AN 2020 aprueba proyecto de ley orgánica para recuperar bienes de la corrupción
El proyecto de ley orgánica de extinción de dominio contempla la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos de corrupción o el tráfico de estupefacientes. Jorge Rodríguez aseveró que esta no es una «ley draconiana» sino que está basada en la ley modelo de extinción de dominio que elaboró Naciones Unidas
La Asamblea Nacional 2020 aprobó en primera discusión, en sesión especial este viernes 31 de marzo, el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, una norma que pretende recuperar bienes de personas naturales o jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, vinculadas con delitos cometidos contra el patrimonio público y el tráfico ilícito de sustancias.
El diputado oficialista Diosdado Cabello presentó el proyecto de ley. Destacó que esta norma se deriva de la pregunta de qué hacer con los bienes recuperados de actos de corrupción. «Estos debe ser recuperados y usados en favor de nuestro pueblo (…) Pudiera haber alguien que no le guste esta ley, porque le mete la mano en el bolsillo a los ladrones», señaló.
La norma deja en manos de los tribunales de control, luego de una solicitud del Ministerio Público, autorizar la trasferencia de bienes al Estado venezolano con o sin la presencia del acusado. En algunos casos, se contempla que exista una sentencia firme para poder disponer de ellos; además de garantizarse el derecho a la apelación, que deberá ser respondida en un lapso de cinco días.
#31Mar || Diputado Diosdado Cabello:
«A nosotros no nos interesa el color político del que sean, todo aquel que esté vinculado en temas de corrupción; que se prepare. No nos vamos a detener caiga quien caiga» pic.twitter.com/wtmumda60d
— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) March 31, 2023
Cabello leyó la exposición de motivos de esta norma compuesta por 46 artículos, donde se expresa, entre otras cosas, la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes.
«Me explico, si alguien cometió un delito hace cinco años, le sale esta ley. Si cometió un delito hace 10 años, le sale esta ley», aseguró el diputado, entre aplausos de su bancada.
Afirmó además que el Estado garantizará el derecho a la propiedad «siempre y cuando sea lícito».
A los tribunales también se les da la potestad de acordar medidas cautelares «de prohibición de enajenar y gravar, incautación, embargo o decomiso, cuando fuere necesario y urgente asegurar un bien» que se presuma puede entrar en extinción de dominio.
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También destacó que se van a crear juzgados especiales para este tema y lanzó un primer aviso: «quien asuma esa responsabilidad en estos tribunales, si se determina que está negociando con los implicados, se le aplicará la misma ley que a estos implicados. Lo estoy diciendo hoy (…) Nos encontramos con jueces especialistas en un área que terminan devolviendo a narcotraficantes sus bienes. Entonces advertimos con tiempo».
Otra cuestión que resaltó Cabello es la «colaboración o retribución» que se otorgará a cualquier persona, por medio de un porcentaje de los bienes enajenados, que provea de información sobre delitos asociados a la corrupción o que permita la recuperación de bienes o propiedades.
Además, se prevé que el dinero de los bienes enajenados por el Estado se disponga preferencialmente para el sistema de protección social y el adecuado funcionamiento de servicios públicos, financiamiento de programas de atención y reparación de víctimas de actividades ilícitas, así como el financiamiento a organismos dedicados a combatir la corrupción y delitos asociados.
El diputado Cabello, al inicio de su discurso, confirmó la detención de «parte de la directiva» de la Corporación Venezolana de Guayana, y destacó que ya fueron puestos a la orden de tribunales «garantizándose todos sus derechos humanos (…) Lo dijimos desde un principio: el que no quiera aparecer, que no se meta en estos actos».
Nuevamente, el primer vicepresidente del PSUV lanzó advertencias contra la oposición. «Algunos sectores de la oposición hacen fiesta, pero esa fiesta se va a acabar cuando aparezcan sus corruptos. Después dirán ‘con mis corruptos no te metas’, pero no nos importa. Estén donde estén, caiga quien caiga, no nos vamos a detener».
Pero los parlamentarios de su bancada tampoco escaparon de esto. «Les pido encarecidamernte a los señores diputados y diputadas del bloque de la Patria: No se metan en vaina que no va a haber perdón para eso. No va a haber segunda oportunidad».
El diputado Luis Eduardo Martínez (Acción Democrática – Aragua), a nombre de la bancada de la Alianza Democrática, prometió el apoyo a esta nueva ley. «Exigimos la mayor celeridad y las mayores penas, en el marco de la constitución vigente, contra aquellas personas incursas en estos actos (de corrupción)».
Martínez también solicitó al gobierno nacional multiplicar el control ciudadano y sembrar «valores» en comunidades, escuelas y universidades.
«Que se vayan midiendo las bragas»
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, aseguró que la purga anticorrupción que adelanta el Ejecutivo «va hasta lo más profundo» de estas mafias sin importar la afiliación política del funcionario, a quienes calificó de «basuras».
«Que se vayan midiendo las bragas anaranjadas, que tenemos de varias tallas», amenazó Rodríguez, quien además expresó que el objetivo de esta ley es evitar que «la gente sienta que los corruptos se salieron con la suya».
Jorge Rodríguez dijo que «no hay nada más capitalista» que el concepto de corrupción. «Dame este barco aquí, estas briquetas allá, que yo me las llevo y te guardo la plata. Yo conozco el caso de un exalcalde de oposición, un traidor (…) Es Ismael García. La plata se la tenía un compadre. Un compadre le tenía la plata que se robó de una alcaldía del estado Aragua (…) Con esta ley, toda esa plata que se robó Ismael García o su compadre sería recuperada».
«Primero es la plata, reunir plata y después la traición, sino pregúntenle a Rafael Ramírez», completó el presidente de la AN 2020.
Sin mencionarlo, Rodríguez se refirió al diputado Hugbel Roa, cuya inmunidad parlamentaria le fue levantada la semana pasada tras ser vinculado a la trama Pdvsa Cripto. «Ya sabía que íbamos tras él o se lo sospechaba, en el mejor caso. La mayor traición fue contra el pueblo, que debe ser resarcido y reparado. Quizá no sea totalmente reparado, pero hay que quitarles todo, todo lo que se pueda en base a lo que dice la ley».
Durante su discurso también aludió, sin nombrarla, a la exalcaldesa Keyrineht Fernández, detenida en enero de 2022 por tráfico de drogas y que fue diputada electa por el PSUV para el periodo 2015 – 2020. «¿Nadie se dio cuenta de eso? Nadie la denunció».
Rodríguez aseveró que esta no es una «ley draconiana» sino que está basada en la ley modelo de extinción de dominio que elaboró Naciones Unidas. Además citó los casos de Argentina, Colombia, Perú o El Salvador, que también cuentan con este tipo de normativa. Además solicitó que se incorpore la protección de los testigos, que no está contemplada en el borrador de esta norma.
