AN de Guaidó: Nuevo informe de Misión de la ONU debe impulsar investigación en la CPI
La AN de Guaidó respaldó el segundo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre los crímenes de lesa humanidad en el país. El comisionado Miguel Pizarrro dijo que el informe es elocuente en cuanto a la negación de la verdad y de la reparación de las víctimas por parte de las instancias del sistema judicial
La Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó debatió sobre el segundo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante la sesión, los parlamentarios señalaron que se develó, una vez más, que el gobierno de Nicolás Maduro comete, de forma sistemática, crímenes de lesa humanidad y que en esta política, los operadores de justicia fungen como cómplices.
De allí que en el debate de la Comisión Delegada, de este martes 21 de septiembre, la AN acordó remitir el informe de la ONU ante la Corte Penal Internacional (CPI). Según los parlamentarios, los cerca de 200 casos registrados, entre los que se evidencian hechos de tortura al estilo nazi, son un aval para la investigación que creen debe abrir la CPI en el caso Venezuela I.
El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, enfatizó que el informe de la Misión de Hechos, del 16 de septiembre, es elocuente en cuanto a la negación de la verdad y de la reparación de las víctimas por parte de las instancias del sistema judicial del país. Para Pizarro, es claro que no existe disposición alguna para cambiar las prácticas de violación de los derechos humanos.
Además, Pizarro, en el debate de la AN de Guaidó, resaltó que «en este informe de la Misión, diferente del informe del año pasado, el foco está en el sistema judicial venezolano y esto sobre todas las cosas permite demostrar que en Venezuela no hay ninguna posibilidad de justicia».
Recordó que el informe evidencia las denuncias que se han hecho sobre desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, tratos crueles inhumanos, presentación de pruebas falsificadas y manipuladas, así como coacción para obtener declaraciones de los detenidos.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz, enfatizó que corresponde a la Corte Penal Internacional «proceder de inmediato y ordenar abrir una investigación por el caso Venezuela I”. Aseguró que los crímenes de lesa humanidad que ocurren en el país son ordenados por la máxima autoridad que usurpa el poder.
Asimismo, dijo que el informe de la Misión de Determinación de Hechos fue remitido la Unión Interparlamentaria (UIP) con el objetivo de dejar registro de la información precisa y actualizada sobre crímenes de lesa humanidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
En su intervención en la AN de Guaidó, Solórzano también dijo que la responsabilidad de estos hechos también recae sobre los jueces y fiscales del Ministerio Público. En este sentido, acusó al fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, «de ocultar y manipular pruebas para favorecer a la dictadura criminal».
Sin embargo, el 16 de septiembre, el fiscal Saab calificó el informe de la ONU de planfetario.
A juicio de Saab, la Misión de Determinación de Hechos atacó el sistema judicial y ofendió a jueces y fiscales “que arriesgamos día a día la integridad física y exponemos de forma clara como deben hacerse las cosas en combate al narcotráfico. Es lamentable esta misión ad hoc, pagada por el Grupo de Lima ya disuelto pero que sigue ofendiendo. Siempre que el país avanza hacia el diálogo y la resolución de diferencias a través del voto aparecen estos grupos para intentar mancillar a nuestros funcionarios”.
Desde la AN piden medidas humanitarias
A instancias del diputado Franco Casella,vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la AN, familiares de presos políticos abogaron por el otorgamiento de medidas humanitarias. Para Casella, urge una amnistía general. El diputado exhortó al gobierno de Maduro a respetar el derecho a la vida, la integridad y la salud de todos los presos políticos y medidas humanitarias “extraordinarias».
Loredana Hernández, hija del general Héctor Hernández Da Costa (GN), señaló que el militar se encuentra grave, con pérdida de la visión, diabetes y arritmia cardíaca, entre otros padecimientos. La joven sostuvo que sobre el oficial hay medidas cautelares de la Organización de Estados Americanos (OEA) y medida de liberación inmediata por parte de la ONU que han sido ignoradas por el gobierno. Conminó llevar este caso, y del resto de los presos políticos, ante la Mesa de Negociación en México.
Molly de la Sotta, hermana del capitán de Navío Luis de la Sotta, señaló que el caso del oficial es el número 13 del informe de la Misión Independiente. Con posición crítica hacia la nueva ronda de negociaciones, la también abogada recordó que el militar fue detenido arbitrariamente y, pese a medidas internacionales que exigen su libertad, de La Sotta sigue confinado, no recibe luz del sol, además tiene restricción de llamadas telefónicas, visitas de familiares, abogados y de atención médica y religiosa.
Por su parte, Kenny Molina, esposa de Javier Tarazona (director de FundaRedes), dijo que el activista padece de arritmia cardíaca, hemorroides e hipertensión, lo cual se ha agravado tras su detención, en julio pasado, por denunciar la situación en el Alto Apure. Añadió que Rafael Tarazona ha perdido 10 kilos y Omar de Dios García, también de FundaRedes, sufre complicaciones derivadas de la diabetes.
Caso Hugo Carvajal
La AN de Guaidó también abordó la detención del mayor general Hugo Carvajal Barrios, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, en España. «Desde el año 2014, Hugo Carvajal, ha estado evadiendo la justica y si bien no es el único proceso que está hoy en cuanto a solicitud de extradición, es uno de los procesos más importantes junto con el de Alex Saab», señaló Carlos Paparoni.
El parlamentario indicó que quienes han protegido y ayudado a Maduro a mantenerse en el poder, deben ver la detención de Carvajal de forma aleccionadora y como una amenaza de lo que les puede pasar. «A menos que entiendan que la libertad de Venezuela es necesaria, que lo más seguro que tienen es que terminen presos por el resto de sus vidas», enfatizó.
Por su parte, el diputado Ismael García señaló que la AN, hace unos años, inició una investigación en torno a los grupos irregulares que operan en el país.
“Presentamos ante el Parlamento los documentos, las pruebas originales expedidas por dos tribunales de la justicia trasnacional como la Fiscalía del Distrito del sur de la Florida y del gran jurado de News York, que demuestran que el ‘Pollo’ Carvajal está involucrado, no solo, con los grupos del narcotráfico, sino que está sancionado como narcotraficante”, puntualizó.
