvo que la Oficina de Procuraduría Especial ha solicitado y «casi rogado» presupuesto integral para atender los litigios y «ha sido sistemáticamente ignorada y eludida por la Comisión de Finanzas del Parlamento”.
Subrayó que es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión, «por dejar de pagar 20 o 30 millones de dólares, que en consecuencia arriesgan más de 40 mil millones de dólares”.
El Procurador dijo a los diputados de la AN que, dentro de los casos que ha manejado su oficina, figuran el juicio sobre las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra; Crystallex; Conoco; nulidad bonos 2020; casos Farc y ELN.
El pago a las firmas de los abogados ha sido de 28 millones de dólares y lo adeudado es de 18 millones de dólares. Precisó que la Asamblea Nacional autorizó acuerdos destinados a la República por la cantidad de 10 millones dólares; 7 millones de dólares para Pdvsa y 4 millones de dólares corresponde al Banco Central de Venezuela (BCV).
Instructivo Onapre
En la sesión de este jueves, la AN rechazó y repudió el instructivo Oficina Nacional de Presupuesto Onapre y exigió su derogación.
En ese sentido, la diputada Deyalitza Aray denunció que el gobierno de Nicolás Maduro contravino las convenciones colectivas en áreas como bonos para uniformes, días festivos, de los empleados del Estado. Además, modificó el criterio de las inter escalas salariales, en un supuesto ajuste de sistema de remuneración pública.
«En el caso de los docentes, empleados y obreros universitarios, la medida pulverizó el salario en una tendencia irreversible que nos acostumbró la ex presidente del CNE Tibisay Lucena», expresó Aray.
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